Al calor de la crisis económica, algunos debates se reavivan y asuntos que llevaban tiempo bajo escrutinio se someten a decisiones rápidas, a veces insuficientemente meditadas y no precisamente en el sentido esperable por la orientación de las discusiones previas.
En la España de la década pasada era recurrente el análisis sobre la imperfecta construcción institucional y los problemas en la distribución de poder territorial que comportaba la relativa fragilidad de las administraciones locales. Al menos hasta el arranque de esta etapa convulsa, existía un cierto consenso político sobre la necesidad de mejorar la definición de las competencias municipales, ampliando su ámbito de actuación y reconociendo a los ayuntamientos potestades para actuar en materias –las llamadas competencias impropias- en las que llevaban tiempo desarrollando iniciativas. Y, a la par, se valoraba la posibilidad de mejorar sus formas de financiación, principalmente permitiendo una mayor autonomía fiscal y asegurando su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
Poco o nada de esto, sin embargo, parece que se vaya a concretar en el futuro cercano. Al contrario, una de las primeras consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos, no digamos ya de las asociaciones formadas por éstos y de las mancomunidades. De hecho, es previsible que si se introducen ahora modificaciones normativas éstas no vayan dirigidas a ampliar el haz de competencias municipales sino a reducirlo respecto a las ejercidas en la práctica actual; y no a darle facilidades para una gestión y organización más autónoma sino a constreñir los límites en los que debe desarrollar su actividad institucional. Al mismo tiempo, la propia autonomía local, principio inspirador del modelo municipal español en época democrática, se encuentra más que nunca bajo cuestión, porque la estrecha supervisión económico-financiera y las obligaciones adicionales que se les están imponiendo recortan sobremanera sus propias facultades de decisión. Algunas medidas de indudable relevancia, como el plan de pago a proveedores conlleva que las 4.623 entidades locales que han pedido acogerse a este programa, mayoritariamente ayuntamientos, asumen el sometimiento a rígidos planes de ajuste y en el futuro inmediato –pasados los dos años de carencia previstos- deberán afrontar la devolución de las cantidades prestadas, en diez años y a un interés de, prácticamente, el 6%; en conclusión, o a corto plazo se produce una mejora sensible e inesperada de los ingresos de los ayuntamientos, o muchos experimentarán en los años venideros dificultades insalvables para atender sus compromisos con las entidades financieras participantes en el plan.
Una de las primeras consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos.
Es cierto que entre los debates pendientes había cuestiones cuyo abordaje era, y sigue siendo, más que razonable, empezando por las formas de colaboración entre municipios y la racionalización del mapa municipal (más en otras Comunidades Autónomas que en Asturias); y que algunas prácticas propias de la vida pública local habían derivado en casos concretos hacia gestiones poco transparentes, populistas y carentes de toda visión estratégica. Ahora bien, sería un error mayúsculo admitir una crítica global e indiscriminada al funcionamiento de los ayuntamientos, desconociendo las enormes dificultades financieras y de gestión que han debido afrontar por la insuficiencia de medios ante las necesidades a cubrir. Y, sobre todo, resultaría contraproducente para el interés público erosionar el papel de los ayuntamientos, suprimiendo multitud de servicios sociales y culturales, iniciativas de promoción económica, actividades de fomento del empleo o proyectos que hacen más habitable el espacio común y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Concluir que, en lugar de facilitar a los ayuntamientos un marco legal y financiero estable y apropiado para que puedan cumplir mejor sus cometidos, lo que procede es disminuir sus funciones al mínimo y desproveerlos de capacidad real de intervención, significaría un retroceso de 30 años en política municipal y, sobre todo, una victoria más de quien quiere reducir lo público a la categoría de anecdótico.