Desde su puesta en marcha en el año 2004, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se ha convertido en el organismo de referencia en materia preventiva.
A la labor técnica y de asesoramiento desarrollada en todos estos años se une su trabajo coordinando, gestionando e integrando las políticas de prevención, creando un marco de encuentro de los diferentes agentes sociales implicados y yendo un paso más allá en la creación de una cultura de la prevención.
-¿Cuáles son las principales causas de siniestralidad laboral en Asturias?
-Existen tres grupos de causas fundamentales señaladas en las investigaciones de accidentes de trabajo realizadas por este Organismo: las relacionadas con la organización del trabajo, con el comportamiento individual de los trabajadores y con las condiciones del entorno de trabajo. Hay una cuarta causa que, sin tener una prevalencia tan alta como las anteriores, sí destaca por su frecuencia: la ineficaz gestión de la prevención de los riesgos laborales. Las causas relacionadas con la seguridad intrínseca, máquinas, materiales y agentes contaminantes y otros equipos de trabajo tienen una prevalencia por debajo de la media.
-La entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales dio un gran impulso a la seguridad y salud laboral, reduciendo en Asturias las cifras de siniestralidad durante el período 1996-2000. Sin embargo, a partir de 2005 éstas volvieron a incrementarse ¿Es preciso una revisión de la normativa preventiva?
-El problema es mucho más complejo.
Por un lado, tenemos una incorrecta trasposición a nuestra normativa interna de la Directiva Europea 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, la cual establece un modelo de organización preventiva en el que se impone al empresario una obligación principal que consiste en designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales y tan sólo cuando los recursos en la empresa sean insuficientes deberá recurrir el empresario a recursos ajenas a ésta. Por el contrario, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que traspuso al Derecho español la citada Directiva, y, en su desarrollo, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, hacen de esa opción subsidiaria una opción principal más. ¿La consecuencia? Una masiva externalización de la gestión preventiva realizada por las empresas la cual, desde mi punto de vista, no sirve para garantizar la protección eficaz frente a los riesgos profesionales.
Por otro lado, en ese periodo existe en España una actividad económica ligada al sector de la construcción, en concreto la edificación. Este boom inmobiliario supuso la entrada en el sector de colectivos inmigrantes sin cualificación profesional, el surgimiento de microempresas constructoras sin estructura organizativa ni muchos menos preventiva, un abuso en los niveles de subcontratación… ¿La consecuencia? Altos índices de siniestralidad laboral y accidentes concretos que alarmaban por las circunstancias que en los mismos se producían.
Desde abril de 2008 estamos observando una reducción paulatina y constante de los índices de siniestralidad laboral en Asturias, que ya es una tendencia, y espero que la mejora de nuestra situación económica no suponga automáticamente un aumento de estos índices. Quiero creer que el esfuerzo conjunto de Administración estatal y autonómica, y agentes sociales en la lucha contra esta lacra nos hará conseguir el objetivo que todos deseamos, una Asturias más segura y saludable.
“A través del Programa PREVENCION10 procuramos un asesoramiento público al empresario y les ayudamos a asumir sus obligaciones preventivas externalizando exclusivamente aquello que no pueden asumir, la vigilancia de la salud de sus trabajadores”
-Con la actual crisis económica ¿resulta difícil concienciar a las empresas de la necesidad de invertir en seguridad y salud laboral?
-Yo tengo clarísimo que nuestros agentes sociales apuestan por la prevención de riesgos laborales. Las cifras de ejecución de las convocatorias de subvenciones RENOVE y OHSAS nos indican una inversión empresarial importante, teniendo en cuenta siempre el contexto y las circunstancias en las que nos movemos en esta legislatura. Hay que seguir en esta línea.
Asimismo hay que tener en cuenta que el actual tejido empresarial asturiano está formado por algo más de setenta mil empresas de las cuales el 95,6% son micropymes, porcentaje que alcanza el 99,9% considerando todas las pequeñas y medianas empresas (pymes), y a éstas a día de hoy les está costando muchísimo mantener su actividad. Por lo tanto, es cierto que respecto de este microempresario, se hace más difícil exigirle inversión en esta materia, pero también que cada vez más están interesados en asumir personalmente la actividad preventiva reduciendo así sus costes fijos derivados de la innecesaria externalización de la actividad preventiva. A través del Programa PREVENCION10 procuramos un asesoramiento público al empresario y les ayudamos a asumir sus obligaciones preventivas externalizando exclusivamente aquello que no pueden asumir, la vigilancia de la salud de sus trabajadores.
-¿Cuáles son las asignaturas pendientes en el ámbito de la prevención en Asturias?
-Me planteo tres escenarios. El primero es el de las microempresas, de 1 a 9 trabajadores, en las que el empresario puede perfectamente asumir la actividad preventiva como una actividad empresarial más, por supuesto con el apoyo de la Administración que ha de simplificar el modelo de gestión y adaptarlo a sus peculiaridades. Con el volumen al que nos enfrentamos será un reto apasionante.
Con respecto a las PYMES debemos hacer un esfuerzo para que estas continúen implantando sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, para que contraten trabajadores designados en esta materia y se constituyan servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial y entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
Por último, a la gran empresa yo le pediría que adecuen sus recursos humanos e instrumentales dedicados a la prevención de los riesgos laborales a sus necesidades y que actúen como motor de tracción con sus contratas y subcontratas, exigiéndoles cada vez más en esta materia.
-Según tengo entendido, los edificios se construyen sobre la base y por ahí hay que empezar a educar a los futuros trabajadores y empresarios del mañana. Si un niño es educado en determinados valores los integrará como propios y cuando sea adulto los aplicará de forma natural y sin esfuerzo porque los tiene tan interiorizados que ni se los plantea.
A mi me gusta hablar de la educación de ciudadanos y de la cultura del trabajo más que de la cultura preventiva. La cultura del trabajo es la del esfuerzo, la de la responsabilidad, la asunción de obligaciones y exigencia de derechos, el conocimiento de los riesgos que nos rodean y de las medidas a adoptar para evitarlos. Todo ello, evidentemente, ha de adaptarse a los diferentes niveles educativos y en ello trabajamos en coordinación con la Consejería de Educación desarrollando el Proyecto RESS (Red de Escuelas Seguras y Saludables).
-¿Hacia dónde debe dirigir este Instituto sus actuaciones en los próximos años?
-La Exposición de Motivos de la Ley del Principado de Asturias 4/2004 de 30 de noviembre del IAPRL configura a éste como el organismo que integra las políticas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en materia de seguridad y salud laboral y que garantiza la coordinación de las actuaciones en materia laboral, sanitaria e industrial para conseguir una más eficaz protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Esa Ley establece que el IAPRL tiene como finalidad gestionar las políticas en materia de seguridad, higiene, medioambiente y salud laboral del Principado de Asturias.
Los principios de eficacia en la actividad administrativa, celeridad y eficiencia en el servicio al ciudadano, hacen conveniente, según mi modesta opinión, que algunas de las competencias que se atribuyen a la Autoridad laboral y sanitaria del Principado de Asturias en materia de prevención de riesgos laborales sean ejercidas por el Organismo que dispone de los recursos técnicos, tanto instrumentales como humanos, más adecuados y competentes profesionalmente por su alta especialización en la materia, para obtener la mayor agilidad y seguridad jurídica en su ejercicio.
A favor de esta opción estaría el hecho de aunar en un solo órgano la coordinación de los recursos en la lucha contra la siniestralidad laboral, evitando duplicidades innecesarias con el consiguiente ahorro de costes a la Administración; en definitiva, integrar las políticas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en materia de seguridad y salud laboral y garantizar la coordinación de las actuaciones en esta materia para conseguir una más eficaz protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
Por otro lado, sería conveniente dotar al personal técnico en prevención de riesgos laborales del IAPRL de la consideración de “Agente de la Autoridad”. Evitaríamos así la falta de legitimidad para acceder a determinada documentación empresarial y salvar algunos obstáculos que empezamos a tener en la investigación de accidentes de trabajo y, sobre todo, de las enfermedades profesionales.