Desde una perspectiva progresista, suele decirse, y en esencia lo comparto, que el autogobierno se justifica ante todo por la mayor eficacia asociada al acercamiento de los centros de decisión al espacio en el que tienen lugar los efectos de las políticas públicas. De este modo, si no se pierde la perspectiva general y se actúa de forma coordinada con estructuras institucionales de ámbito territorial más amplio, puede trasladarse mejor a los criterios de distribución del poder el lema elemental «piensa globalmente, actúa localmente». Se añade a este argumento utilitarista el hecho de que la cercanía entre representantes y representados favorece un control más intenso que ofrece como resultado la profundización en la calidad y eficacia del sistema democrático; afirmación que creo igualmente cierta, aunque no conviene esconder, para permanecer alerta, que, a veces, si es demasiado estrecha la relación entre actores locales (responsables públicos, intereses económicos o sociales, etc.), o si el demos se compartimenta y delimita en exceso, pueden acrecentarse los riesgos de ensimismamiento o de despliegue de sistemas de tergiversación o dominio sobre la opinión pública. Aún así, pese a las reservas que razonablemente se quieran manifestar, en la discusión teórica -y habitualmente en la plasmación práctica, y no sólo en España-, se demuestra la eficiencia y mejor gestión de soluciones que vienen de la mano del autogobierno, en comparación con las formas de gestión centralista. Pedro de Silva, presidente del Principado de Asturias que, en momentos decisivos para el inicio y consolidación de nuestra Comunidad Autónoma manejó una concepción consciente y marcadamente autonomista, aludía al reto de «demostrar que el autogobierno sirve para resolver los problemas reales de Asturias» (conferencia «Asturias, la construcción de una Autonomía» pronunciada el 1 de abril de 1986), y hoy, en buena medida, sin obviar los importantes problemas que se plantean, especialmente en tiempos de crisis, puede afirmarse que esa demostración se produce día a día.
Estarán en mejores condiciones para el progreso las comunidades cuyos ciudadanos sean capaces de reconocer en la interdependencia con el resto una necesidad, en la implicación con el bien común un compromiso personal, y en su noción de pertenencia un sentimiento positivo, constructivo e integrador.
El éxito del autogobierno, en resumen, se fundamenta principalmente, y así es preferible, en bases estrictamente racionales. Pero esto en modo alguno es contradictorio con la constatación de que el grado de interiorización del autogobierno, el apego a las instituciones propias, y sobre todo, la implicación individual en el proyecto compartido que significa «la construcción de una Autonomía» -proceso dinámico e inconcluso-, incide en el dinamismo social, político y económico que cada vez será más decisivo para mantener y acrecentar el desarrollo de la comunidad. En las formas de gobierno democráticas cada individuo puede en buena medida influir sobre los destinos de la colectividad, no sólo en la elección de sus gobernantes sino, de forma más cotidiana, al determinar su grado de compromiso con el conjunto social. En el caso de los sistemas territoriales descentralizados y abiertos, como el del Estado de las Autonomías, en el que se tiende a dejar en manos de cada comunidad la definición de buena parte de las políticas y de los objetivos que se pretenden alcanzar, resultará aún más relevante ese especial compromiso responsable con el progreso común. De esta manera, estarán mejor preparadas para afrontar la profundización en el autogobierno propia de la fase de desarrollo autonómico actual aquellas comunidades en las que el lazo que une al ciudadano con su comunidad se forme con la convicción de un destino en buena parte común (difícilmente a uno le irá bien si el entorno cercano flaquea), con el aprecio por la tierra que se comparte y por la colectividad en que se inserta, y con una identidad formada de pertenencias diversas y en ningún caso excluyente. En este contexto, estarán en mejores condiciones para el progreso las comunidades cuyos ciudadanos, desplegando el pleno sentido del ejercicio de la ciudadanía activa, sean capaces de reconocer en la interdependencia con el resto una necesidad, en la implicación con el bien común un compromiso personal, y en su noción de pertenencia un sentimiento positivo, constructivo e integrador.
La evolución del sistema autonómico en España, tras las últimas y desiguales reformas de los estatutos de autonomía acometidas por algunas comunidades, deparará una mayor dependencia de las propias posibilidades y capacidades de cada territorio a la ahora de afrontar el futuro. En este sentido, en una Asturias que, al decir de Ortega y Gasset «se siente región, pero no se sabe región» (Discurso de Oviedo, pronunciado en 1932), afirmación que quizá siga más vigente de lo deseable, el crecimiento de nuestro capital social y la formación de una masa crítica autonomista de suficiente entidad serán imprescindibles para una Comunidad que deberá afrontar, con mayor grado de responsabilidad sobre sus propias decisiones, escenarios más difíciles e inciertos. §