La crisis económica, el incremento del gasto público, el coste de los estímulos a la actividad, y el recorte de ingresos de la hacienda pública han puesto encima de la mesa, de forma abrupta e inaplazable, el debate sobre política fiscal, abierto en canal en las últimas semanas en el ámbito estatal y con réplicas en las Comunidades Autónomas; también en Asturias, donde, además, el debate sobre la orientación del gasto ocupará muchos esfuerzos en la determinación de los próximos Presupuestos Generales del Principado.
Las circunstancias han hecho imprescindible abordar, a nivel estatal, algunas reformas tributarias que pretenden incrementar la recaudación, elevando ligeramente la presión fiscal y que, en el momento de redactar estas líneas, aún están por determinar en gran parte. Por lo pronto, a falta de la necesaria concreción que ponga fin a las conjeturas, se ha hablado de gravar más las rentas del capital y subir algunos impuestos indirectos; se ha recordado la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, además de otras consideraciones como analizar la tributación de las grandes fortunas, la utilización que éstas hacen de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) y otras formas dirigidas a pagar menos tributos, etc. Las urgencias del momento y la necesidad de contener la escalada del déficit público posiblemente impidan que el análisis que se efectúe cuente con el sosiego necesario para poder examinar, en perspectiva, el acierto o desacierto de las decisiones fiscales tomadas en los últimos años y la orientación que quiera adoptarse para el futuro
No obstante, una decisión fundamental, de carácter previo, sí se ha tomado, al situar el Gobierno estatal como prioridad el gasto para el mantenimiento de los servicios públicos y el pago de las prestaciones económicas que constituyen la red de sostenimiento para las capas más desfavorecidas ante las consecuencias más duras de la crisis. Esta opción, junto con la negativa a imponer sin acuerdo medidas de flexibilización del mercado laboral, marcan el carácter social de las políticas de respuesta a la crisis. De esta forma, pese a la virulencia de la recesión y las diferentes consecuencias que comporta, el hecho es que estamos atravesándola sin la aprobación, hasta el momento, de recortes de prestaciones y servicios, y sin deterioro –en la ley- de derechos sociales y laborales, lo cual, tomando como referencia las medidas restrictivas adoptadas en otros periodos de crisis, no tiene parangón y merece ser destacado. En el caso del Principado de Asturias, en la misma línea camina el Gobierno autonómico, por cuanto se ha continuado con el fortalecimiento de políticas inclusivas (desarrollo del sistema de dependencia, salario social, etc.) y no se barajan retrocesos en el acceso y alcance de los servicios públicos.
Pese a la virulencia de la recesión, el hecho es que estamos atravesándola sin la aprobación, hasta el momento, de recortes de prestaciones y servicios, y sin deterioro de derechos sociales y laborales, lo cual no tiene parangón y merece ser destacado.
La apuesta del Gobierno estatal cuenta con numerosos detractores, algunos de los cuáles plantean que, a la larga, puede resultar insostenible e incluso contraproducente esta decisión, porque algunas ineficiencias del mercado de trabajo, el elevado déficit y el incremento de la presión fiscal pueden retrasar la recuperación. Es una inquietud legítima y digna de ser sopesada; sin embargo el resultado de la orientación solidaria de la respuesta a la crisis tiene un aspecto indudablemente positivo, puesto que, pese a las importantes dificultades, no se ha resquebrajado la cohesión social ni se ha producido un incremento incontenible de la tensión laboral.
El carácter social de las respuestas a la crisis se pondrá nuevamente en juego a la hora de decidir qué tipo de reformas fiscales se emprenden. A lo largo de los últimos años, con la intención de corregir algunos desajustes e incentivar la actividad económica, se ha asistido a una tendencia generalizada, de la que han participado, cada una en su ámbito competencial, Estado y Comunidades Autónomas (en menor medida en el caso del Principado de Asturias, que ha sido más prudente en la regulación de ventajas fiscales), de reducción de determinados impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, por ejemplo) y de incremento de impuestos indirectos y otros tributos, como las tasas, que no consideran las circunstancias económicas previas del contribuyente. El resultado ha sido una objetiva disminución de la progresividad del sistema, que ha perdido carácter reequilibrador, dejando a las prestaciones y servicios prácticamente todo el peso en la redistribución de la riqueza.
Ahora, en una coyuntura en que se plantea, por necesidad, acometer reformas fiscales –aunque sólo en el ámbito estatal-, y en un periodo en que se pretenden corregir algunos errores del pasado, cabe subrayar el papel que la política fiscal juega a la hora de reflejar un orden de prioridades políticas, puesto que el sistema tributario incide fuertemente no sólo en lo que el Estado ingresa, sino también en cómo –de forma más o menos justa- se distribuye esa carga entre los ciudadanos.