En los últimos meses se han venido sumando voces especialmente críticas con algunas manifestaciones del desarrollo del Estado autonómico, e incluso con la propia concepción de éste.
En algunos sectores, principalmente conservadores, se ha instalado una dinámica de reproche y desconfianza hacia los poderes autonómicos, subrayando continuamente algunas contradicciones o concretas ineficiencias del sistema, elevándolas a categoría y ofreciendo una imagen global negativa del modelo. Se han puesto ejemplos de todo tipo, algunos con una base cierta y otros sesgadamente exagerados: desde las diferencias en los calendarios de vacunación a la eventual duplicidad de trámites administrativos; desde el coste general del aparato burocrático autonómico a los efectos frontera por diferencias legislativas entre territorios contiguos, etc. Algunos críticos discrepan desde la racionalidad y el análisis sosegado, con la pretensión de modular o corregir inevitables distorsiones derivadas del estadio actual del desarrollo autonómico; pero otros, que cuestionan de principio la actuación de las Comunidades Autónomas, no pueden esconder su deseo de invertir el proceso descentralizador, viendo alimentado tal planteamiento por posiciones ideológicas que aparentemente estaban superadas por la práctica del Estado autonómico desplegada en estas tres décadas desde su inicio.
Conviene apreciar, desde un primer momento, que la creación de las Comunidades Autónomas, la progresiva asunción de competencias por éstas en ámbitos importantísimos para la vida cotidiana de los ciudadanos (especialmente al asumir la gestión de servicios públicos básicos), el reconocimiento de potestad legislativa a las respectivas Asambleas autonómicas y la relevancia política de los Gobiernos de las Comunidades han transformado de manera profunda la realidad institucional española y la arquitectura del poder público. En términos generales, el resultado es netamente positivo: la proximidad del centro de toma de decisiones al lugar en el que se detectan los problemas o necesidades mejora en muchas ocasiones la eficacia de la actuación administrativa; la posibilidad de realizar un control democrático más estrecho y de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos es más intensa y asequible por la mayor proximidad entre representantes y representados; y, lo que es más importante, el desarrollo del Estado autonómico ha otorgado a muchos territorios, olvidados durante largos años una voz propia -y no estamos hablando precisamente del País Vasco o Cataluña- y capacidad para tomar decisiones por sí mismos, favoreciendo el autogobierno y, a la luz de los frutos, la autoestima colectiva. Cabe, por lo tanto, mirar con satisfacción el pasado reciente de España en lo que a la construcción del Estado autonómico se refiere, puesto que el modelo territorial fruto de la Constitución en vigor ha resultado, en conjunto, exitoso.
Quizá lo más difícil sea subrayar la necesidad de que los diferentes interlocutores sepan engarzar la defensa de los intereses territoriales con la debida lealtad institucional, el espíritu de colaboración, la confianza mutua y la corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones.
No es recomendable rehuir, sin embargo, la constatación de que el proceso autonómico ha acarreado una complejidad adicional, directamente proporcional al volumen de transferencia de competencias y recursos del Estado a las Comunidades Autónomas. Por eso, en el momento actual, lo que hace falta es precisamente potenciar los mecanismos de colaboración multilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas (conferencias sectoriales, reforma del Senado para convertirlo en verdadera Cámara de representación territorial, conferencia de Presidentes, etc.); y, quizá lo más difícil -porque exige una cultura política cooperativa- subrayar la necesidad de que los diferentes interlocutores sepan engarzar la defensa de los intereses territoriales con la debida lealtad institucional, el espíritu de colaboración, la confianza mutua y la corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones.
En este escenario, el Principado de Asturias puede ofrecer su trayectoria como Comunidad Autónoma comprometida con el espíritu cooperativo necesario para esta nueva fase de evolución del modelo territorial. Nuestra Comunidad Autónoma, de hecho, mantiene un apreciable bagaje de colaboración intercomunitaria, tanto en el ámbito general como, en particular, con las Comunidades limítrofes, partiendo de una vocación constructiva y de la pretensión de mejorar las fórmulas propias de lo que, desde el punto de vista teórico, al analizar el funcionamiento de los Estados compuestos fuertemente descentralizados pero sólidamente cohesionados, se ha venido acertadamente a llamar federalismo cooperativo. §