Puede que no guste mucho que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema nos ponga ante el espejo de nuestra propia realidad, o, al menos, de la parte más amarga de ésta. En efecto, Philip Alston, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York y copresidente de su Centro de Derechos Humanos y Justicia Global, mandatado por las Naciones Unidas como Relator Especial en la materia desde 2014, se ha expresado sin ambages con motivo de su visita a España en enero y febrero de 2020, para referirse a dos Españas que no son aquellas de las que estamos acostumbrados a oír hablar (y que nos han de helar el corazón, al decir de Machado), sino de la España diversa y atrayente que se ofrece al visitante turístico y la otra España, la de la pobreza silenciada, arraigada y lacerante, que ha conocido en su visita de campo.
Las conclusiones de la visita del Relator, que se verán plasmadas en su informe definitivo en los próximos meses, muestran a las claras, entre otras, dos impresiones incómodas. La primera, que los niveles de desigualdad y precariedad social que estrangulan a la sociedad española son muy significativos, directamente ofensivos se diría, pese a nuestra condición de país desarrollado. El 26,1% de la población en España (29,5% de los niños y 42,9% de las familias monoparentales) se encontraban en riesgo de pobreza (ingresos inferiores al 60% de la mediana de renta el país) o en exclusión social en 2019, un 5,4% en privación material severa. Se estiman en unas 33.000 personas las que carecen completamente de hogar en nuestro país. La pobreza energética (no poder permitirse mantener la vivienda en una temperatura adecuada) alcanza al 14% de la población. Precisamente en torno a la visita y a las reuniones mantenidas con el Relator, distintas organizaciones pusieron de manifiesto la gravedad de algunos de estos problemas. Así, Amnistía Internacional señaló que, entre 2013 y septiembre de 2019, se produjeron 426.593 desalojos (que se dice pronto), una parte relevante de ellos asociados a las dificultades de acceso a la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler (cuyo precio se ha incrementado en un 50% desde 2013). El gasto personal para pagarse un techo ha aumentado un 25,9% en los últimos trece años, mientras los salarios perdieron en la última década un 7,8% de poder adquisitivo.
Las conclusiones preliminares de la visita han tenido un efecto necesario y, sin duda, buscado, avivando un debate pendiente en nuestra sociedad sobre el grado de desigualdad y de grietas en la cohesión social básica que estamos dispuestos a admitir
La segunda gran conclusión que esboza el Relator es que nos hemos acostumbrado a esta realidad, que vemos como parte del paisaje y, por lo tanto, asumimos moral y políticamente. Por un lado, por el carácter endémico que se aprecia en muchos de los graves problemas sociales, habiendo aceptado que las consecuencias de la crisis económica en este terreno llegaron para, en muchos casos, quedarse (a pesar de la recuperación productiva), sin que ello llame a escándalo ni capte la atención pública que la gravedad de la cuestión requeriría. Y, por otro lado, por la incapacidad reiterada –a la que al parecer, nos hemos acomodado- de adaptar nuestros sistemas de protección, que el Relator califica, sencillamente, como “rotos” y “burocráticos”, alertando sobre su ineficacia (aun salvando de su crítica a los servicios sanitarios públicos y las pensiones); y destacando su gran limitación, que, por ejemplo, se pone de manifiesto en la existencia de un parque de vivienda social de sólo el 2,5% del total. El Relator, por otra parte, cuestiona abiertamente el discurso dominante que menoscaba la conciencia fiscal y la redistribución asociada, remarcando que es necesario un mayor esfuerzo y más ingresos públicos si se quiere destinar recursos adecuados para atajar los problemas sociales.
Las conclusiones preliminares de la visita han tenido un efecto necesario y, sin duda, buscado, avivando un debate pendiente en nuestra sociedad sobre el grado de desigualdad y de grietas en la cohesión social básica que estamos dispuestos a admitir. Algunas reacciones, sin embargo, prefieren criticar al mensajero o, en el peor de los casos, desacreditar el sistema de supervisión de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas o incluso referirse al origen del Relator (al estilo de la vieja crítica a las ideas “extranjerizantes”). Pero de nada sirve la táctica del avestruz o, peor aún, refugiarse en una nueva distorsión grotesca y tramposa del orgullo nacional para rechazar las críticas y dar la espalda a una realidad preocupante.
La desigualdad será asunto central en la agenda de los próximos años, en un contexto que favorece la concentración de la riqueza (con la introducción masiva de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el proceso productivo) y donde la minoría más privilegiada parece dispuesta a romper amarras con cualquier principio básico de equilibrio y cohesión social. Así que el informe del Relator bien servirá de aviso a navegantes, para darle la importancia que merece.