Más de 69.000 personas en Asturias viven pasando frío en su casa. Están bajo techo pero no encienden la calefacción porque no pueden pagarla. A ellos se suma un 9% de hogares que tienen serias dificultades para pagar el recibo de la luz. La pobreza energética es, después de los desahucios, el nuevo drama social.
En 2013, la eléctrica EDP-HC -mercado mayoritario en Asturias- cortó el suministro eléctrico a cincuenta mil familias en el Principado por impago, según datos de la Unión de Consumidores de Asturias. Una realidad que antes afectaba a personas en riesgo de exclusión y que ahora sufren miles de familias vulnerables. Una cifra más que pone de manifiesto los graves índices de pobreza energética que soportan los hogares.
A las alarmantes cifras del paro y la creciente precariedad laboral, las eléctricas cada vez se lo ponen más difícil a las familias para pagar una factura que desde enero de 2013 ha subido un 12,4% para el usuario medio, según un análisis de FACUA. Desde el inicio de la crisis, en 2007, el recibo medio de la luz ha pasado de 48,59€ a 76,01€ mensuales.
Hay hogares donde se destina más de un 10% de los ingresos totales al pago de estos recibos, familias que no pueden encender la calefacción ni una hora al día, y no disponen de agua caliente.
La subida acumulada en los últimos diez años alcanza el 72,3%, según datos de esta asociación de consumidores. Pero no sólo la factura de la luz hace temblar a las economías domésticas: muchas familias han optado por dar de baja el suministro de gas natural para ahorrarse el alquiler del contador y la cuota fija, y se han pasado a las bombonas de butano. Una opción que tampoco se ha librado de subidas, ya que en los últimos cinco años el precio de la bombona se ha incrementado más de un 60%.
Esta tendencia al alza dificulta mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura a un precio justo. Hay hogares donde se destina más de un 10% de los ingresos totales al pago de estos recibos, familias que no pueden encender la calefacción ni una hora al día, y no disponen de agua caliente sanitaria; en definitiva, viven en una vivienda mal climatizada e iluminada, donde el frío y la humedad repercuten negativamente en la salud física y mental de sus ocupantes. Los enfermos crónicos, ancianos y los niños son los más afectados.
Cuestión de salud
Un estudio de la OMS sobre el impacto del frío en el interior de las viviendas concluye que no existen riesgos para personas sedentarias y con buena salud en un rango de temperatura de entre 18 y 24º, y reconoce una mayor vulnerabilidad de grupos como las personas mayores, niños, enfermos o discapacitados, para los que se recomienda una temperatura no menor de 20º. Aunque el estudio tiene varios años (es de 1987) se sigue utilizando para establecer las tasas de pobreza energética (calefacción, iluminación, cocina, agua caliente sanitaria, etc). Un tipo de pobreza que se traduce también en muertes: la OMS estima que habitar una vivienda con temperatura por debajo del nivel recomendable está relacionado con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, una de las causas del aumento estacional de la mortalidad durante los meses de invierno. También es causa de afecciones gripales y resfriados, y empeora la situación de personas con artritis y reumatismo. En los más pequeños, vivir con una temperatura inadecuada influye negativamente a la hora de ganar peso y es el origen de síntomas asmáticos y problemas respiratorios; además, está demostrado que afecta al progreso escolar y al bienestar emocional de los niños.
La OMS estima que habitar una vivienda con temperatura por debajo del nivel recomendable está relacionado con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Por otra parte, destinar una cantidad elevada de los ingresos a pagar las facturas de energía afecta muchas veces a la dieta de las familias, que se ven obligadas a hacer números y reducir el presupuesto para su alimentación.
Parece evidente que una mala climatización de los hogares hace que sus inquilinos estén más expuestos a problemas de salud, pero ¿hasta qué punto? Aunque no existen estadísticas específicas, sí existen fuentes a nivel europeo que permiten extraer indicadores para analizar esta problemática. A principios de 2014, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) publicó un estudio en el que se estima que ésta podía ser la causa de 7.200 fallecimientos en invierno en España: una cifra más elevada que la de víctimas mortales en accidentes de tráfico (1.129 en 2013). Este aumento estacional de la mortalidad se calcula con la diferencia promedio entre la mortalidad registrada de noviembre a marzo y la registrada el resto del año. Por Comunidades Autónomas, paradójicamente las más afectadas son las regiones templadas -sur y levante- seguidas de algunas regiones de la cornisa cantábrica -Galicia, Cantabria y Asturias-. La razón puede ser la mala eficiencia energética de los hogares con inviernos suaves: edificios que pierden calor y por tanto necesitan más energía para mantener la temperatura, bombillas y electrodomésticos anticuados que consumen más… Todo ello genera un consumo eléctrico mayor, que hace que se acumulen deudas por este sobreesfuerzo, al que se suma el precio cada vez mayor de la energía. Un peligroso círculo vicioso.
De este modo se dibujan las tres causas principales de la pobreza energética: el aumento de los precios de la energía, la disminución del nivel de ingresos de las familias y una mala calidad de las edificaciones.
Cómo se encara el problema
A día de hoy, catorce países de la UE poseen normas para garantizar la electricidad a los ciudadanos durante los meses invernales, mientras que en España el Partido Popular rechazó a finales de 2013 una propuesta de la oposición para implantar medidas similares. Y no sólo eso: el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de pobreza energética aprobado por la Generalitat en diciembre de 2013, donde se prohibía cortar la luz y el gas desde noviembre hasta marzo a personas y familiares en situación de vulnerabilidad económica. Como el recurso ha sido aceptado a trámite por parte del Tribunal Constitucional, el decreto ha quedado suspendido. La Generalitat ha reaccionado presentando una queja formal ante la Comisión Europea para que obligue al Gobierno español a cumplir las directivas europeas.
En la UE, catorce países garantizan el suministro eléctrico en los meses de invierno. En 2013, el Partido Popular rechazó implantar en España medidas similares.
En Asturias, el Gobierno del Principado anunció en octubre del pasado año una línea específica de ayudas a 1.400 familias con menores a su cargo que atraviesen graves dificultades económicas. Las ayudas van destinadas a la compra de material escolar, abono de facturas energéticas del hogar y gastos de alimentación. En total, se destinan 1.4 millones de euros, de los cuales el Gobierno regional aporta 600.000 euros y el central 800.000. La gestión se realiza a través de convenios de colaboración con los ayuntamientos. Una medida insuficiente, si tenemos en cuenta el último informe de Cáritas que denuncia que seis de cada diez hogares asturianos sufren carencias básicas relacionadas con el empleo, la vivienda y la salud. La desigualdad en la región se ha incrementado en un 19,5% desde 2008.
Usando la lógica: otras propuestas
En este contexto, ¿cómo es posible que las principales empresas eléctricas españolas -Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa- sigan aumentando sus ganancias en un 2% y se embolsasen sólo en los tres primeros meses del pasado año, 1.803 millones de euros? ¿Por qué se permitió que prescribiera la deuda de 3.400 millones de euros de las compañías eléctricas en concepto de devolución?
Desde la asociación de consumidores FACUA se insta al Gobierno para que «intervenga de forma contundente en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales y los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas». También reclaman «una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir la puerta giratoria por la que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y altos cargos gubernamentales; y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías».
En 2013, la eléctrica EDP-HC cortó el suministro eléctrico a cincuenta mil familias en el Principado por impago, según datos de la Unión de Consumidores de Asturias.
Una de las quejas más habituales es la dificultad a la hora de entender la factura de la luz, que incluye conceptos casi indescifrables. Las cuentas no salen: el consumidor medio tiende a gastar menos pero paga más. Y es difícil encontrar quien explique la factura, los conceptos contratados y cómo ahorrar más. FACUA reclama al Gobierno para que ‘ponga fin al oscuro sistema tarifario que ha puesto en marcha y asuma la sentencia dictada el pasado 23 de octubre por el Tribunal de Justicia de la UE por la que se indica que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que por el momento no ocurre en España».
Diversos colectivos que trabajan en esta línea añaden otras propuestas como la reducción en el gravamen del IVA que actualmente es del 21% para la electricidad y el gas natural, lo que permitiría un ahorro para los ciudadanos en estos servicios básicos. La mayor parte de los países europeos ya lo está aplicando, como Italia (10%), Irlanda (13,5%) o Reino Unido (5%).
En la misma línea, instan al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas que aseguren el suministro eléctrico en los meses más fríos (entre noviembre y marzo), cuando el impago de facturas en el ámbito doméstico lleve a la suspensión del mismo, pudiendo hacerlo efectivo -mediante negociación- en los meses posteriores.
«No es caro acabar con la pobreza. Bastaría con que se destinasen 2.600 millones de euros, la mitad de lo que costaría el rescate de las autopistas de peaje» (Cáritas)
Como complemento y como medidas más a largo plazo se propone la adopción de medidas para sustituir progresivamente las energías contaminantes por renovables -solar, térmica, fotovoltaica- que permitan la autogeneración de recursos energéticos propios. Así como la puesta en marcha de programas de ayuda para la rehabilitación energética de las viviendas dando prioridad a los hogares de familias más expuestas a la pobreza energética.
Empleo, vivienda y salud son los tres pilares sobre los que se asienta la desigualdad en la región, once puntos por encima de la media nacional. ¿Es posible corregir este rumbo? Cáritas, en uno de sus informes, da un sí categórico: «No es caro acabar con la pobreza. Bastaría con que se destinasen 2.600 millones de euros, la mitad de lo que costaría el rescate de las autopistas de peaje».