De Asturias a Colombia: programa de protección contra la violencia

Javier Orozco dirige desde hace más de veintitrés años un programa asturiano de protección temporal a refugiados colombianos, un proyecto al que otras comunidades españolas miran como ejemplo a seguir. Dentro de poco tiempo, este colombiano tendrá que despedir a algunos de sus compatriotas que regresan a primera línea del conflicto.

No es fácil, pero es importante y en muchos casos más que necesario. Después de seis meses de estancia en Asturias recuperándose de las heridas personales, mujeres y hombres volverán a su tierra de origen para seguir luchando por una paz y unos derechos humanos que todavía parecen lejanos. Porque la situación del país colombiano, a pesar de tener su primer gobierno democrático, es de todo menos fácil.

Javier llegó a Asturias huyendo por la represión sufrida en su país en 2001. Entonces era dirigente del Comando Nacional Unitario colombiano, “que viene a ser aquí como una reunión de delegados de UGT y CCOO. Dirigíamos las huelgas generales, pero de los trece que éramos sobrevivimos muy pocos”. Ahora, el que también fue presidente del Sindicato de la Reforma Agraria en Colombia, establece con la organización Soldepaz Pachakuti un puente por los Derechos Humanos entre su país y Asturias, una tierra que ya siente en su corazón y a la que está inmensamente agradecido.

-¿En qué consiste el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia?
-Este es un programa decano en España de protección temporal ante la crisis del derecho de asilo en España y en Europa. Es evidente que Europa no quiere recibir refugiados y frente a esto decidimos hacer un proyecto piloto para acoger a gente de la dirigencia sindical colombiana amenazada de muerte de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). Este es el sindicato más perseguido del mundo y en ese momento pasaba de 1500 dirigentes asesinados. El programa, que se inició acompañado por Soldepaz Pachakuti, Amnistía Internacional, el Comité de Solidaridad con América Latina, el gobierno asturiano y el gobierno español a través del Ministerio de Exteriores, lleva acogidas 150 personas entre dirigencia campesina, indígena, de juventud y sindical. Son personas que están amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados muy graves por su labor en defensa de la paz, el medioambiente y los derechos humanos.

“Es evidente que Europa no quiere recibir refugiados y frente a esto decidimos hacer un proyecto piloto para acoger a gente de la dirigencia sindical colombiana amenazada de muerte”

-¿Cómo es la vida de estas personas que pasan seis meses en Asturias y después regresan?
-Una vez que están aquí, alojadas en dos pisos del Ayuntamiento de Gijón, se les consiguen los documentos que necesitan para una estancia de medio año y se inician una serie de actividades de relaciones directas entre estas personas, que representan a organizaciones sociales colombianas, y diferentes colectivos e instituciones. Este año estuvimos en varios ayuntamientos asturianos como Langreo, Avilés, Gijón, Mieres y Teverga, entre otros, situando y resituando el estado del conflicto armado interno colombiano, dando testimonio de la situación personal y familiar y haciendo diplomacia ciudadana por la paz y los derechos humanos. También tuvimos reuniones con organizaciones sociales en Asturias, en los medios de comunicación y haciendo actividades en los barrios.
Adicionalmente, además de las reuniones y entrevistas, se dedica tiempo a la recuperación física y emocional de estas personas a través de un equipo de dos psicólogos y un fisioterapeuta. Y, siguiendo la línea del autocuidado, reciben unas clases de yoga. Hay que pensar que estas personas son las que normalmente cuidan a los demás y necesitan recuperarse para poder regresar y seguir defendiendo los derechos humanos.

-El programa asturiano es un referente en la Red Protejer, la red que unifica los programas de protección que hay en España.
-Sí, precisamente el de Asturias abrió el camino para que hubiera otros programas de protección temporal, programas que están llamados a proteger a quienes defienden los derechos humanos, porque hay un arreciamiento mundial de ataques, asesinatos, apresamientos y desapariciones contra las personas que defienden el medioambiente y la paz. Y, desafortunadamente, Colombia encabeza esa situación.

-¿Por qué crees que Asturias tiene ese papel destacado?
-A veces para ver la casa propia hay que salir de ella e incluso del barrio, y en ocasiones, los asturianos no valoran que tienen una trayectoria muy bonita de resistencia, de construcción de democracia obrera, de poder popular y también una historia, que a nosotros nos conmueve, de fusilamientos, asesinatos y persecuciones tremendas. Podemos entender el alma asturiana en ese pasado de lucha contra dictaduras, de desplazamientos forzados de niños y de ejecuciones de personas por hacer oposición política, porque es justamente lo que estamos viviendo nosotros. Asturias es un referente por su pasado y tal vez por eso, puede entender que, en situaciones como la colombiana, la gente necesita tener un lugar donde guarecerse de las balas.

“Podemos entender el alma asturiana en ese pasado de lucha contra dictaduras, de desplazamientos forzados de los niños y de ejecuciones de personas por hacer oposición política, porque es justamente lo que estamos viviendo nosotros”

-Y eso que ahora se supone que Colombia vive en democracia.
-Se presenta como una democracia, pero es una democracia en la que todavía se fusila a gente, donde se desaparece con participación de la fuerza pública, donde se persigue y se desplaza a la gente de izquierdas a la que señalan sin fundamento alguno. Violan el principio de distinción y los señalan como miembros de la guerrilla porque son dirigentes sociales civiles. El problema es que ahora tenemos un gobierno progresista, el primero en doscientos años, pero muy poco respaldo parlamentario y las élites colombianas usan la violencia para acaparar tierras, poder político, militar y económico.

-¿Qué otros papeles ejerce Asturias en Colombia?
-Asturias es conocida en mi país porque cada año una delegación visita las regiones en conflicto; es una visita de Verificación de estado de los Derechos Humanos y la Paz en la que intervienen algunas instituciones y organizaciones sociales. Se han hecho veinte viajes ininterrumpidos con sus respectivos informes a la vuelta para mantener actualizada la información de lo que está ocurriendo allá. De manera que hay muchísimas regiones en las que no entra la mirada de Dios, pero entra una delegación internacional asturiana amistosa a acompañar, a registrar lo que está ocurriendo. Con lo cual, Asturias es una referencia potentísima en España, en Europa y en los territorios colombianos en relación con los derechos humanos, sobre todo por su programa de protección.

“Asturias abrió el camino para que hubiera otros programas en España de protección temporal, programas que están llamados a proteger a quienes defienden los derechos humanos”

-Las personas acogidas tienen que volver pasado medio año. ¿Cómo se afronta regresar al peligro?
-El regreso duele, mete miedo. Es una situación difícil de gestionar para quienes recibimos a estas personas, pero sobre todo para esas personas. Ahora mismo hay un grupo que va a regresar en noviembre y otro en diciembre. El regreso es un compromiso de estas personas con sus familias y con sus organizaciones de base, porque han asesinado a tantísima gente de la dirigencia social colombiana que hay organizaciones donde ya es muy difícil reemplazar los muertos. Por ejemplo, ¿quién es el valiente que reemplaza al dirigente del sindicato de los obreros de Nestlé?, donde mataron a Luciano y a otras 13 personas más en los últimos veinte años. O en el sindicato de la empresa Coca-Cola donde ya van una docena de sindicalistas asesinados, o de Chiquita Brands, la multinacional del banano que financió a grupos paramilitares que mataron a casi 900 personas, la mayoría sindicalistas de las plantaciones en la frontera con Panamá, y por lo que un tribunal de EEUU acaba de multar a la empresa. Se sabe que las empresas, con el argumento de la seguridad, financian a los escuadrones de la muerte. Sabemos perfectamente que a su regreso se van a encontrar con situaciones de peligro, pero somos necesarios y necesarias en las organizaciones de las que venimos, porque precisamente con el asesinato sistemático lo que quieren es descabezar el movimiento social y romper el tejido social.

-¿Qué ocurre cuando lo consiguen?
-Entonces se imponen los planes de los narcotraficantes, de los agroindustriales que quieren el territorio sin campesinos, de las empresas para las cuales los indios les resultan un obstáculo, como las petroleras y las mineras. Por eso volver es un imperativo ético para seguir defendiendo la vida y la naturaleza. A su vez, es un acto heroico, aunque nosotros no le damos ese nombre, pero lo es en el sentido de que se expone la propia seguridad personal y familiar, porque ahora amenazan también a las familias. El regreso es muy jodido, y sin embargo necesario familiar y organizativamente hablando.

“Sabemos perfectamente que a su regreso se van a encontrar con situaciones de peligro, pero somos necesarios y necesarias en las organizaciones de las que venimos, porque precisamente con el asesinato sistemático lo que quieren es descabezar el movimiento social y romper el tejido social”

-¿Cuántas personas están ahora mismo en el programa?
-Hay 6 personas, 5 mujeres y 1 hombre y todos tienen historias durísimas.
Dalia es mulata, hija de negros e indios y es una dirigente de La Guajira. Ha sido amenazada de muerte por defender el Acuerdo de Paz y por enfrentarse a las multinacionales que traen el carbón al puerto del Musel. ¡Qué paradoja de la vida que cuando se levanta a tomar su café y a mirar por la ventana del piso donde se encuentra, cerca de la Playa del Arbeyal, ve la negrura del carbón amontonado procedente de Colombia y que se va a quemar en las térmicas y en las siderúrgicas asturianas!

María Jenny es defensora de Derechos Humanos en el Departamento del Valle, un departamento muy industrial y ha sido amenazada por la disidencia de las FARC que ahora actúa como un grupo paramilitar. Y ella trabaja con las Juntas de acción comunal que vienen siendo como las juntas de vecinos de aquí.

Nelly es una dirigente campesina del sur del Tolima. Tenía un pedazo de tierra, pero la disidencia de las FARC pasó por allí reclutando niños y se llevó a varios de su aldea, y por su enfrentamiento con las estructuras armadas para impedir que no lo hiciesen ha sido declarada objetivo militar. Además, ella es una de las que conoce cómo el Estado mató a campesinos y los presentó como guerrilleros fallecidos en combate. Está afiliada al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Zulma es una mujer negra de una organización del puerto más grande de Colombia, que es Buenaventura. Está amenazada de muerte por bandas urbanas que tienen el control armado de los barrios y está declarada objetivo militar por oponerse al reclutamiento forzado de niños y niñas, a los que dan fusiles para asegurar las rutas del narcotráfico y practicar la delincuencia urbana. Mientras ella está aquí, tiene a sus hijos huyendo y escondidos.

Aide es una líder campesina cuyo sindicato fue exterminado literalmente, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta. Ella es superviviente de un genocidio tremendo contra un movimiento político y social que se llama la Unión Patriótica. Asesinaron a su madre por ser del partido comunista, años más tarde a un hermano por ser de la UP, después y estando ella embarazada, a su marido y luego decapitaron a otro hermano al que hicieron desaparecer. Con un valor tremendo se fue a la frontera con Ecuador a escarbar a una zona de combate hasta que encontró a su hermano y se llevó sus trozos hasta Bogotá. Después hicieron desaparecer a su sobrina, hija de uno de sus difuntos hermanos, y no se sabe dónde está. Es una de las más firmes impulsoras de la reforma agraria y es de las personas más arrojadas que está esperando la hora de volver para seguir luchando por la vida.

Y por último está Jainer, un joven dirigente comunitario en un barrio de Barranquilla, un puerto grande que está sobre el Atlántico. Es integrante del Comité Permanente de Derechos Humanos y ha sido declarado objetivo militar por unas bandas urbanas que pretenden mantener sometida a la población mediante el miedo.

“Hay muchísimas regiones de Colombia en las que no entra la mirada de Dios, pero entra una delegación internacional asturiana amistosa a acompañar, a registrar lo que está ocurriendo”

-¿Contarán con alguna medida de protección una vez allí?
-Algunas de las personas que están aquí tienen esquemas de protección, coche con blindaje, armamento autorizado por el Estado y escoltas, otros tienen un teléfono para comunicarse en el caso de un ataque, lo que se llama el botón del pánico, y otros son pajaritos que van de rama en rama huyendo del vendaval, no tienen ninguna protección ni la tendrán. Algunos tampoco la quieren, porque los esquemas de seguridad han sido utilizados a veces para hacerles un seguimiento y atentar contra ellos. La mayor parte de la gente que ha estado en el programa asturiano regresa y sigue en la lucha en su región, pero siempre cabe el recurso del desplazamiento interno dentro del país o buscar refugio en países cercanos. No hay hermano y familiar que más ayude que el que menos dinero tiene, y por eso nos reciben países como Venezuela, Ecuador, Chile y Méjico. En mucha menor medida está EEUU que es uno de los grandes responsables de que la guerra colombiana sea una guerra interminable, por su estrategia de guerra contra todo.

-¿Cómo está viviendo el conflicto la población campesina?
-El campesinado ha sido excluido y arrinconado a un rincón, igual que los indios fueron arrojados a lo profundo de la selva, y no pueden tener un pedacito de tierra cerca de una carretera porque se la quitan con violencia. Esta situación está generando una violencia enorme en Colombia. Yo fui funcionario del Estado veintiún años, estaba en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y conocí los secretos de los terratenientes, cómo tienen escrituras de propiedad falsas de enormes latifundios que defienden a sangre y fuego.

“El área de la Amazonía ha sido protegida por los indígenas, pero ahora con el cambio climático está en niveles muy críticos. La selva se incendia y en algunos lugares se puede cruzar el río caminando”

-Gustavo Petro es presidente desde el año 2022. ¿Qué retos tiene por delante su gobierno?
-Tiene varios y son gigantes, el primero y principal parar la guerra que es un tren que no para en seco. Para eso está intentando entablar diálogo con lo que queda de las guerrillas, pero no es fácil.
El segundo es que el Estado avance en los cumplimientos del Acuerdo, en él que se decía que se desmontaría el paramilitarismo y se establecería un mecanismo que establezca la verdad sobre las personas desaparecidas, las desplazadas y las asesinadas hasta la fecha. Otro gran reto es el de hacer reformas que vayan cerrando la brecha de inequidad tan violenta y de exclusión racista y clasista, pero el Congreso colombiano está controlado por las élites que sabotean y bloquean todas las reformas. Colombia tiene la misma población que España y casi 12 millones de votos de la izquierda, y la respuesta de la derecha ha sido asesinar y hacer desaparecer gente. El año pasado volvimos a ser el país más peligroso en todo el mundo para activistas sociales, de izquierda y para los ambientalistas.

-Tampoco debe ser fácil el activismo medioambiental en un país con tanto territorio en la Amazonía.
-Colombia en este momento es un abanderado en la protección de la Amazonía, que se está quemando literalmente con los incendios en Brasil, Ecuador, Venezuela… Toda esta área ha sido protegida por los indígenas, pero ahora con el cambio climático está en niveles muy críticos. La selva se incendia y en algunos lugares se puede cruzar el río caminando, el río más grande del mundo. Los bosques húmedos tropicales más grandes del mundo están en el Pacífico colombiano y en el sudeste asiático, la humanidad entera pierde si no los cuidamos. Nosotros estamos defendiendo la paz y la vida dentro de Colombia porque de esto también depende la paz y la vida del resto del planeta. Decimos no a las guerras y levantamos la bandera de la Agenda 2030.

“La multinacional del narcotráfico, junto con las mineras, energéticas, químicas y farmacéuticas tienen interés en que la guerra continúe. a ellos la guerra les limpia los territorios y les permite imponer tratados de libre comercio absolutamente desfavorables para Colombia”

-¿Qué colaboración internacional podría ayudar en el difícil camino hacia la paz en Colombia?
-Nosotros ya estamos pidiendo apoyo a la UE. A España pedimos que nos acompañe en el proceso de diálogo, porque España pasó de ser un país observador, a ser un país facilitador de los diálogos con el ELN y se lo agradecemos a la política exterior española. A Asturias que recupere la cooperación con Colombia, y que esta vuelva a ser país prioritario para que se financie a las organizaciones sociales de base porque esa es la malla social que impulsa las reformas; sin ese motor no hay cambios.
Y lo otro que pedimos es respecto a los Tratados de Libre Comercio, pedimos que haya un intercambio comercial entre iguales que permita que los campesinos tengan líneas de producción rentables para que no se dediquen a sembrar hoja de coca, marihuana o amapola. La multinacional del narcotráfico, junto con las mineras, energéticas, químicas y farmacéuticas tienen interés en que la guerra continúe. Porque a ellos la guerra les limpia los territorios y les permite imponer tratados de libre comercio absolutamente desfavorables para Colombia, como ocurre con casi todos los productos de economía campesina.

-¿Colombia fue objetivo prioritario para Asturias?
-Sí, pero dejó de serlo. El gobierno asturiano apoyó enormemente y fue uno de los pioneros en financiar el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en el Caribe y en el suroccidente, aportó dinero para emisoras de radio comunitarias permitiendo que empezase la guardia indígena. Esta guardia son personas desarmadas que en grupo cuidan un territorio y que intentan expulsar a gente armada que llega a perturbar la armonía de los pueblos indígenas. Cuidan el territorio, el medio ambiente y evitan que se lleven de manera forzosa a los jóvenes para reclutarlos. Es hoy por hoy uno de los mecanismos más poderosos y novedosos de protección del medio ambiente y la comunidad y eso se financiaba desde Asturias. También se ayudaba muchísimo al movimiento campesino en la protección de las semillas, en la siembra de agricultura libre de químicos, y se ayudaba a las mujeres que denunciaban ejecuciones extrajudiciales. Entre los años 2004 y 2010, época en la que estaba Rafael Palacios García en la dirección de Cooperación, hubo un vínculo enorme y un compromiso con Colombia. Luego eso se fue diluyendo y perdiendo, pero Colombia va a volver a ser país prioritario, lo que nos da mucha esperanza.

“En lugares como Bogotá es fácil ver a mujeres indígenas que han sido expulsadas de sus pueblos por la guerra y las multinacionales. (…) No saben ni pedir limosna en castellano y se quedan tiradas en la calle, con sus hijos pintados todavía con las pinturas tradicionales que usaban en la selva y asustadísimos por el ruido”

-En un país en guerra, los colectivos vulnerables son los que sufren más desigualdad y violencia. ¿Cómo viven las mujeres esta situación en Colombia?
-Las mujeres, los niños, el colectivo LGTBI, los pueblos indígenas y el campesinado son considerados como los sectores más vulnerables en medio del conflicto armado. En Colombia, la violencia contra las mujeres tiene niveles muy altos en el contexto social, hay una impunidad grandísima con eso, también en las ciudades, porque hay muchísimo machismo. Y en regiones de conflicto armado sufren muchísimo porque ven el reclutamiento de sus hijos, el asesinato de compañeros y quedan solas con niños a su cargo. Muchas mujeres están reemplazando a los hombres en la dirección del movimiento social porque los han exterminado. Se hacen cargo, no solo de las familias, sino también de dirigir procesos muy peligrosos de autogestión comunitaria. Muchas han sido desplazadas del campo a las ciudades y en lugares como Bogotá es fácil ver a mujeres indígenas que han sido expulsadas de sus pueblos por la guerra y las multinacionales, no hablan castellano y allí quedan a expensas de los que hacen trata de mujeres. No saben ni pedir limosna en castellano y se quedan tiradas en la calle, con sus hijos pintados todavía con las pinturas tradicionales que usaban en la selva y asustadísimos por el ruido.
Y no hay peor marginación que ser negra o india y pobre en una zona de combate, porque entonces tienes todas las papeletas para que te vaya muy mal a ti y a tus hijos.
También hay que decir que, hoy por hoy, son las mujeres las que buscan a las personas desaparecidas, son potentísimas, generosísimas, porque hacen redes de mujeres que buscan a sus seres queridos siguiendo la estela de las madres de la plaza de Mayo en Argentina.

-¿Hay algún movimiento por parte del Gobierno para mejorar la situación?
-Sí, Francia Márquez es la primera negra en llegar a ser una alta ejecutiva del Estado, la primera mujer en la historia republicana de Colombia, la primera en ser vicepresidenta y está intentando estimular programas de inclusión, de género, de defensa de las mujeres porque tiene esa sensibilidad y cuenta con un ministerio que se encarga de esto. También en ese terreno hay un trabajo social de las organizaciones de base para empoderar a las mujeres.

-¿Y el colectivo LGTBI?
-La suya es una situación muy oculta, porque en una sociedad que se ríe y se burla de la diversidad sexual está normalizado que se les ataque, se les asesine, se les persiga y se les señale en la calle con un escarnio público. Y esto tanto en zonas de combate como en zonas urbanas, porque es una unánime vulneración. A priori se les considera un sector de delincuencia, personas perturbadas que en la zona de combate acaban muertas y en las urbanas en la prostitución y en la marginalidad.
Y la otra minoría son los indígenas, todavía hay personas que para insultar a alguien dicen: negro o indio.
Otro movimiento muy perseguido es el sindical. En el imaginario colombiano se piensa que las empresas cierran por culpa de los sindicatos que desangran las empresas y la caza del sindicalismo está muy metida en la mentalidad empresarial y de la sociedad. Aunque eso está poco a poco cambiando por la campaña que hace el Gobierno que dice: hacer sindicalismo es legal y es legítimo.