“En un día de trabajo he atendido entre presenciales y telefónicos, 63 pacientes y he firmado cerca de 9 bajas. Esto no lo había vivido en mi vida. No se puede garantizar una calidad asistencial a la gente si seguimos así. Vamos directos al colapso”, me confesaba con gran preocupación un amigo médico que trabaja en Atención Primaria del Principado. “Y eso que aquí no tenemos una situación ni parecida a la que se está viviendo en otras comunidades como Madrid”, añadía.
El deterioro de las condiciones laborales y las deficiencias del sistema sanitario no es exclusivo de nuestro país, ya vemos cómo están las cosas en Reino Unido o Francia. Pero sí tienen una misma traducción, afectan a todos los ciudadanos que no podemos ser atendidos debidamente y vemos cómo se vulnera uno de nuestros derechos fundamentales, la salud. Pero pongamos la lupa en lo que nos queda más próximo.
La inversión en Atención Primaria es insuficiente en España, los datos lo demuestran. Mientras organizaciones internacionales recomiendan dedicar un 25% del presupuesto sanitario a este primer escalón asistencial, la realidad es que en 2020 ninguna comunidad dedicaba este presupuesto a esta partida, siendo la más alejada Madrid que dedicó tan solo un 10,7%.
Si bien la Consejería de Salud del Principado está subiendo progresivamente estas partidas -en 2023 va a destinar por habitante a Atención Primaria 347,8€-, y pasa a ser la segunda región que más esfuerzo presupuestario hace a nivel asistencial solo por detrás de Extremadura, pero la realidad es que sigue siendo insuficiente.
La Atención Primaria es la hermana pobre de la sanidad, es un hecho, cuando la realidad es que se trata de un servicio básico -defienden los profesionales- que además de trabajar en la prevención de la enfermedad, evita que las de tipo crónico vayan a más. En definitiva, es como una especie de muro de contención que evita que el 90% de los casos lleguen a urgencias. Algo que causaría un colapso absoluto.
He leído que la última reforma de la Atención Primaria asturiana se remonta a 2005, desde entonces -hace ya dieciocho años- han cambiado mucho las necesidades y los escenarios: la población -especialmente en el Principado- está muy envejecida y ha habido muchos adelantos a nivel de tecnología que son necesarios incorporar si se quiere ofrecer un servicio en condiciones.
Ayer, 31 de enero, el Servicio de Salud del Principado (SESPA) cerró un acuerdo con los principales sindicatos de la región para reorganizar el funcionamiento de los centros de salud, especialmente en los horarios de tarde, noche y fines de semana. ¿Es la solución que esperaban los profesionales sanitarios? No, pero es un primer paso que permite avanzar en esas reformas tan demandadas y, sobre todo, aleja la sombra de la huelga que se cernía sobre la sanidad asturiana. Queda pendiente una segunda negociación de peso en los próximos días: retribuciones y tablas salariales con la que el SESPA también pretende entrar en la carrera de atraer profesionales de otras comunidades a la región. Ser médico en Asturias tiene que resultar atractivo a todos los niveles.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones que vienen realizando nuestros médicos? Más inversión en el capítulo de personal; se estima necesaria la creación de siete mil nuevas plazas de esta especialidad. Faltan médicos, pero no es porque no los haya -cada vez hay más en las facultades-, sino porque emigran a la sanidad privada, a otras comunidades u otros países donde les ofrecen mejores condiciones y para eso, hacen falta implementar medidas que hagan atractivo trabajar aquí en Asturias. También es necesaria inversión en los centros de salud para adecuar sus infraestructuras, así como para mejorar sus equipamientos y tecnología.
“Me gusta mi trabajo, adoro lo que hago”, dicen muchos médicos y es que llegar hasta aquí es un largo camino. Para que un médico pueda ejercer su labor en España se requiere un mínimo de 11 o 12 años (6 de carrera, 1 año de MIR y 4 o 5 de especialidad), muchos años de preparación para que luego “uno acabe rellenando papeles o haciendo informes de baja”, por ello, entre sus reclamaciones también está la de contratar personal administrativo para que el médico se pueda dedicar al paciente y no a hacer trámites burocráticos.
Reconocen que hay voluntad por parte de la Administración de corregir errores, pero las soluciones las exigen ya. Los ánimos están caldeados y la situación la consideran insostenible.
En el Barómetro Sanitario realizado en noviembre del pasado año por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la puntuación que la ciudadanía daba al sistema sanitario fue la nota más baja de los últimos diez años (6.2 puntos sobre 10), lo que expresa el descontento de la población con un sistema sanitario que no ha sido reforzado y que no ha superado su actividad normal después de la pandemia.
La consulta telefónica predomina en un 67,5% de los casos y se incrementa el porcentaje de gente que acude directamente a urgencias. No podemos hablar de una sociedad avanzada si sus miembros no gozan de buena salud. Lo acabamos de experimentar muy recientemente.
Y, sobre todo, no será posible mejorar la situación de la Sanidad Pública si no se hace una importante inversión y reestructuración. ¡Manos a la obra!