Mientras Asturias asiste al progresivo cierre de pozos mineros, que culminará en 2018, grupos de empresarios apuestan por la apertura de nuevas explotaciones. Porque en 2018 no se acaba necesariamente la minería, sino sólo la ‘no rentable’. ¿Es posible continuar con la actividad sin recibir subvenciones?
El año 2018, para la minería asturiana, es una especie de Apocalipsis. O al menos así se percibe en la calle. Cerrarán los últimos pozos y se dará carpetazo a un sector que lleva décadas viviendo una reconversion, que al fin y al cabo ha resultado ser un desmantelamiento progresivo e inexorable. En Asturias en particular, en torno a la mina hay todo un entramado cultural y social, asociativo y administrativo que peligra también. Con el cierre de los pozos se pondría fin a todo un capítulo de nuestra historia socioeconómica, que se dice pronto. El fin de la minería del carbón tal como la entendíamos hasta ahora.
Durante las dos últimas décadas hemos asistido a una drástica reducción de puestos de trabajo en el sector. En Asturias quedan 2.000 mineros, de los más de 30.000 que había a principios de los años noventa.
¿Y cómo la entendíamos? Para empezar, en Asturias no es posible hablar de minería sin pensar en Hunosa, el gigante que ha gestionado durante décadas la extracción en la mayor parte de los pozos, y ha adquirido además un vínculo de responsabilidad con los territorios: una especie de deuda o de compromiso social, herencia del paternalismo que antaño caracterizó muchas de las explotaciones. Hunosa convive con algunas minas privadas mayormente en la zona del suroccidente asturiano, pero es indudable que su presencia ha marcado una forma de gestión y es difícil desvincular ambos conceptos.
Durante las dos últimas décadas hemos asistido a una drástica reducción de puestos de trabajo en el sector. En Asturias quedan 2.000 mineros, de los más de 30.000 que había a principios de los años noventa. Y se han sucedido diferentes interpretaciones sobre reactivación, reordenacion del sector, reestructuración de la actividad, modelos de desarrollo y estudios de sostenibilidad de las comarcas mineras. Nada ha sido determinante. El verdadero punto de inflexión de este proceso lo marcó la publicación de la Decisión Europea 787/2010 que aquí fue entendida por los sindicatos como la definitiva sentencia de muerte para el sector minero.
El documento establece una reducción progresiva de las subvenciones hasta eliminarlas completamente en 2018. Esto equivale a poner fecha de cierre a las minas que no sean rentables, es decir, prácticamente la mayoría de las que hay en el territorio español, incluyendo las que gestiona Hunosa. ¿Pero qué ocurrirá con las que logren demostrar su rentabilidad? Para esas se estableció que podrían continuar su actividad pero devolviendo las ayudas recibidas, lo que les volvería a poner la soga al cuello. En resumen, una bomba.
Con tecnologías más modernas, ajustando los costes y tamaño de la explotación, y primando la calidad del carbón, hay empresarios que defienden que es posible dedicarse a la minería y ganar dinero con ello, vendiendo al por menor o saliendo al mercado libre.
En los dos últimos años, han cerrado los pozos Candín, Sotón y Monsacro. Son la avanzadilla de la liquidación. Luego seguirán Carrio, María Luisa, Nicolasa y Santiago. Si dejamos de hablar de la pública y echamos un vistazo en la privada, la cosa tampoco pinta bien.
Para llegar a 2018 se trazó un plan. En 2013, sindicatos, patronal y gobierno firmaron un acuerdo para regular la situación de la minería en el periodo 2013-2018, en el que se pacta la presencia del carbón nacional en el llamado mix energético nacional, en un proporción del 7,5%, lo que aseguraría unos cupos razonables para la pervivencia del sector. Además se pactan las ayudas para la explotación del carbón subterráneo (30 € por tonelada en 2013, decreciendo 5 € por año). Pero ese cupo de carbón nacional para quemar en las térmicas no ha llegado a cumplirse, por lo que las empresas acumulan stocks. Los empresarios argumentan que si no venden no hay dinero para las nóminas. Muchas empresas privadas van encadenando expedientes de regulación de empleo y en conjunto la situación es de gran inestabilidad.
En semejante escenario aparecen grupos de empresarios privados que anuncian su intención de invertir en la apertura de nuevas minas, argumentando que su explotación sí es rentable.
La primera reacción es de sorpresa, por supuesto. Porque desde hace años se reciben pocas buenas noticias relacionadas con este sector. La mención a la minería suele ubicarse en un contexto de clausura de pozos, pérdida de empleo, desestructuración de territorios, punto y final. No en la dirección contraria: apertura, crecimiento, creación de puestos de trabajo, rentabilidad.
La calidad del mineral es una de las claves. El carbón coquizable, más caro que el térmico que produce Hunosa, favorece la rentabilidad de las explotaciones.
En el suroccidente asturiano, concretamente en el área de Cangas del Narcea, han surgido en los últimos años varios proyectos que pretenden aprovechar las reservas de mineral que existen en la zona, conscientes de que la época dorada de las subvenciones llega a su fin. Con tecnologías más modernas, ajustando los costes y tamaño de la explotación, y primando la calidad del carbón, varios empresarios defienden que es posible dedicarse a la minería y ganar dinero con ello, vendiendo al por menor o saliendo al mercado libre.
Otro ejemplo es la inminente apertura de Mina Julita, en Lena, después de un tortuoso camino de trámites administrativos que ha durado cinco años. Aproximadamente cincuenta puestos de trabajo esperan por ello. Un poco más lejos en el tiempo estaría el proyecto que quiere tomar forma en Riosa, donde una UTE creada por cinco empresas se plantea la posibilidad de explotar yacimientos de montaña para la extracción de carbón coquizable. La prensa adelanta, de forma un tanto aventurada, que se podrían crear hasta 200 puestos de trabajo. Las sociedad asturiana no sale de su asombro: entonces ¿son o no son rentables las minas? O más bien ¿por qué unas sí y otras no? Evidentemente la respuesta se ramifica.
Hacia un nuevo modelo de explotación
Por una parte hay argumentos organizativos: la estructura interna de las empresas marca una diferencia importante. Hunosa tiene un volumen muy importante de cargos directivos, mientras que una empresa privada tiene proporcionalmente una estructura menor, y concentra sus recursos en la plantilla: «No se puede tener más gente en la oficina que sacando carbón», señala el ingeniero Aitor González de la Riva, jefe del proyecto de Mina Julita.
Otro argumento es técnico: Una mina de montaña tiene menos gastos estructurales que un pozo. La ventilación es natural y por tanto más sencilla, lo mismo que el bombeo de agua, que cae por su propio peso. La inversión es menor y los costes más reducidos.
El producto también marca una diferencia. El carbón térmico -el que extrae Hunosa- tiene un precio que oscila entre 35/40 euros por tonelada, mientras que el llamado coquizable, es decir, utilizado para la producción de coque, de uso metalúrgico, se sitúa entre los 120/140 euros por tonelada. El coquizable no necesita varios lavados, lo que abarata su producción, y tiene mejores posibilidades de venta. «Hay salida en Asturias, pero fundamentalmente se dedicaría a exportación. Estaríamos en el mercado libre, puro y duro. Competiríamos con Europa y con el resto del mundo, pero no a base de contratos tercermundistas, sino con las leyes de aquí, con calidad y con buen producto», explica un portavoz de la UTE creada en Riosa.
En el caso de ese proyecto, la gran minera pública, que es quien tiene la concesión, todavía no ha aclarado si estaría dispuesta a cederla, con lo cual el proyecto está parado sobre la mesa. «Nosotros podemos competir. No queremos ayudas, lo que queremos es que no nos pongan trabas, que trabajemos con claridad y con agilidad. Si no puede ser, no hay que perder tiempo, pero de momento no hemos podido ni valorarlo. Todo es demasiado lento y demasiado burocrático».
El anuncio de creación de puestos de trabajo mantiene el interés por estos proyectos, que defienden que cambiando el concepto y articulando otro modelo empresarial, una minería sostenible y rentable, es posible.