La reforma de Ley del aborto que pretende imponer Alberto Ruiz-Gallardón ha venido a sumarse a las razones que tienen los españoles para echarse a la calle. Desde Asturias partió una de las iniciativas que ha tenido más seguimiento. El Tren de la Libertad ha sido un paso en una lucha encarnizada que pretende impedir que los derechos logrados en materia reproductiva retrocedan de golpe treinta años. Sólo se pide una cosa: capacidad para decidir.
En concreto, la Ley del Aborto tal como la conocemos hoy fue un logro paulatino muy peleado a lo largo de los años, siempre rodeado de una fuerte polémica. En este tema especialmente, más que en otros, se concentran encendidos debates sociales, cívicos, morales, éticos e incluso teológicos, sobre la condición del embrión, el alma o la «humanidad» del feto, y es por tanto campo abonado para el combate ideológico. Pero la llegada de la democracia trajo necesariamente cambios en un país que necesitaba modernizarse y aflojar ataduras, así que, siempre salpicado de furibundas discusiones entre sectores muy alejados en sus posicionamientos, llega en 1985 la despenalización parcial, trayendo un alivio social comparable al que produjo la Ley del Divorcio sólo cuatro años antes. El gobierno de Felipe González establece la despenalización del aborto en tres supuestos: violación, malformación del feto o peligro psicológico o físico para la madre. Es decir, abortar sigue siendo delito a excepción de los casos mencionados.
El Gobierno de Asturias ha manifestado su rechazo a la reforma de la Ley y pide su retirada.
Hubo que esperar a 2010 para la total despenalización durante las primeras 14 semanas del embarazo. La mujer podía tomar libremente la decisión sobre su embarazo en ese intervalo de tiempo, que era más amplio en caso de riesgo terapéutico. Esta ley coloca a España en una posición similar al resto de países europeos. El Partido Popular fue el único en oponerse a su aprobación e incluyó la modificación en su programa electoral en 2011: «… Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida…», añadiendo medidas sociales de apoyo a las embarazadas especialmente en situación de dificultad. Este compromiso de cumplir el programa electoral es el principal argumento que esgrime públicamente el ministro Gallardón para justificar la legitimidad de una reforma brutal, que entre otros aspectos obliga a continuar con la gestación aún en caso de malformación del feto. El caso es que desde que se anunció, el estupor ha sido muy generalizado. Y lo es porque supone un retroceso sin precedentes, si se tiene en cuenta que la sociedad española convivía pacíficamente con las progresivas despenalizaciones desde hace casi treinta años. La ley se había integrado con naturalidad y sin mayores conflictos. De modo que el anuncio de esta reforma ha sonado particularmente agresivo y no contenta a casi nadie. En ese «casi» que sí manifiesta su satisfacción se sitúa la parte del abanico social representativa de la derecha más radical y de la Iglesia más reaccionaria. Los lobbies antiabortistas, tradicionalmente muy beligerantes y activos a la hora de mover sus fichas en el tablero político, vieron allanado el camino hacia un cambio de legislación con la llegada del Partido Popular al gobierno. Pero fuera del extremo, se ha visto que ni siquiera toda la derecha ni tampoco toda la Iglesia, especialmente la situada más en la base, comulga con la que sería la ley más restrictiva de toda la Unión Europea y una clara pérdida de libertades individuales. Una involución histórica.
Arranca el Tren
Así las cosas, la sociedad empieza a responder. De Asturias partió una de las protestas más sonadas, gestada en un principio como una iniciativa a pequeña escala. Un grupo de mujeres de la Tertulia Feminista les Comadres celebraron el pasado 20 de diciembre una comida. El tema estaba en el aire, y también la necesidad de dar una respuesta proporcional a la magnitud de la agresión que supone este Proyecto de Ley. Inmediatamente se decidió adelantar una cita habitual con las Mujeres por la Igualdad de Barredos, con las que existe muy buena química desde hace años. Era urgente darle forma a la idea: había que ir a Madrid a llevarle al ministro un manifiesto. Tras una sobremesa de tormenta de ideas, de esa cita salió una fecha -1 de febrero-, un modo de transporte -el tren-, y un reparto de tareas organizativas para comenzar inmediatamente a trabajar. Así se gestó el Tren de la Libertad. 
En la era de las redes sociales la noticia corrió como la pólvora y en pocos días empezó a sumar adhesiones nacionales e internacionales a velocidad de vértigo. «Las primeras que se sumaron fueron las francesas, que también organizaron manifestaciones en París, luego las italianas y muchas más», cuenta Begoña Piñero, una de Les Comadres, agitadora de conciencias y mujer de energía inagotable. «Tienen miedo de que esto mismo pase en sus respectivos países. En Europa se está asistiendo al avance de la extrema derecha, y las mujeres europeas están muy concienciadas de que se puede producir un contagio de políticas similares». Numerosos medios europeos reflejaron la «marea violeta» en sus páginas. El paso por Valladolid, donde fueron recibidas por una multitud y donde casualmente el PP celebraba su Congreso, la llegada a Atocha, la celebración de una asamblea y la entrega del manifiesto en el Congreso. Todo arropado por miles de personas llegadas de todos los puntos del país. Todos con la misma idea: la ley actual no se toca.
«Esta experiencia ha sido un vaivén de emociones, en el que todo fueron apoyos a la causa», explica Begoña, que afirma que en Gijón «llevamos en vena el feminismo». En cuanto a Gallardón, «tenemos claro que lo vamos a echar. Se metió con las mujeres y las mujeres le vamos a responder. El no quiere «abdicar», pero no importa, se va a ir por la fuerza de los votos. Los gobiernos pasan, lo que queda es la ciudadanía».
«Para elaborar este proyecto de ley no han contado con los profesionales que practican estas intervenciones, ni con otras especialidades, como los psiquiatras, ni por supuesto con los colectivos de mujeres. Sin ningún tipo de consenso, no creo que esta reforma vaya a resolver las demandas actuales de la sociedad española».