Nueva Ley de Costas: ¿está en peligro el litoral asturiano?

Propietarios, ecologistas, Gobierno del Principado: todos manifiestan su rechazo a la recién aprobada Ley de Costas. ‘Una herramienta para los privilegios, la especulación y la privatización del litoral’, sentencia la Consejera de Ordenación del Territorio del Principado, Belén Fernández. Los implicados aseguran que se avecina una marea de litigios.

El Gobierno acaba de aprobar la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral que tiene como objetivo, según declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, proteger la costa y ofrecer garantías jurídicas a los más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988. No permitirá nuevas construcciones y protegerá el medio ambiente. Ramos explicó en rueda de prensa que el Gobierno actua así ante un «problema social» porque «la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la realidad sobre la que vivimos». Pero esta normativa, aprobada sólo con la mayoría del Partido Popular, cuenta con el rechazo de un gran sector de población. ¿En qué consiste y cómo afectará a la costa asturiana?

En qué consiste

De esto puede decir mucho el abogado José Ortega, también portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, que ha conseguido sentencias históricas a lo largo y ancho de la geografía española. Una de las últimas, la anulación por segunda vez en la Audiencia Nacional de un deslinde en la playa de Otur. Sobre su mesa se acumulan cientos de reclamaciones que esperan una respuesta. Algunos ya le denominan el «Abogado del Mar».
A su entender, «los cambios que introduce esta reforma son decepcionantes. Sólo con leer atentamente la Ley, te das cuenta de que lo que promete el Gobierno a bombo y platillo no es cierto, e incrementa la inseguridad jurídica. Surgirá una marea de litigios», avanza Ortega. «En primer lugar, sigue sin aclararse el concepto de dominio público, y tampoco hay intención de hacerlo, lo que va a generar muchos problemas. Otro tema escandaloso es que el Tribunal Constitucional abre la posibilidad de sustituir el pago de dinero a causa de una expropiación, por una concesión como compensación por esa privación de propiedad. Una concesión que hasta ahora era de treinta años, prorrogables por otros treinta, y que ahora cambia. Según la nueva Ley, las concesiones en vigor se podrán -no dice deberán-, prorrogar hasta 75 años, pero pueden ser cinco, siete… Y esa posibilidad de hacerlo por pequeños plazos prorrogables lo considero un ‘fraude de Estado’, porque quiere decir que se puede dar una concesión de 20 años en plazos de cinco, y cuando está a punto de agotarse el último, la Administración puede quedarse con la propiedad y ofrecerte una indemnización irrisoria por el tiempo que resta hasta el vencimiento. Pero también pueden esperar a que se produzca uno de los plazos intermedios y decirte que no se va a prorrogar más porque ese terreno hace falta por razones de interés público. En ese caso no percibes ni un céntimo.

«Los afectados sólo reclaman un pago por las expropiaciones, como pediría cualquier persona»

Esos 75 años de prórroga en la concesión se darán en casos muy excepcionales. Los deslindes están realizados en un 95% de los casos y no se van a repetir, salvo que haya situaciones nuevas y aún así todo dependerá del funcionario de turno, que trabajará con un amplio margen de maniobra porque la Ley es imprecisa, difusa y ambigua. Al final, los afectados por esta nueva Ley, que además han promovido la reforma y han realizado una protesta colectiva, no obtienen respuesta a su situación. Todos estamos de acuerdo con proteger el litoral, los afectados sólo reclaman un pago por las expropiaciones, como haría cualquier persona».
El tema de los deslindes preocupa especialmente al letrado José Ortega. «Se traza un deslinde y la propiedad pasa a ser dominio público, a partir de ahí entra en un ‘limbo jurídico’, porque los propietarios no conocerán ni sus derechos ni sus obligaciones».
Otra polémica que suscita el nuevo texto es la reducción de la protección de la franja costera de 100 a 20 metros, algo que contrasta con la normativa europea. Ortega advierte que existe letra pequeña, y que se trata de una cuestión técnica y compleja. «La zona de servidumbre de protección son 100 metros tierra adentro, es más, el POLA aquí en Asturias, marca hasta 500 metros. Eso limita que en ese espacio se pueda construir algo nuevo o se pueda ampliar lo construido. Esta figura de protección puede reducirse excepcionalmente a 20 metros si se cumple un requisito: que los terrenos fueran suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del 88. Y ahí estaríamos hablando de pueblos antiguos que por alguna razón no tenían calificación del suelo urbano pero lo eran -caso de pueblos pesqueros o tradicionales de Galicia o Canarias-. Con esta nueva disposición se les da una nueva oportunidad para que la autoridad urbanística proceda a su delimitación, que se hará a la carta. En todo caso hablaríamos de terreno liberado dentro de la ordenación, no de suelo público».

«El 95% de la costa asturiana ya está deslindada, pero esta Ley puede perjudicar a arenales como Rodiles o Peñarronda»

A pesar de que el título de la Ley es ‘Protección y Uso Sostenible del Litoral’, el texto no convence tampoco a los defensores del medio ambiente. Ecologistas en Acción manifiesta su total rechazo a la norma e indica que todas las modificaciones que presenta no tienen como fin la protección del litoral ni su uso sostenible: «se trata de una ley acientífica, de claro contenido ideológico, que tiene como punto de mira amnistiar a infractores de la antigua Ley, favorecer intereses particulares y conocidos, y favorecer la privatización y negocios de nuestras costas». Contienen modificaciones carentes de justificación ambiental -como en el caso de Formentera-, otras que son hechas para favorecer intereses con nombres y apellidos, y también modificaciones caprichosas, curiosamente para espacios cuyos propietarios son conocidos, denuncian los ecologistas. «Éstas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica y llevarán a anular el trabajo ya realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo del texto, pero en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad que promueve el Gobierno».

El caso de Asturias

A pesar del mensaje de tranquilidad que en un primer momento intentó transmitir la Consejera de Fomento, Belén Fernández, destacando la importancia de haber actuado tempranamente protegiendo el litoral con el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y cómo éste sería uno de «los grandes escudos que vamos a tener aquí en Asturias para evitar los impactos destructivos y perjudiciales que pueda tener esta ley para el interés social», la realidad parece plantear un escenario algo distinto. La nueva Ley de Costas da competencias al Gobierno central sobre la ordenación del territorio y esto puede suponer un retroceso para la situación en la que se encuentra el litoral asturiano. «Esta nueva norma habilita al Estado para, de oficio, poder revisar el conjunto de deslindes que ya fueron aprobados», advierte la Consejera, que afirma que el 95% de la costa asturiana ya está deslindada, pero esta Ley puede «perjudicar a arenales como Los Quebrantos, Rodiles o Peñarronda, ya que la nueva normativa puede marcar retrocesos en su perjuicio».
El abogado José Ortega añade además que «el POLA no es un instrumento ejecutivo», según le hizo saber el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en respuesta a una de sus impugnaciones; es más bien «un instrumento inspirador para los planes de ordenación urbana».
Por su parte, el Gobierno del Principado ha manifestado que intentará que esta reforma tenga el mínimo impacto posible en el litoral, «uno de los mejor conservados», según palabras de la Consejera. Queda por delante mucho camino por recorrer. Resta esperar al desarrollo de la Ley.