Tema del mes

Comienza el curso con un panorama económico incierto, que ya pasa factura al ciudadano de forma patente: el paro estructural no desciende, el IVA sube, empiezan a notarse los recortes en sanidad y educación... A pesar de todas las medidas tomadas, la prima de riesgo española no se estabiliza y la sombra del rescate sigue planeando. Según el economista Javier García, los próximos meses se presentan inestables y difíciles.

El paso adelante que supuso la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en 2006 sufre los efectos de la avalancha de recortes que el Gobierno está poniendo en marcha en distintos ámbitos. Si ya antes la situación era complicada por las dificultades de financiación y los retrasos en la concesión de ayudas, ahora, la reducción de la aportación del Estado amenaza con estrangular a las autonomías.

Aparecen en los medios de comunicación abarrotando portales, aceras y escaleras vecinales. Es el último recurso. Los miembros de STOP Desahucios acuden para evitar in extremis el temido desalojo, aglomerándose ante la vivienda para entorpecer y en último término impedir que el secretario judicial, el procurador de la entidad bancaria y el cerrajero accedan a la vivienda amenazada.

El 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Un paquete de medidas que cambia radicalmente el actual modelo universal y solidario. La respuesta de los ciudadanos no se ha hecho esperar.

A la hora de firmar una hipoteca muchos españoles no se fijaron en un epígrafe que establecía un límite a la hora de beneficiarse de las bajadas del Euribor. Esa letra pequeña son las ya famosas cláusulas suelo, una estrategia bancaria desproporcionada y desigual que ha dado enormes beneficios a las entidades a costa de los ciudadanos.

Cinco años de crisis económica están dejando una huella profunda en la sociedad asturiana. Con una tasa de desempleo que sobrepasó en 2011 los 90.000 parados, desde 2008 ha aumentado notablemente el número de familias con graves dificultades para mantenerse a flote. El riesgo de pobreza severa y exclusión social se ha multiplicado y no se ve el final del túnel. Paralelamente, los recortes cierran programas de ayuda y limitan la acción de las organizaciones sociales.

Más de 800 empresas asturianas han optado por la economía social para poner en marcha sus proyectos. Constituyen, además de una importante fuente de riqueza, un referente de empresa más social y menos especulativa, donde priman los valores sobre el capital.

En el último año ha aumentado en un 36% el número de asturianos que sale fuera de la región a buscar trabajo. Este éxodo mantiene un preocupante ritmo creciente aunque las cifras oficiales hablen también de un saldo migratorio positivo, es decir, llegan más personas que salen.

La crisis económica está afectando claramente a las administraciones públicas, que ven agravados sus problemas de financiación. Los ayuntamientos están acusando especialmente esta reducción de ingresos de modo que incluso peligran determinados servicios y pagos.

La propuesta de fijar en noventa kilómetros por hora la velocidad en las carreteras convencionales es una más de las que se barajan para reducir la siniestralidad. Es una medida que, dadas las características de las vías asturianas, afectaría de pleno al tráfico en la región.