¿Tiene alguien que nunca ha estado en Asturias, o que hace años que no vive aquí, capacidad para decidir sobre la política de la región? A pesar de que las comunidades asturianas emigrantes han estado tradicionalmente muy vinculadas a sus lugares de origen, la futura reforma de la Ley Electoral invita a plantearse esa pregunta.
Actualmente, hay 1,3 millones de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, una cifra que podría llegar a los 1,7 millones con la plena aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que permite otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados políticos. En Asturias, los casi 76.000 emigrantes censados fueron claves en las últimas elecciones para decantar el resultado.
El pasado mes de abril, los principales partidos políticos llegaron a un acuerdo para la reforma de la Ley Electoral en la que suprimen el derecho a voto de los emigrantes en las elecciones municipales. Esta reforma deberá ser ratificada por la Comisión Constitucional y por el pleno de la Cámara Baja, y comenzará a funcionar en 2011, afectando a ayuntamientos, cabildos y diputaciones provinciales.
-¿Se ha convertido el voto emigrante en un elemento decisivo para las elecciones asturianas?
-Decisivos son todos los votos, pero el hecho de que el escrutinio del voto emigrante en las últimas elecciones autonómicas hiciera cambiar el resultado hizo pensar que efectivamente puede inclinar la mayoría hacia un partido u otro. Hasta la fecha ha beneficiado al Partido Socialista, porque suele beneficiar al partido que está en el gobierno.
-¿Por qué esa tendencia?
-Durante una legislatura los emigrantes suelen tener un contacto más frecuente con los dirigentes del partido del gobierno. Y suelen recibir además ayudas o comunicaciones gubernamentales, lo que hace que se inclinen a votarles por razones de proximidad.
-Muchos de estos votantes no han nacido en Asturias, algunos ni siquiera han estado aquí de visita. ¿Es razonable que tengan capacidad de decisión en la política asturiana?
-No, no parece razonable por dos razones fundamentales. Una, porque son personas que están desvinculadas de la vida del municipio. Hasta es posible que no tengan intereses ni contactos, que no hayan estado presentes físicamente en ese lugar desde hace muchos años. Y dos, porque en parte como consecuencia de esto, no están informadas de la política local, no conocen a los candidatos, los programas y las propuestas de los diferentes partidos. En el año 2005 dirigí un informe sobre los asturianos en el exterior que ofrecía un dato interesante, y es que un porcentaje muy elevado de asturianos emigrantes no conseguían ubicar en la escala ideológica a los diferentes partidos políticos que tienen actividad en Asturias; exceptuando al Partido Socialista y al Partido Popular, a los que conocen porque son los grandes partidos, han gobernado la nación y por lo tanto están más presentes en los medios de comunicación internacionales.
“En los últimos años integrar a los emigrantes en la vida pública de Asturias se ha considerado un objetivo que el Gobierno del Principado ha perseguido a través de sus planes de emigración. Suprimir ahora el derecho de sufragio de los emigrantes supondría desandar lo andado, o incluso comenzar a caminar en el sentido contrario”.
-Recortar el derecho a voto de la población emigrante puede ser procedente, pero también supone un recorte de sus derechos básicos. ¿Cuál sería el planteamiento jurídico?
-Es difícil, porque se trata de ciudadanos españoles, y hasta ahora hemos dado por supuesto que quien tiene la ciudadanía tiene, entre otras cosas, reconocido el derecho de sufragio. Toda la legislación que se ha ido aprobando en España en los últimos años, desde que se aprobó la Constitución, ha ido en esa dirección, así que no resultaría nada fácil revisar toda esa legislación. Además, en los últimos años integrar a los emigrantes en la vida pública de Asturias se ha considerado un objetivo que el Gobierno del Principado ha perseguido a través de sus planes de emigración. Suprimir ahora el derecho de sufragio de los emigrantes supondría desandar lo andado, o incluso comenzar a caminar en el sentido contrario.
Hay soluciones intermedias que merece la pena considerar. Por ejemplo, que una persona que nunca haya estado en Asturias pero tenga la nacionalidad española porque la ha adquirido por su padre o su madre, gracias a la ley de 2007, pueda votar en las elecciones generales o autonómicas, pero no en elecciones municipales. En ese sentido, se condicionaría el sufragio a quienes mantengan algún tipo de vínculo real con el municipio.
-¿Es necesario entonces reformar la Ley Electoral?
-Desde luego es una necesidad. Hay que pensar que ésta es una ley de 1985, tiene veinticinco años de vigencia y hemos tenido ocasión de comprobar sus resultados; pero en ese tiempo la sociedad española ha cambiado, hay realidades nuevas y por lo tanto la ley debe reformarse. A mi modo de ver la subcomisión que se ha creado en el Congreso para analizar la reforma ha llegado justo a las conclusiones contrarias a las que debería. Los principales partidos están de acuerdo en no modificar la ley en aquellos aspectos que creo que deberían reformarse con más urgencia, y sin embargo han llegado a un acuerdo para reformar aquellos aspectos que hasta cierto punto son secundarios. Entiendo que eliminar el derecho de sufragio del que disfrutan los emigrantes es una medida con una trascendencia enorme, de una carga simbólica muy fuerte, y que requiere más reflexión y más acuerdo. Mientras eso ocurre, hay muchos aspectos en los que podría mejorarse el ejercicio del voto emigrante: la garantía del secreto de voto, la identificación del elector, la rapidez del escrutinio, la información electoral de los emigrantes, bien ampliando la campaña electoral o bien volcando más recursos y esfuerzos en ella… De este modo se contribuiría a que el emigrante se sintiera más integrado en la vida pública asturiana.