Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras.
En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.
En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.
En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo a la materialización de las intenciones de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado.
En el caso del sistema educativo, además de conseguir introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.
Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.