La Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) ha procedido al envío de cartas a las comunidades de propietarios donde se encuentran situados los equipos de emisoras de radios no autorizados.
En ellas se les requiere información sobre la titularidad de los equipos y se les informa de posibles sanciones de hasta 500.000 €.
Entre estas radios se encuentran las que forman parte de la Coordinadora de Radios Libres de Asturies: Radio Qk, Radio Sele, Radio Nava y Radio Kras.
Las diferentes Administraciones han eludido el reconocimiento legal de estas emisoras dejándolas en una situación de precariedad e indefensión.
Consideramos que el objetivo de la medida es, en realidad, la de presionar a estas emisoras y asustar a las comunidades de propietarios que han dado su consentimiento a la instalación de equipos.
Dicha interpretación se corresponde además con las declaraciones del Jefe Provincial a alguna de las radios afectadas en las que indica su intención de propiciar el cierre de estas emisoras que llevan muchos años emitiendo en la “ilegalidad”.
Se trata por tanto de una medida de acoso y de criminalización hacia las radios libres y comunitarias asturianas por una situación de irregularidad que es responsabilidad de la Administración autonómica y estatal.
Asturies cuenta con una importante tradición de las denominadas radios libres y comunitarias que comenzaron a surgir a principios de los años 80. A pesar de la importante labor desarrollada por estas iniciativas ciudadanas en el campo de fomento de la cultura asturiana, la participación, el pluralismo y el ejercicio de la libertad de expresión, las diferentes Administraciones han eludido el reconocimiento legal de estas emisoras dejándolas en una situación de precariedad e indefensión.
En lugar de actuar contra las radios comunitarias, es necesario que se haga efectivo el artículo 4.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual que textualmente indica “Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.
Tan solo, como si fuera poco, defendemos el derecho a una comunicación libre y alternativa donde la ciudadanía y los movimientos sociales puedan expresar sus ideas y actividades.