Las movilizaciones de junio y julio de 2012 llevaron a los noticiarios nacionales e internacionales una lucha de la que Asturias no se ha desprendido en décadas: la de la pervivencia de un sector económico, pero también social y cultural.
El ya anunciado cierre de las minas no rentables en 2018 se precipita con el adelanto de la eliminación de las ayudas, que acabarán en 2015, y la ausencia de diálogo con el gobierno central. Mientras, las comarcas mineras se ponen en pie de guerra para defender el papel del carbón autóctono en el mix energético nacional.
En todo el mundo se quema carbón. Se extrae y se utiliza de forma regular desde la Revolución Industrial del siglo XIX, que fue revolución precisamente por haber encontrado una fuente energética fósil que sustituyese el uso de carbón vegetal, cuyo consumo masivo amenazaba seriamente los bosques del continente europeo. Y fue industrial porque la cantidad de energía producida por la combustión del mineral movió las máquinas a vapor y cambió para siempre los modos de producción. El mundo moderno nació con el carbón. Con los pros y los contras que conlleva todo proceso de cambio, lo cierto es que desde entonces este combustible no ha dejado de estar presente.
La minería ha sido durante más de un siglo y según los lugares, una actividad necesaria, una bandera de clase, una piedra en el zapato para los gobiernos, un sinónimo de explotación, un símbolo de la lucha de clases, una cultura, unos territorios, una forma de vida, e incluso una cuestión de identidad: en una sociedad despersonalizada, marcada hoy en día por una crisis financiera salvaje, aún tiene peso el hecho de pertenecer a un colectivo, el de los mineros.
Asturias, donde la explotación de las minas trajo consigo un fuerte componente de paternalismo empresarial, sabe lo que es formar parte de una colectividad. Al calor de las minas se articularon antaño territorios, recursos, servicios y comunidades, y aunque queda cada vez menos de tal entramado, el sentimiento de pertenencia todavía no se ha extinguido. Se demostró con claridad durante las duras protestas que tuvieron lugar en 2012 y que colocaron el conflicto en las portadas de los medios internacionales antes que en las nacionales. El minero siempre ha tenido que reivindicarse.
Mix energético
El 70% del carbón que se consume en el mundo se concentra en los países en vías de desarrollo. Las estimaciones hablan de 5.000 millones de toneladas a nivel mundial, de los cuales 20 millones corresponden a España. Aunque el compromiso de Kyoto apremia a nuestro país para ceñirse a estándares de reducción de emisiones, la proporción indica que la cantidad de carbón que quemamos, entre nacional e importado, está lejos de las cantidades que manejan otros países. India y China absorben en la actualidad el 85% de la demanda, y este último, en plena expansión, aumenta cada año su consumo nacional entre 100 y 150 millones de toneladas.
El carbón está detrás del 40% de toda la electricidad que se produce actualmente en el mundo. Centrándonos en Europa, aunque es cierto que las llamadas energías renovables han irrumpido con mucha fuerza en el siglo XXI, su aportación todavía no es suficiente para sustentar las necesidades del continente. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía prevé que los combustibles fósiles predominarán al menos hasta 2035. En este escenario, cada país compone su propia combinación de energías de distinto origen para abastecerse: cuánto obtendrá de las renovables, cuanto de fósiles, cuánto de nuclear. Es el mix energético, que aunque se elabora en función de los criterios y la disponibilidad de recursos de cada país, también está influido por tendencias globales. Y ahí se han producido cambios notables. Tras el accidente de Fukushima ocurrido en marzo de 2011, muchos países han revisado sus respectivas estrategias y han disminuido sus expectativas en lo nuclear, replanteando sus mixes energéticos. En Europa fue Alemania el primer país en ponerle el cascabel al gato, al tomar la decisión el pasado año de programar el cierre de centrales nucleares e incluir el carbón en su planificación energética, y por tanto continuar quemando mineral. Esta decisión se rubricó con la inauguración de la gigantesca central eléctrica de Colonia, de 2.200 MW de potencia, una de las mayores del continente . La mayor de España, en Cofrentes, Valencia, tiene la mitad 1.100 MW.
Sindicatos, empresas y administraciones quieren tener la opción de dialogar con el Gobierno, que hace meses que no convoca una reunión con todas las partes implicadas en la crisis de este sector. El Ministro de Industria, José Manuel Soria, no da muestras de que el Gobierno tenga intención de negociar.
Carbón limpio
Un tema que suscita controversia es el de los compromisos de reducción de emisiones adquiridos en Kyoto. Colectivos defensores del medio ambiente como Ecologistas en Acción sostienen que la quema de carbón es directamente incompatible con los objetivos pactados en aquella cumbre. Aunque conscientes de que el tránsito a las energías renovables tiene un coste económico y social importante, entienden que el mantenimiento de la minería es un paso en la dirección contraria. Por tanto, apuestan por la progresiva disminución de las explotaciones mientras se atiende a la reconversión de las comarcas dependientes del carbón. Eso, a la espera de que se perfeccione y se extienda la tecnología para quemar carbón de forma limpia. Ahí no hay acuerdo en el cálculo de plazos entre científicos y ecologistas: si unos dicen que estará disponible en cinco años, los otros afirman que será imposible antes de dos décadas.
Sea como sea, se está en ello. En España hay en marcha importantes proyectos que desarrollan tecnologías nuevas y que trabajan a velocidad para convertir el carbón en una energía limpia. En la central de Elcogas, en Puerto Llano (Ciudad Real) se desarrollan tecnologías llamadas de pre-combustión, para gasificar el carbón. En Compostilla (León) Endesa tiene una planta dedicada a procesos de postcombustión. El Incar (Instituto Nacional del Carbón), ubicado en Asturias, tiene una patente junto con investigadores canadienses para desarrollar la captura de CO2 por ciclos de carbonatación-calcinación. Y aún hay que sumar las instalaciones de Ciuden, en Ponferrada (León) donde se ha completado con éxito la captura de CO2 por oxicombustión. Es la planta más completa de Europa y ha logrado desarrollar todos los eslabones de la cadena: captura, transporte y almacenamiento.
Pero mientras se avanza a marchas forzadas en esta dirección, se procede en paralelo a la reconversión de territorios mineros, un proceso que no ha resultado un camino fácil en ninguna de las comarcas mineras españolas, incluida por supuesto Asturias.
En Asturias, aunque la situación ha cambiado en las últimas décadas, aún pervive entre los mineros y sus familias un sentimiento de pertenencia a un gremio, a una comunidad.
Un marco, por favor
Es lo que piden al unísono sindicatos y empresarios. Un marco que establezca las reglas del juego. Un plan que indique cuál va a ser el lugar del carbón y defina la apuesta energética española. Un pacto que se debata entre fuerzas políticas y fuerzas sociales. Al Gobierno se le reclama un diálogo que no parece dispuesto a conceder. Muchas voces le demandan que salve lo que de hecho es la única fuente energética autóctona, siquiera por estrategia ante los vaivenes del contexto internacional. Cabe recordar que sólo en los dos últimos años se ha vivido el accidente nuclear de Fukushima, las revueltas sociales en los países árabes con la consiguiente inestabilidad en Oriente Medio, y las limitaciones de suministro de gas con las que Rusia presiona a la Unión Europea. Teniendo en cuenta que España es un país energéticamente dependiente y sin capacidad para autoabastecerse, no parece descabellado reservar al menos el carbón. Por si las vacas flacas.
Dinero para reconvertir
En España, especialmente en los últimos años del siglo pasado, fueron llegando desde Europa fondos destinados a la minería, que sirvieron por un lado para garantizar un determinado consumo de carbón nacional y por otro para tratar de conducir al sector a una necesaria reconversión, dando un respaldo económico a la reestructuración de los territorios mineros. Se pusieron en marcha Contratos Programa para algunas empresas y dos planes estatales. El primero de ellos, el Plan del Carbón 1998-2005, supuso una reducción drástica: recortes de plantilla, de producción, de suministros y de ayudas. Se trataba de apretarse el cinturón para dejar saneadas las explotaciones más productivas y tener siempre un abastecimiento garantizado para el país. Como consecuencia, de las más de doscientas treinta empresas que había en España a principios de los 90, quedaban veintiocho en 2005; los puestos de trabajo se redujeron un 80%. El segundo Plan del Carbón 2006-2012 todavía no ha arrojado su balance, pero desde luego ha hecho retroceder aún más al sector, en un contexto agravado por una crisis económica global que ha complicado todavía más la situación.
En Asturias, los llamados Fondos Mineros han servido para mejorar infraestructuras y comunicaciones en algunas zonas, pero se han visto rodeados de polémica en su gestión, y en cualquier caso no han logrado el objetivo de diversificar el tejido económico, fijar población y en definitiva generar empleo, que era de lo que se trataba. De modo que, si bien en su momento los sucesivos Planes fueron ideados para sanear el sector con la idea de salvar lo que fuera rentable y reconvertir el resto, lo cierto es que a falta de un tercer Plan del Carbón 2013-2018 que no acaba de llegar, todos los signos indican que el sector está gravemente herido.
El Gobierno aún no ha aclarado cuál va a ser el papel del carbón en el mix energético nacional, algo fundamental para saber cómo puede evolucionar el sector en los próximos años.
Las ayudas, a menos
En un principio las ayudas se basaron en el concepto de Reserva Estratégica, puesto que el carbón es el único recurso energético autóctono relativamente abundante. Las disposiciones anteriores a 2010 establecían ayudas al funcionamiento y a la reducción de la actividad; también las ayudas a la reestructuración antes comentadas. Subvenciones, en cualquier caso, para continuar trabajando, aunque reduciendo y ajustando progresivamente el sector.
Sin embargo en 2010 llega un giro de ciento ochenta grados. La Decisión 787/2010 del Consejo de la UE cambia completamente las condiciones del juego: si antes las ayudas estaban ligadas a la reducción de la actividad, a partir de ese momento se vinculan al cierre de las explotaciones. Las consecuencias son éstas: las empresas que, llegado el 2018, no logren ser competitivas, deberán echar el cierre; las que sí lo logren, tendrán la obligación de devolver las ayudas, lo que las colocará nuevamente en una situación muy difícil de superar. Una decisión así no se había aplicado antes a ningún sector en España, menos aún después de años de ajuste para mejorar los ratios de producción.
La misma Decisión contemplaba una reducción escalonada de las ayudas, que debía comenzar en 2013 con el 25%. Pero el Gobierno español decide empezar antes de tiempo y lo hace de forma muy drástica. En 2012 el tijeretazo es del 39% en el conjunto de las partidas: prejubilaciones, infraestructuras, subvenciones, becas, formación; preocupan especialmente los recortes en producción, porque comprometen directamente la continuidad. En total, de 1.078 millones de euros se pasa a 656 de la noche a la mañana. Sindicatos y patronal anuncian que en semejantes condiciones se precipita el cierre total. Y así, a mediados de 2012, comienzan las movilizaciones en todas las comarcas mineras: casi dos meses de huelga y una marcha a pie hasta Madrid que consiguió reunir a miles de personas en su etapa final. A pesar de la agitación popular, el Gobierno se niega siquiera a negociar. El argumento es siempre el mismo: no hay dinero, y de donde no hay no se puede sacar.
El carbón es la única fuente de energía autóctona de la que dispone España, un país con una importantísima dependencia energética, incapaz de autoabastecerse. Es uno de los argumentos que se barajan para evitar el desmantelamiento del sector minero, que podría ser clave en un futuro para amortiguar las crisis energéticas del mercado exterior.
Además de todo esto, las ayudas que sí se conceden sufren retrasos importantes. En 2011 no se llegaron a pagar 75 millones de euros que estaban adjudicados: en vez de abonarse aunque fuera con demora, se utilizaron para equilibrar el presupuesto del año siguiente. A finales del 2012 todavía no se habían liberado las ayudas correspondientes a ese año, a pesar de estar autorizadas y la orden publicada: 111 millones de euros con los que se teme que se pueda articular una maniobra similar a la de la convocatoria anterior.
Los alcaldes de la cuenca asturiana se quejan de que tienen proyectos aprobados y convenios firmados (algunos ya en ejecución) para los que no llegan los fondos. Todo se encuentra detenido y a la espera.
Así las cosas, termina 2012 y con él, el anterior Plan del Carbón. Los plazos hasta 2018 se acortan y es básico que se apruebe rápido el siguiente Plan, que debe guiar al sector en el próximo periodo. Pero el Gobierno no convoca a las fuerzas integrantes de la Comisión de Seguimiento, encargada de vigilar la evolución de los planes, que no se reúne desde hace prácticamente seis meses. Tampoco el ejecutivo ha hecho gesto alguno que indique intención de llamar al diálogo. Además, la información que brinda es contradictoria y confusa. Si bien el presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció que se había enviado a Bruselas un borrador del nuevo Plan del Carbón, sin haber antes consultado ningún aspecto con los agentes sociales, días más tarde el Ministro de Industria José Manuel Soria reconoce que no está ni siquiera redactado y echa la culpa a la tardanza de las empresas en remitir sus informes. Las empresas dicen sin embargo que toda la información necesaria está en el Ministerio desde el pasado septiembre. Lo único que está claro es que la indefinición está marcando todo el proceso, las decisiones se postergan y el tiempo pasa sin que se intuya en el horizonte cercano ningún atisbo de solución. Una suma de retrasos deliberados que profundiza en la herida de un sector ya bastante maltrecho.
2.- Si los sindicatos mineros convocan nuevas movilizaciones, ¿Cuál sería la posición de esta alcaldía?
3.- ¿Cómo se presenta el futuro económico y social de su concejo, de no encontrarse una solución pactada al conflicto que amenaza al sector?
SAN MARTIN DEL REY AURELIO.
Enrique Fernández Rodríguez
1.- No se puede estar de acuerdo con esa forma de actuar. El Gobierno no tiene en cuenta la opinión de los agentes sociales, que son los que van a tener que gestionar las consecuencias de las decisiones que se tomen. Tampoco se puede jugar al despiste con la tramitación del nuevo Plan. La situación pone en juego el futuro de muchas familias y de los territorios mineros en su conjunto.
2.- Seremos coherentes, respaldando a los sindicatos y apoyando al sector. La coordinación de esfuerzos de todos los representantes sindicales, políticos y del conjunto de la sociedad civil debe ser la clave para que el Gobierno rectifique.
3.- Si no se crea un marco de referencia que dé estabilidad y permita atisbar un futuro al sector, el nivel de incertidumbre será insoportable para los territorios, para la región e incluso para el conjunto del país, que no podrá soportar el descuelgue de las comarcas mineras y la pérdida de cohesión social y territorial.
LENA. Ramón Argüelles
1.- Demuestra la nula capacidad de diálogo desde el Ministerio de Industria, donde además de desconocer el problema de la minería, buscan un cierre del sector sin más, caiga quién caiga.
2.- Siempre es preferible el diálogo y las buenas maneras a las movilizaciones, pero en este caso la «sordera ministerial» justifica las acciones. Hay muchos puestos de trabajo en juego.
3.- Puede ser la diferencia entre una salida responsable de la crisis para un importante sector social de Lena y un agravamiento de la situación de muchas familias del concejo.
MORCIN. Jesús Alvarez Barbao
1.- Es una actitud nefasta y absolutamente antidemocrática. El Gobierno se ampara en su mayoría absoluta y en la grave crisis económica, pero todos sabemos que el diálogo no cuesta dinero, y que lo que están haciendo es simplemente aplicar ideología. Todo esto crea un perjuicio a los territorios mineros que no tiene precedente.
2.- No debemos bajar los brazos. Los alcaldes, con los sindicatos al frente, ya manifestamos públicamente nuestro apoyo a la reivindicación sindical y la defensa de los territorios mineros. No podemos dejar de defender lo que nos corresponde.
3.- La situación es preocupante para Morcín, que no dramática, porque hemos sido prudentes en las inversiones y en el gasto. Hay que ser conscientes de que el Plan 2006-2012 termina sin haberse cumplido por parte del Gobierno. Hablamos de proyectos aprobados y de convenios firmados que no sabemos si se van a poder ejecutar porque Madrid no paga. Entendemos que la situación es complicada y que quizá haya que posponer algunos proyectos en el tiempo, pero dar carpetazo de esa manera a las inversiones no nos parece de recibo.
TINEO. José Ramón Feito
1.- Me parece una falta de respeto para con los agentes sociales. Al Gobierno hay que pedirle que actúe con agilidad para elaborar y consensuar el nuevo Plan, porque si seguimos esperando hay explotaciones que ya están en situación muy difícil y que van a cerrar. Y no es fácil luego reabrir una mina.
2.- Vamos a defender los intereses del municipio, y esos intereses pasan por que la minería siga abierta. Los sindicatos en esa defensa nos van a tener a su lado, como estuvimos a lo largo de estos meses de movilizaciones.
3.- El futuro lo veo negro. Y eso que en Tineo tenemos otros sectores, que también están sufriendo la crisis. Yo pediría a los concejales del ayuntamiento de Tineo que defiendan los intereses del municipio ante al gobierno central. Esto no es un tema de partidos, sino de defensa del municipio y de defensa de puestos de trabajo.
ALLER. David Moreno
1.- Estamos ante un claro y flagrante incumplimiento del Plan 2006-2012. Para colmo, en el vocabulario del Gobierno central no existe para nada la palabra diálogo, actúa de modo imperativo sin tener en cuenta a los agentes sociales. Un gobierno no puede actuar de forma dictatorial imponiendo en todo momento, debe dialogar y consensuar con el resto de actores el nuevo Plan del Carbón. La intención del Ejecutivo en este asunto está clara, pretenden la liquidación del sector a toda costa y a cualquier precio.
2.- La administración local ha estado, está y estará alineada con los sindicatos mineros en la defensa del sector y de su viabilidad futura. Nos jugamos mucho. Debemos organizar una defensa del sector a ultranza, así como el cumplimiento en su totalidad del Plan 2006/2012 y un nuevo Plan que garantice su viabilidad más allá del 2018.
3.- Supondría una estocada letal para el desarrollo socio-económico de los territorios, porque sigue siendo a día de hoy un pilar económico y porque aún no se ha finalizado el proceso de reconversión industrial. También es fundamental el desarrollo tecnológico para la captura y almacenamiento de CO2 que discurre íntimamente ligado al sector minero. Por otra parte todos los recursos económicos que contemplaba el Plan del Carbón que ahora concluye su vigencia deben llegar a los territorios mineros. Hay obras ejecutadas pendientes de cobrar parte de los Ayuntamientos, además de proyectos aprobados y conveniados que son fundamentales para nuestros municipios. Esos recursos económicos nos pertenecen por derecho y ningún gobierno del color que sea puede unilateralmente romper los acuerdos alcanzados y pactados.
MIERES. Aníbal Vázquez
1.- Es una práctica habitual del Gobierno que nos parece muy grave, porque desde que se comenzó la progresiva reducción del sector de la minería se había ido pactando con los agentes sociales. Debemos tener un papel en la negociación. En este país no se puede permanentemente tirar adelante en contra de todos y sin negociar nada.
2.- Como todo aquello que afecta a nuestros vecinos, estaremos al lado como hicimos en anteriores movilizaciones. Los ayuntamientos somos parte implicada desde el momento en que se produce este secuestro de los Fondos Mineros, que son fundamentales para el desarrollo. Nuestro mensaje es de unidad y de que estamos para lo que se necesita.
3.- Yo creo que el carbón cada vez tiene más importancia, y que en este país vamos en dirección contraria: mientras Alemania abre centrales térmicas nosotros nos empecinamos en cerrar las minas. No se puede abandonar así una fuente de energía autóctona porque es a la que habrá que recurrir para salir adelante.
RIOSA. José Antonio Muñiz
1.- Es algo inaudito. El diálogo es un pilar de la democracia, pero este Gobierno va por libre y muestra un gran desprecio por las comarcas mineras. No tenemos voz, no se nos escucha, sólo vale lo que el Gobierno pone encima de la mesa.
2.- Nuestro apoyo es total. Estamos del lado de los sindicatos y del lado de nuestros vecinos. Estoy seguro de que los ayuntamientos iremos todos al unísono, aportando lo que sea necesario para el éxito de las movilizaciones. El futuro de las comarcas va en ello.
3.- Parece que subyace un interés en dejar que la situación se consuma por sí sola, hasta que se convierta en irreversible. A nosotros nos afecta de pleno porque somos un concejo esencialmente minero en el que es muy difícil tener alternativas industriales principalmente por la orografía. Riosa se juega mucho en esto.
Al cierre de la edición, no se habían recibido las declaraciones de los regidores de Laviana, Adrián Barbón, y Langreo, María Fernández. Por su parte, los alcaldes de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y Degaña, José Manuel Fernández, han considerado más oportuno no hacer declaraciones en este momento «debido a la falta de más datos objetivos»; no obstante han deseado mostrar «su mayor apoyo a todo el sector de la minería».