En las últimas semanas se han celebrado con diferentes actos los 10 años desde la transferencia al Principado de Asturias de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
En esta década, uno de los servicios públicos con mayor incidencia en la vida cotidiana y con más capacidad igualadora y transformadora ha pasado a estar en su mayor parte bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma, dentro del marco legal estatal. Ciertamente, junto a los importantes cometidos que, desde aquel momento, quedaron bajo el ámbito de decisión autonómico, vinieron aparejadas obligaciones cuya asunción no siempre ha resultado sencilla, no en vano gestionar el sistema educativo asturiano significa trabajar con una realidad compleja y de envergadura: más de 120.000 alumnos, 70% de ellos en unos 450 centros públicos, más de 11.000 profesores en la enseñanza pública, y, sobre todo, la necesidad de dar respuesta a las elevadas expectativas que las familias y el conjunto de la sociedad (a veces sin corresponsabilizarse suficientemente en la parte que les corresponde del proceso educativo) ponen en la formación de niños y jóvenes.
Precisamente la perspectiva que otorga este periodo de gestión de las competencias educativas por el Principado de Asturias nos permite formular algunas consideraciones sobre las prioridades seguidas y los efectos del autogobierno en las políticas públicas. Efectivamente, aunque todas las Comunidades han ejecutado sus responsabilidades sujetas a los mínimos establecidos en la legislación estatal (como es lógico para garantizar una básica unidad del sistema), los diferentes Gobiernos autonómicos han tenido margen suficiente para llevar a la práctica sus programas conforme a sus objetivos y principios. En este sentido, la década de competencias autonómicas ha supuesto en Asturias el refuerzo de las políticas educativas y en particular el respaldo a la red pública, con una inversión por alumno que prácticamente se ha triplicado desde 1999, con un incremento en el número de profesores (más de 200 desde entonces) para una cifra de alumnos que ha descendido en 30.000 en virtud de la evolución demográfica de la Comunidad, con una ratio de un profesor por cada ocho alumnos y con un esfuerzo considerable en la mejora de la calidad de la enseñanza, aprovechando las circunstancias para potenciar la atención a la diversidad, el apoyo al alumnado inmigrante, las iniciativas en nuevas tecnologías y bilingüismo, la intensificación de la educación en valores ciudadanos, etc. El resultado en tasas de titulación y rendimiento en secundaria y bachillerato sitúa a Asturias claramente por encima de la media nacional y otorga una mejor posición de salida a los alumnos para la continuación de estudios universitarios o de formación profesional y la posterior búsqueda de oportunidades en el mercado laboral.En Asturias se ha fortalecido la red pública y el carácter cohesionador del sistema con independencia de la procedencia de los alumnos.
No sobra recordar que la tendencia y las prioridades no han sido las mismas en todas las Comunidades Autónomas. Una de las consecuencias del autogobierno, con repercusiones dispares, es la capacidad para establecer la prevalencia de unos u otros objetivos, seleccionando el destino de los recursos (escasos y susceptibles de usos alternativos) y poniendo el acento en unas u otras materias, sometiendo tales decisiones al escrutinio periódico del respectivo electorado. Lo cierto es que, al tiempo que en Asturias se ha fortalecido la red pública y el carácter cohesionador del sistema con independencia de la procedencia de los alumnos, en otras Comunidades las diferencias derivadas de las posibilidades económicas familiares se han replicado en las opciones formativas, configurando a la red pública como subsidiaria, de peor calidad y destinada a los segmentos más desfavorecidos. Similar tendencia y contraste, por otra parte, sucede con el sistema sanitario, en una España en la que, a consecuencia de las opciones políticas adoptadas por las diferentes Comunidades Autónomas, se van conformando dos realidades: aquellos territorios donde la mayor parte de los servicios públicos mantiene unos estándares de accesibilidad, calidad y cohesión, y otros donde, ante su paulatina degradación, sectores crecientes de población comienzan a situar entre sus preferencias personales de gasto la obtención de tales servicios en el mercado privado.
Estas y otras tensiones que conciernen al sistema educativo –las propias de la evolución social que hacen en ocasiones difícil la noble profesión de enseñar- deben motivar una doble reflexión con suficiente amplitud de miras ante el recorrido de nuestra Comunidad Autónoma en la gestión de las competencias en la materia. Por un lado, cabe apreciar las conquistas alcanzadas y subrayarlas, máxime cuando algunas posiciones se empeñan en centrarse en aspectos que, aunque tengan su importancia y puedan ser fuente de problemas, resultan secundarios en el conjunto. Por otro lado, en un contexto de dificultades económicas, retos para la sostenibilidad de los servicios públicos y cierto hostigamiento ideológico a la propia existencia de estos, procede un ejercicio de responsabilidad de todos los actores implicados en el sistema educativo y de la propia sociedad en su defensa.
10 Años de competencias educativas autonómicas
