No hace falta rebuscar mucho entre los recuerdos personales ni en los titulares de prensa para traer a la memoria algunas reivindicaciones relativamente recientes que, ahora, en medio de la vorágine de los acontecimientos propios de esta crisis, casi parecen espejismos, por muy fundadas que fuesen tales reclamaciones.
Hace pocos años, sumándonos al planteamiento impulsado a nivel europeo por el Gobierno socialista francés encabezado por Lionel Jospin, quienes entonces participábamos en diferentes movimientos asociativos y políticos juveniles en Asturias nos unimos a las iniciativas dirigidas a promover la implantación de la jornada laboral de 35 horas; en todo el país se constituyeron plataformas del más diverso carácter, se realizaron recogidas de firmas y actos reivindicativos e incluso la Unión General de Trabajadores promovió una Iniciativa Legislativa Popular de ámbito estatal que llevó el debate formalmente a las Cortes Generales. No era ésta la única demanda esgrimida, ya que en aquel momento, y durante todo el periodo previo al estallido de la actual crisis, el crecimiento económico continuado, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la modernización del sistema productivo generaban la legítima aspiración de conseguir que los trabajadores obtuviesen un mayor provecho de su cualificada aportación, no sólo con salarios justos, sino también con condiciones de trabajo adecuadas, estabilidad, seguridad, derechos sociales, y, también, una reducción de la jornada que permitiese un mejor reparto del empleo y una mayor dedicación personal a otras actividades que no fuesen las estrictamente laborales.
Apenas una década después, el contexto ha cambiado profundamente, tanto en lo que se refiere a las circunstancias económicas generales como en lo concerniente a los objetivos y reivindicaciones sociales y sindicales. Parecería fuera de toda realidad desempolvar peticiones como aquéllas, aunque su sentido y construcción teórica tengan un valor objetivo irrenunciable. Al mismo tiempo, el caballo de batalla ya no es alcanzar esa mejora sustancial, sino evitar que la reducción de los sistemas de protección pública, la pérdida de empleos y la transformación de las relaciones laborales socaven principios que hasta hace poco entendíamos intocables.Con escaso disimulo aunque inquietante éxito, se nos pretende inculcar un nuevo dogma de fe en virtud del cual las conquistas de los trabajadores, la representación sindical y la consideración colectiva de la fuerza del trabajo son, prácticamente, impedimentos para el crecimiento económico.
Seguramente es oportuno –y posiblemente inevitable- adaptar aspiraciones a los tiempos y, en un momento de dificultades, adquirir conciencia sobre la necesidad de esfuerzos colectivos. Tampoco se puede desconocer, en el diagnóstico de los problemas del sistema productivo, la existencia de disfunciones que hacían necesario replantear algunas reglas de juego en la contratación y en las relaciones laborales. Ahora bien, cuando se realiza el análisis sobre las causas de la crisis y los cambios que hay que introducir para salir de ella, resulta frustrante, y es sin duda interesada, la pretensión de ciertos sectores de cargar las tintas en las supuestas dificultades que determinados derechos laborales y sociales representan para la agilidad de la actividad. Esta advertencia conviene destacarla cuando, con escaso disimulo aunque inquietante éxito, se nos pretende inculcar, desde un pensamiento económico dominante y bien pertrechado de instrumentos de divulgación, un nuevo dogma de fe en virtud del cual las conquistas de los trabajadores, la representación sindical y la consideración colectiva de la fuerza del trabajo son, prácticamente, impedimentos para el crecimiento económico. Igualmente, cuando se impone el discurso de que sólo el empresario “crea riqueza” se incurre en una falacia tremendamente interesada, porque se minusvalora de inicio la indispensable contribución del trabajador. Y, cuando se vinculan casi exclusivamente los problemas de productividad y de competitividad de la economía a los derechos laborales y sus costes, se desvía la atención de las enormes deficiencias de liderazgo, visión estratégica, habilidad para la innovación y capacidad de anticipación que han demostrado muchísimos responsables en quienes han residido las principales decisiones empresariales en los últimos años.
En definitiva, son precisamente momentos como estos en los que debe adquirir especial consideración la fuerza del trabajo y los derechos de aquéllos que la incorporan en el proceso productivo. De este modo, en la invocación al compromiso y sacrificio común propia de esta coyuntura, cuando es a la mayoría social a la que se le requiere ese especial empeño, es imprescindible no perder de vista que hace falta equilibrio y proporcionalidad en el reparto de cargas y que el objetivo debe ser, cuanto antes lo permitan las circunstancias, recuperar una agenda de recuperación y mejora de derechos sociales y laborales.
Algunas esperanzas no tan lejanas
