Crisis y estado autonómico

En los últimos meses, en el contexto de la crisis económica y la fuerte crítica a la actuación de los poderes públicos ante aquélla, ha adquirido cierta fortuna una tendencia de recelo hacia las comunidades autónomas que, incluso, ha comportado propuestas de retorno a un patrón territorial centralista y al cuestionamiento del proceso autonómico en su conjunto.
Merece la pena detenerse a analizar esta situación, que resulta novedosa en el panorama político, por la relativa intensidad de este movimiento de opinión, y porque ha tenido algún impacto en las encuestas sobre valoración del proceso autonómico, también en Asturias, detectándose un incremento de las posturas suspicaces ante éste, dentro de una aceptación del modelo que continúa siendo claramente mayoritaria.
Forma parte de cierta lógica que, en un escenario de acusada desconfianza (un tanto hueca y en parte inducida desde determinados intereses) hacia gobernantes y administraciones, las comunidades autónomas, cuyo ámbito competencial es ahora mucho más relevante que en cualquier situación de crisis anterior, sean objeto de mayor escrutinio que en el pasado reciente, y, por lo tanto, blanco también de más reproches. También es cierto que, hasta hace bien poco, la fase de más intenso desarrollo autonómico, desde las reformas estatutarias de finales de la década de los 90 hasta la actualidad, tuvo lugar en unas circunstancias económicas diferentes, ya que, aunque las causas de la crisis se estaban gestando, el entorno era el de ingresos públicos crecientes y presupuestos de las administraciones expansivos; precisamente es en el actual marco desfavorable en el que la madurez institucional y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas debe también demostrarse, cuando priorizar y mejorar la eficiencia del gasto se hace inexorable. Es en el actual marco desfavorable en el que la madurez institucional y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas debe también demostrarse, cuando priorizar y mejorar la eficiencia del gasto se hace inexorable.A esto se une un intenso dinamismo del modelo autonómico que debe acompasarse con la necesaria estabilidad institucional y la oportunidad de fijar, con relativa vocación de permanencia (quizá con reforma constitucional incluida), las reglas de distribución territorial del poder.
Ahora bien, se detecta en algunos sectores políticos y mediáticos una manifiesta intención de cargar las tintas desproporcionadamente frente a las comunidades autónomas, que no se sostiene precisamente en la razonable pretensión de ajustar el modelo territorial, sino que revela un verdadero deseo de desquite frente al proceso de descentralización. Conviene estar en guardia frente a esta corriente, porque hay múltiples argumentos favorables al modelo autonómico, en el balance general y en perspectiva. Las posiciones recentralizadoras, además, forman parte de una estrategia más amplia dirigida no sólo a minar la construcción de un Estado inclusivo de la diversidad territorial española, sino también encaminada a reducir drásticamente la capacidad de intervención de los poderes públicos (especialmente en la realidad socioeconómica), sean éstos estatales, autonómicos y locales.
Conviene recordar que la generalización del modelo autonómico, sin diferencias competenciales o institucionales excesivas, ha otorgado un papel relevante a comunidades (no precisamente aquéllas en las que el sesgo nacionalista es predominante) que se encontraban en un segundo plano y que de otra manera se verían perjudicadas por los desequilibrios territoriales. La mejora general de servicios como los sociales, sanitarios o educativos (en Asturias los mejor valorados en las citadas encuestas, de forma correlativa a un avance más notable) tiene como protagonistas a las comunidades autónomas que los gestionan, aunque no quepa desconocer los importantes riesgos de sostenibilidad del sistema a los que hay que dar respuesta inaplazable. Además, cabe subrayar que cuando se habla de modelo autonómico no sólo se trata de analizar las posibilidades de mejor gestión y de atender adecuadamente las demandas más cercanas, lo que de por sí es importante, sino también de profundización democrática y de reconocimiento de la capacidad de autogobierno –dentro del marco constitucional-, aspecto de trascendencia política más elevada y que ya es consustancial al sistema político de España, sin que quepa prescindir de él a menos que se quiera poner en entredicho el modelo de convivencia.