Este asturiano nacido en Grado rompe el estereotipo del juez distante, frío y elitista. Pertenece a esa nueva generación de magistrados cercanos al ciudadano, autocríticos que han sabido aportar un aire fresco a la judicatura. El delegado en Asturias de Jueces para la Democracia, es además juez en Luarca y muestra su preocupación ante las últimas propuestas de reforma de la justicia.
-A principios de año, el ministro de Justicia Ruiz-Gallardón anunciaba una batería de reformas que contempla cambios en la ley del menor, prisión permanente, ley del aborto, etc. Como denominador común se propone un incremento de las penas; ¿con qué objetivo?
-Este tipo de reformas son represivas y regresoras. En el fondo, parecen perseguir titulares en la prensa y acaban dando una imagen de que la sociedad española es especialmente violenta, cuando no es así. Se da la gran paradoja de que la tasa de población reclusa española es una de las mayores de Europa -somos el segundo país después de Inglaterra-, mientras que el índice de delitos violentos cometidos es muy bajo. Por tanto, esa imagen no se corresponde con la realidad. Se aprovechan situaciones excepcionales -como el caso de Marta del Castillo- para dar un efecto propagandístico que justifique el innecesario incremento de penas. Se trata de generar una sensación de violencia, de temor, para luego justificar la respuesta: más pena, más sanción.
-La reforma laboral aprobada unilateralmente por el gobierno, es uno de los mayores atentados a los derechos fundamentales de los trabajadores. En el fondo, ¿a quién beneficia esta reforma?
-Nosotros manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores en sus reivindicaciones y nos adherimos a la convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos. Es una reforma regresiva que beneficia a aquellos poderes económicos que están detrás de la desregularización del mercado de trabajo, quizá para equipararnos al sudeste asiático. El objetivo no es bajar las cifras del desempleo sino aumentar el despido para conseguir más competitividad. Las medidas propuestas son conocidas: despido fácil, flexibilidad laboral, reducción de salarios, empresarios que pueden alterar unilateralmente las condiciones laborales… por ahí van los tiros.
«Se aprovechan situaciones excepcionales para dar un efecto propagandístico que justifique el innecesario incremento de las penas»
-Estamos en medio de una crisis hipotecaria que está arruinando a miles de familias, y aquí sí se esperaban reformas por parte del Gobierno. La única propuesta lanzada hasta ahora es un código de buenas prácticas para el sector bancario sin carácter vinculante.
-Sin duda es necesaria una reforma en materia hipotecaria, son muchos los afectados. Este código que se ha propuesto es ineficaz y va a beneficiar a muy pocos, ya que se establece dentro de un marco muy restrictivo. No solucionará el problema, que es cada vez más grave. Pero mientras tanto, todo lo que pueda aliviar a los deudores hipotecarios creo que viene bien, aunque sea de adhesión voluntaria por parte de las entidades. Yo creo que al final no habrá banco que no lo firme, aunque sólo sea por imagen.
-El Juez Garzón acaba de ser inhabilitado once años por ejercer su profesión, mientras los implicados en la trama Gürtel están en la calle. El ciudadano se pregunta qué tipo de justicia tenemos en este país.
-Es comprensible que la ciudadanía esté desconcertada y no entienda lo ocurrido. También es verdad que el juez Garzón tenía abiertos tres asuntos distintos de diversa índole. En este tema no voy a decir nada al respecto porque asociados nuestros forman parte de ese jurado. Personalmente, entiendo a la ciudadanía y creo que quizá no se ha explicado bien el tema.
«Me preocupa el desamparo de los consumidores cuando se enfrentan a las entidades financieras»
-¿Existe una justicia, por decirlo así, de ámbito local -su día a día en el Juzgado- y otra, la que vemos en los medios de comunicación?
-Sí, sí que la hay. Hay niveles donde la justicia está fuertemente politizada, donde las decisiones tienen trascendencia política. En mi juzgado no existen esas presiones, actúo con total independencia y sin ningún tipo de temor. No me veo en la obligación de agradar a nadie, ni nadie me lo ha pedido nunca. La imagen que se traslada y que percibe el ciudadano no es buena, aunque sean casos muy contados. Afortunadamente, el 95% de la justicia que se hace en España no tiene nada que ver con eso.
-Si criticar las sentencias es algo legítimo, ¿por qué se enfadan tanto los jueces ante las críticas que reciben?
-Bueno, hay que ir por partes. Por un lado entiendo que los jueces tenemos una mala política comunicativa. No solemos explicarnos, ni dar la cara. Pero otras veces las sentencias son muy complicadas de entender y de explicar, y también de resumir en un titular o artículo de un periódico. Algunas veces lees cosas que no reflejan para nada lo que dice la sentencia… Vamos, hay de todo. Desde Jueces para la Democracia intentamos acercar la justicia al ciudadano lo más posible. Romper ese hermetismo y distanciamiento que se produce. Como delegado, hago de enlace con la prensa, participo en jornadas, charlas, allí donde nos invitan.
-Hablamos de otro tema polémico: el indulto concedido por el Gobierno popular al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, mientras cientos de personas cumplen sus condenas íntegras. ¿Hay una justicia para ricos y otra para pobres?
-Es una situación que llama la atención. Me pregunto si todos los que están condenados han sido atendidos con la misma diligencia. No voy a entrar en si merecía o no el indulto. Sí en que la figura del indulto no está muy de acorde con la división de poderes, parece más bien una prerrogativa de otra época.
«Nosotros manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores en sus reivindicaciones y nos adherimos a la convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos»
-El ministro de Justicia propone que la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la realicen los propios jueces para ‘acabar con la politización de los órganos judiciales’. Otra medida polémica…
-Como asociación siempre estuvimos en contra de esta propuesta en la medida en que el CGPJ es un órgano constitucional, es decir, regulado en la Constitución. Su finalidad no es ser la representación sindical de los jueces sino un órgano de gobierno, en el que al ser constitucional, tiene más sentido que haya una representación de la participación democrática. Actualmente es un sistema mixto donde los jueces proponen una serie de candidatos y el parlamento elige dentro de ese grupo. Consideramos que está compensado. Cambiar el sistema no va a terminar con la politización.
-Si como juez tuviera que proponer una reforma judicial en Asturias, ¿por dónde empezaría?
-Empezaría reestructurando los juzgados. Tenemos un sistema judicial que está basado en los partidos judiciales del siglo XIX. Un sistema de juzgados aislados que funcionan con dotaciones independientes, por tanto con un coste muy elevado: un edificio, un juez, un secretario y un equipo de funcionarios. Al final faltan medios y los servicios que hay no se prestan de manera eficiente, no son operativos. Tendríamos que aproximarnos al modelo francés, crear tribunales de instancia, un tribunal único desde el que se reparta el trabajo y también facilite la movilidad laboral. Hoy por ejemplo, nos podemos encontrar con un juzgado que lleva los expedientes al día con una plantilla de diez funcionarios y al lado otro sobrecargado, con cinco trabajadores que no dan abasto. Esto es ilógico. También debería existir más flexibilidad dentro del propio órgano judicial. Una concentración de juzgados permitiría una gestión más económica y eficaz. En Asturias existen dieciocho partidos judiciales y son demasiados.
-¿Cuál es su mayor preocupación como juez?
-El desamparo con el que se encuentran los consumidores, sobre todo cuando se tienen que enfrentar a las entidades financieras. A veces ves cómo funcionan las entidades financieras y piensas cómo se pueden cobrar estos intereses tan impunemente durante años… Esta situación la observo con mucha frecuencia. De poco sirve que los consumidores tengan derechos si no existen mecanismos de protección eficaces frente a los abusos.