Aunque el gobierno central habla de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y hacer más sostenible el sistema, la realidad es que los nuevos recortes aplicados a la Ley de Dependencia, la dejan ‘prácticamente derogada de una forma velada’. La Directora General de Atención a la Dependencia, Clara Costales explica algunos de los ajustes que están obligadas a aplicar las Comunidades Autónomas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley del 13 de julio.
-¿En qué situación queda Asturias después de este nuevo recorte y qué margen de maniobra tiene el gobierno del Principado?
-El margen de maniobra es mínimo por no decir ninguno, ya que además de la reducción de la intensidad de servicios que impone el Decreto, se produce una reducción de la aportación económica del Estado a las Comunidades Autónomas. Lo que sí podremos garantizar aquí en Asturias es que no se detendrá la aplicación de la Ley de Dependencia. Es cierto que el Decreto obliga, en la práctica, a revisar todas las prestaciones concedidas anteriormente -unos quince mil expedientes- para ajustarlas al nuevo baremo y debido a ello, muchas Comunidades Autónomas han anunciado que en 2013 no podrán dar de alta en el Sistema de Dependencia a nuevos beneficiarios. Nosotros en Asturias vamos a hacer las dos cosas: revisar todo lo anterior y dar de alta a nuevos beneficiarios, aunque a un ritmo más lento del que teníamos hasta ahora.
-La ministra Ana Mato ha comentado que esta Ley tal y como estaba diseñada era insostenible y necesitaba un cambio urgente: se beneficiaban más personas de las estimadas y ello suponía un gasto adicional. ¿Está de acuerdo con esta valoración?
-Insostenible la hicieron ellos, a raíz de esta última reforma donde reducen la asignación económica a las Comunidades Autónomas en un 13%. Además, la han desvirtuado al reducir a la mitad las horas de ayuda a domicilio, al reducir en un 15% la paga a las cuidadoras familiares que son las que menos cobran, al considerar incompatibles los distintos servicios, al alargar los plazos para resolver las evaluaciones (de seis meses a dos años)… todo ello obliga a retrasar el proceso, sin que se pague por ese retraso al dependiente. Aunque la ministra diga que quiere hacer más sostenible el sistema, lo que hace es debilitarlo.
«Estamos obligados a aplicar esos recortes»
-El ciudadano percibe con indignación cómo, una vez más, la crisis la acaban pagando los más desfavorecidos.
-El paquete de reformas de julio no tiene una motivación económica -las cifras lo demuestran-, es algo puramente ideológico. Que se eliminen prestaciones por desempleo, que se pongan problemas a la reinserción laboral, que se recorte la Ley de Dependencia, todo ello junto, no va a solucionar la situación económica de España pero sí elimina poco a poco lo que ideológicamente más molesta al Partido Popular: el Estado del Bienestar. Y para nosotros, un gobierno socialista, aplicar estos recortes es algo muy doloroso porque creímos en esta ley que además ha generado empleo, riqueza, bienestar social y sobre todo calidad de vida para los dependientes.
-¿Por qué se aplica la Ley de Dependencia de forma tan distinta en las diferentes comunidades autónomas?
-En el momento en que se aprobó la Ley no todas las comunidades tenían la misma red de servicios. En Asturias teníamos una que era pionera. Se había hecho un esfuerzo importante en el número de plazas públicas y concertadas a mayores y discapacitados, cosa que no existía en otras Comunidades Autónomas. Una vez aprobada la Ley de Dependencia, se siguió avanzando en la inversión para ampliar servicios. En algunas autonomías no existen plazas ni públicas ni concertadas, no hay centros de día ni de ayuda a domicilio. La aplicación de la ley permite desigualdades porque el catálogo de servicios que propone no es obligatorio. La ley contempla que si no hay plazas públicas para ofrecer, existe una dotación económica vinculada al servicio para que vayan a una privada y paguen con eso.