El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias.
Para quien conoce de cerca la actividad de los ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.
La cortina de humo empleada, y que efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero, dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que, en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio.
No es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.
Si la reforma en ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.
Lo que se persigue, en definitiva, es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde las que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito, y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a la realidad de a pie.
Ni que decir tiene que el objetivo ideológico –reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.