La corrupción se convierte en el cuarto principal problema para los españoles, según el último barómetro del CIS. Poner freno a esta lacra pasa por la elaboración de una ley de transparencia. El Consejo de Ministros acaba de presentar un anteproyecto de Ley, mientras que el Gobierno del Principado ha dado luz verde a la Estrategia de Transparencia y Buen Gobierno. De ambos habla Miguel Presno Linera, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.
-España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. ¿La ausencia de este tipo de legislación favorece los casos de corrupción?
-Sí. Si las contrataciones y adjudicaciones que hacen las Administraciones Públicas están a disposición de todos, si la relación de ingresos y gastos de todas las entidades que reciben dinero público puede ser conocida con facilidad, es mucho más difícil que pueda haber prácticas corruptas y, caso de haberlas, su denuncia sería mucho más sencilla. El «poder de vigilancia» de la transparencia puede aportar una forma de control de las instituciones por parte de la sociedad. La transparencia es fundamental para restablecer la confianza en el sistema democrático.
-En síntesis, la transparencia implica que la actuación de todas las entidades públicas, y de las privadas en tanto receptoras de dinero público, debe poder ser conocida de manera sencilla y rápida por cualquier persona; eso supone que deben estar accesibles, tanto física como electrónicamente, la relación de ingresos y gastos, el organigrama, las decisiones que se toman y los informes y documentos que las justifican…
Buen gobierno es una expresión redundante, pues toda institución tendría que regirse por los principios del Estado de Derecho –sometimiento a normas y exigencia de responsabilidad en caso de incumplirlas- y del Estado democrático, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones y rindiendo cuentas de forma periódica.
«Si las contrataciones y adjudicaciones, los ingresos y gastos que hacen las Administraciones Públicas pueden ser conocidos con facilidad, es mucho más difícil que pueda haber prácticas corruptas»
-El Consejo de Ministros acaba de presentar el Anteproyecto de Ley de Transparencia, que a juicio de algunos expertos contempla múltiples excepciones y deja puertas abiertas. ¿Cuál es su análisis?
-El análisis, en opinión bastante extendida, es muy crítico. En primer lugar, por la no inclusión del derecho de acceso a los documentos como parte del derecho fundamental a recibir información garantizado por el artículo 20.1. d) de la Constitución, lo que obligaría a su tramitación como Ley Orgánica, a una interpretación más restrictiva de los límites al acceso y permitiría, en el caso de los archivos y registros públicos, acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
El segundo elemento de opacidad en la aplicación de la Ley es que destaca sobremanera la omisión de la Casa Real. En tercer lugar, se incluyen numerosas y no bien precisadas causas en las que el derecho de acceso podrá ser restringido: cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medio ambiente.
En cuarto lugar, se establece el carácter negativo del silencio de la Administración. Y finalmente, es cuestionable que la Autoridad que controlará la aplicación de la Ley esté adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tendría que ser una Autoridad independiente.
«La transparencia es fundamental para restablecer la confianza en el sistema democrático»
-El Consejo de Gobierno del Principado acaba de dar luz verde a la «Estrategia de transparencia, gobierno abierto y administración electrónica», previa a la Ley que quieren aprobar en los próximos meses. ¿Su valoración?
-De momento no se ha remitido el Proyecto al Parlamento asturiano pero me parece positiva la voluntad del Gobierno de elaborarlo y la de los grupos de la oposición de debatirlo y, en su caso, aprobarlo.
Me parece importante que el Proyecto sea ambicioso y que parta del principio de la publicidad activa: las propias entidades deben facilitar la información antes de que la reclame el ciudadano. No creo que deba incluir consideraciones éticas, por lo demás obvias, sino obligaciones jurídicas claras y un régimen de infracciones y sanciones. Tampoco me parece necesario un «portal de Transparencia» pues toda la Administración tiene que ser transparente. Únicamente, si fuera un lugar centralizado que ofrece toda la información. Me parece relevante que se conciba el acceso a la información como un derecho ciudadano; también que las excepciones a la información sean las mínimas posibles.
• Opacidad para la Casa Real.
• Numerosas restricciones a la Ley.
• Silencio administrativo ‘negativo’: Sin resolución, queda desestimada la solicitud.
Según palabras del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, el objetivo es «reforzar el control de los ciudadanos sobre las instituciones autonómicas asturianas, mejorar la calidad democrática y el servicio público, e intensificar los mecanismos de rendimiento de cuentas por parte de los representantes públicos a la sociedad». La intención del Ejecutivo es aprobar el proyecto de Ley en los próximos meses para iniciar su debate y posterior votación en el Parlamento en la segunda mitad del año. «Pasamos de un modelo donde la ciudadanía actúa como espectadora a otro que promueve su participación en las políticas públicas» La futura Ley de Transparencia es uno de los compromisos adquiridos por el presidente del Principado Javier Fernández cuando tomó posesión de su cargo. Ya en aquel momento, él y los ocho consejeros de su gobierno publicaron sus declaraciones patrimoniales en la web del Principado. Ahora ese gesto se pretende ampliar al conjunto de la Administración regional junto a otras medidas. Habrá que estar atentos a los próximos meses, después de que el proyecto de Ley sea remitido al Parlamento para su discusión y posterior aprobación.
La estrategia propuesta por el Gobierno del Principado se hará desde dos frentes: por un lado, buscará garantizar el acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información pública; y por otro, promover los canales necesarios para la participación directa. «Pasamos de un modelo 1.0, donde la ciudadanía actúa como espectadora de las acciones del Gobierno, a un modelo que se abre a sus demandas y permite y promueve su participación en los procesos de elaboración y desarrollo de las políticas públicas», explica el consejero. Un paso más hacia la denominada política 2.0, donde el ciudadano puede explotar de una forma más integral a la información pública utilizando los avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El reto, acercar la transparencia a la vida cotidiana.
(*)Datos del último informe de la organización Transparencia Internacional España.
6 Compromisos
- Consulta pública. Se pondrá en marcha un período de consulta pública a través de internet para que los asturianos que lo deseen puedan realizar sus alegaciones y propuestas. En paralelo tendrá lugar un ciclo de conferencias y debates con la participación de expertos en la materia.
- Creación de un Portal de Transparencia donde se podrá encontrar información nueva hasta ahora no accesible al ciudadano, así como información más organizada y antes dispersa por las distintas administraciones.
- Open Data: Se iniciará un proceso de apertura de datos para que tanto ciudadanía como empresas puedan reutilizar la información pública que genera el Gobierno del Principado.
- Más trámites on line: Se amplía la cartera de servicios aprovechando los nuevos avances en materia de administración electrónica.
- Nuevos espacios de participación: Ampliación de espacios web para canalizar consultas y propuestas ciudadanas.
- Evaluación continua de las políticas públicas de la Administración del Principado.