Con la campaña ‘Exige dignidad’ la sección española de Amnistía Internacional pone el acento en las causas de la pobreza y sobre todo en los responsables: gobiernos, organismos internacionales y empresas deberían rendir cuentas por los abusos y las carencias que generan.
Francisco Javier Fernández, presidente de AI en Asturias, insiste en que no es imposible y en que hay mecanismos para hacerlo.
-Desde AI se afirma que la pobreza no es inevitable, sino provocada. ¿Por quién?
-Yo creo que lo primero que hay que hacer es una afirmación: la pobreza no es una cuestión económica. Es fundamentalmente una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, estamos acostumbrados a recibir una explicación de tipo económico, y ahí más o menos cuadra todo: cuál es la deuda, si sube o baja, a quién hay que pagar… Pero sabemos por ejemplo que hay suficientes recursos para alimentar a toda la población mundial. O que, por hablar de España, hay vivienda para todo el mundo. Si no se cubren estas necesidades es en primer lugar porque no hay voluntad política, porque los Estados y las instituciones no atienden a las responsabilidades que tienen en esta materia; y también a los organismos que anteponen sus intereses comerciales a los de la población general.
-¿A quién reclamar?
-Todos estos derechos están reconocidos, no solamente en la Declaración de Derechos Humanos, sino por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El problema es que este pacto no está ratificado por todos los países del mundo, por ejemplo Estados Unidos no lo reconoce. España sin embargo sí, y eso supone que periódicamente tiene la obligación de comparecer ante una comisión. El resultado en 2012 fueron una serie de recomendaciones muy duras al gobierno español, diciendo que las medidas de austeridad están perjudicando los derechos humanos. Y habla de temas muy concretos, como el incremento de la tasa de desempleo, que afecta especialmente a las personas jóvenes, o del derecho a la vivienda, recomendando una reforma legislativa que faculte la dación en pago, o la educación como uno de los derechos que más ha sufrido las medidas regresivas. Este informe pasó totalmente desapercibido, no sólo a la opinión pública, sino que no se mencionó ni en el Parlamento ni en el Congreso. Y si esto ocurre en un país que se somete al comité, no digamos en otros que no tienen reconocido este instrumento.
En este sentido, desde AI estamos trabajando para que entre en vigor un protocolo facultativo a este espacio internacional, por el que cualquier persona individual que vea vulnerados sus derechos pueda presentar una queja.
«La pobreza no es una cuestión económica, sino de derechos humanos»
-¿Quiénes son los pobres del siglo XXI?
-Si nos remontamos a las políticas neoliberales de los años ochenta, con ejemplos como Thatcher o Reagan, en España por ejemplo hubo un impacto con la reconversión industrial, pero el impacto mayor fue en los países del Tercer Mundo, sobre todo en América Latina y Africa, y es cuando empezamos a hablar de deuda. Eran países a los que habían obligado a implementar una serie de políticas que los habían metido en una rueda de deuda creciente e impagable, que había empobrecido a capas muy importantes de la sociedad. Pero eso que en los años ochenta nos sonaba a otros países, ahora lo tenemos encima, y hablamos exactamente de lo mismo: la deuda que sube, las políticas cada vez más restrictivas, las capas más pobres de la población que aumentan. En España, según datos de Cáritas, un 22% de la población se considera por debajo del umbral de pobreza. Y además los que más lo sufren son los niños, lo que es especialmente grave porque hipoteca el futuro: son niños que van a estar mal alimentados y van a tener menor acceso a la salud, menor acceso a la educación…
-Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional declararon en 1999 como objetivo primordial reducir la pobreza en el mundo, pero son los responsables de las políticas los que la están aumentando ¿Cómo romper esta trampa?
-Es una vergüenza. Ya se sabe que los objetivos del milenio, que son para 2015, no se van a cumplir ni por asomo, cuando eran unos objetivos bastante pobres, que hablaban de reducir la pobreza a la mitad, pero no se va a llegar ni a eso. Desde luego organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o incluso otros dependientes de Naciones Unidas, no están trabajando con ese objetivo.
En ese sentido, también hay que desenmascarar de quién se habla cuando se habla de los mercados. Porque no se trata del mercado de intercambio de bienes y servicios, sino de mercados financieros, que son los que tienen el poder desde los años noventa. Son grandes empresas, y no tan grandes, propiedad de empresarios o de grupos financieros a los que hay que poner nombre y apellidos. Y no sólo saber quienes son, que ya se sabe, sino arbitrar medidas para que rindan cuentas de sus acciones.
«Hay que arbitrar medidas para que los responsables de la pobreza rindan cuentas de sus acciones»
-Uno de los retos de AI es juzgar a los responsables de la pobreza. ¿Cómo?
-Primero diciendo que no es una utopía. Hace treinta años se creía imposible juzgar a los responsables de las torturas de los genocidios, y en varios casos se ha conseguido vía el Tribunal Penal Internacional. Hay que pedir a los tribunales internacionales que actúen, y a los gobiernos que no obstaculicen esa actuación. Esto último es muy importante, porque a menudo hay connivencia con las grandes empresas, cuando deberían implantar algún mecanismo de rendición de cuentas. Y pongo un ejemplo en Asturias: hace unos diez años propusimos al gobierno regional una medida muy sencilla para promover los derechos humanos, y era que las empresas asturianas que recibiesen ayudas públicas para exportar o asentarse en otros territorios se comprometiesen con el Código de Conducta de Naciones Unidas de las empresas transnacionales, que obliga a una serie de parámetros relacionados con derechos humanos. Y no hubo manera. Es decir, que los gobiernos a menudo se llenan la boca con estos temas, pero al final no se comprometen.
-¿Acabar con la pobreza es cuestión de voluntad política?
-Es cuestión de dos cosas. Primero, de voluntad y de liderazgo político, que es una cosa que falla estrepitosamente, cuando todo está sometido a los intereses económicos. Y segundo, los tribunales internacionales y todos los mecanismos que ya existen deberían tener un mayor papel de supervisión de los Estados.
Yo creo que esto no se va a lograr hasta que no haya una movilización global, internacional. Aquí ha habido un tímido intento con el 15M, pero hay que sumar el «15M» de todos los países: las revueltas árabes, Occupy Wall Street… Es el movimiento ciudadano el que puede obligar a los políticos a que asuman su responsabilidad, porque si no lo hacen, su papel lo toman directamente los intereses económicos, como hemos visto en el caso de Italia, donde han puesto a un tecnócrata que va a directamente a hacer el trabajo.