La figura del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) llega tras la entrada en vigor de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, también conocida como la Ley de las tres «R» (8/2013 del 26 de junio).
Se trata de una norma que llega para complementar la anterior ITE, Inspección Técnica de Edificios, incluyendo dos nuevos aspectos que complementan la información sobre la edificación en un único informe: la Certificación Energética para Edificios Existentes y la Accesibilidad Física de los edificios, además de una descripción detallada de todos los datos relativos al edificio analizado. Se trata de proporcionar una información profesional sobre las características del mismo que sean orientativas para la realización de mejoras de rehabilitación.
¿Para qué sirve esta nueva regulación?
El Informe de Evaluación de Edificios es imprescindible para optar a las ayudas y subvenciones que contempla el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, como ya era obligatorio haber cumplimentado los trámites de certificación de Eficiencia Energética para proceder a la venta o alquiler de un inmueble. Se solicitará cuando los propietarios del edificio requieran ayudas para la rehabilitación de las zonas comunes.
Este informe da a conocer cuáles son las características del edificio en cuanto a seguridad, accesibilidad, habitabilidad y necesidades energéticas. Un año después de que entrase en vigor la obligatoriedad de las certificaciones energéticas, la guerra de precios, la desinformación y la falta de regulación por parte de las Comunidades Autónomas hacen que la implantación de la normativa haya sido confusa e ineficaz.
Certificación de eficiencia energética: camino de espinas
Esta normativa llegó para unificar los criterios dentro de la UE, que pretende que todos los estados certifiquen sus edificios, tanto los de nueva construcción –lo que en España ya se estaba realizando- como los nuevos.
Pero el arranque de la regulación, aprobada en el Real Decreto 235/2013, no ha sido exactamente como se esperaba. Para empezar, se contaba con su aprobación a comienzos del año pasado. El retraso fue de seis meses, tiempo durante el cual se generó una importante expectación, especialmente entre los profesionales, ya que la normativa llegaba en un momento en el que cualquier campo de trabajo era muy bienvenido. Rápidamente proliferaron cursos de capacitación a pesar de que no estaba muy claro quiénes podrían realizar este trabajo. A día de hoy, precisamente un aspecto que provoca bastante malestar entre los profesionales es el reparto de competencias. Si bien en un principio se indicó que serían los arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos los autorizados, más tarde se amplió y entraron como técnicos competentes otras ingenierías, tales como aeronáutica, agrónoma, minas, montes, naval o telecomunicaciones entre otras, así como las correspondientes carreras técnicas. La evaluación debe analizar aspectos como la orientación de edificio, el aislamiento térmico de fachada y cubiertas, calidad de las ventanas y rotura de puente térmico; además de un estudio del sistema de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria, entre otros factores. Arquitectos e ingenieros sostienen que otras ingenierías carecen de conocimientos específicos sobre construcciones, por lo que difícilmente están capacitados para realizar una valoración de calidad.
Esta confusión de competencias ha favorecido también que la apertura de este nuevo campo de trabajo generase una auténtica batalla campal de precios, en un abanico tan amplio que desorienta al usuario. Si bien es cierto que los profesionales, en este campo como en tantos otros, están tendiendo a rebajar sus tarifas a causa de la crisis económica, otra cosa es la avalancha de ofertas y el regateo de precios que se ha generado. Los profesionales que quejan de que el intrusismo ha quemado este campo de trabajo y que los precios excesivamente bajos no cubren los gastos del trabajo riguroso. Otra opción es sacrificar la meticulosidad para certificar rápidamente, sin comprobaciones técnicas in situ, dado que los programas informáticos permiten un amplio margen de datos por defecto. La guerra de precios compromete la calidad del trabajo.
«Se echa de menos una campaña informativa por parte de la administración –explica Alberto Sánchez, arquitecto técnico-. Los propietarios necesitan saber por qué es importante obtener una buena certificación. El desconocimiento hace que lo perciban como un gasto obligatorio más, al que no le ven la utilidad». Por esa razón también, una persona que va a alquilar un piso, entre uno más barato y otro con mejor calificación, elige el primero, aunque posiblemente sea el otro el que le va a hacer ahorrar más a medio plazo.
No obstante, a pesar de los desajustes de este primer año de vigencia de la nueva normativa, se espera que la equiparación con la Unión Europea sea a la larga beneficiosa y que el mercado se vaya regulando en la medida que los propietarios y consumidores comprendan las ventajas de obtener una buena calificación.