Con un altísimo porcentaje de fraude fiscal en España, los Técnicos de Hacienda se declaran desbordados. La falta de medios es el problema fundamental a la hora de plantear una estrategia que ataje el problema, en un sistema que beneficia claramente a las rentas más altas. Así lo explica el coordinador del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en Asturias.
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-Hay más de 5.500 millones de euros «sumergidos» en Asturias. ¿En qué sectores se concentra el fraude?
-El tamaño de la economía sumergida en España aumentó hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe «La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis», dirigido por el profesor Jordi Sardà (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona), en colaboración con el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). En Asturias esa cifra sería del 26% de nuestro PIB autonómico, unos 5.500 millones.
Por desgracia, como consecuencia de la crisis económica, la economía sumergida empieza a extenderse como una mancha por diversos sectores, más allá de lo que hasta ahora había sido su ámbito tradicional en nuestro país, la construcción, el textil o el calzado. Durante los últimos meses, a nivel nacional, están llegando a la Inspección de Trabajo decenas de denuncias por parte de los sindicatos procedentes del sector servicios y el comercio.
-Hay una parte de fraude que se detecta pero un porcentaje muy elevado que no. ¿Por qué razón?
-El actual sistema tributario es muy complejo, está plagado de modificaciones, deducciones, bonificaciones, reducciones, etc. Ello origina que el control de las declaraciones presentadas requiera mucho esfuerzo y unos medios humanos de los que muchas veces la Agencia Tributaria no dispone. En tanto no dispongamos de más personal dedicado a las tareas de control, unas sanciones más severas y una normativa menos complicada, no estamos atajando el problema. En estos momentos la complejidad normativa conduce inexorablemente al fraude y a la inequidad en el reparto de la carga impositiva; las rentas altas, mejor asesoradas, son las que tienen mayores posibilidades de eludir el pago de los impuestos aprovechando las grietas del sistema, mediante mecanismos de planificación fiscal agresiva o, directamente, mediante la defraudación. Por eso a veces sentimos que tenemos las manos atadas en la lucha contra el fraude.
«La Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada»
Mientras no se actúe de verdad, y entre todos convirtamos el fraude fiscal en un mal negocio, por las graves consecuencias económicas y penales, y por el reproche social que conlleve su descubrimiento, no conseguiremos reducir la elevada tasa de fraude que tristemente padecemos. Por extraño que parezca, el defraudador goza del derecho al carácter reservado de los datos obtenidos por la Agencia Tributaria en sus comprobaciones; de forma que no es posible publicar un listado con los mayores defraudadores del país. Sólo los expedientes tramitados como delito -una pequeñísima parte- llegan al conocimiento de la opinión pública.
-Denuncian que somos el país europeo con menos medios para luchar contra el fraude fiscal. ¿Qué no se está haciendo?
-Efectivamente, en España contamos con un trabajador en funciones tributarias a tiempo completo por cada 1.928 ciudadanos, frente a los 729 de Alemania, los 860 de Francia, los 719 de Dinamarca o los 551 de Luxemburgo, por poner unos ejemplos. Partiendo de estos datos y si tenemos en cuenta que en España el fraude fiscal casi duplica el de los países más avanzados de la UE, a los que pretendemos equipararnos, no se explica que nosotros contemos con menos de la mitad de personal que esos países, donde los niveles de fraude son mucho menores. Ahora bien, este dato quizás sirva para explicar, al menos en parte, el alto nivel de fraude que padecemos en nuestro país, donde el riesgo de ser descubierto es -de entrada y por simple probabilidad estadística- muy inferior al que existe en países en los que existe mayor control y penas más elevadas para los que cometen delito fiscal. Pero es más: dada la congelación de la oferta de empleo público cada año que pasa disminuye la plantilla de la Agencia Tributaria.
Hace tiempo oí decir a un directivo de la AEAT que cada «peseta» invertida en nosotros revertía a la Hacienda Pública multiplicada por 30. Por ello nunca he entendido esa reticencia de los gobernantes de turno, con independencia de su color político, a incrementar la plantilla destinada a labores de comprobación e investigación. Nada sería más rentable y moralizador para una sociedad en crisis como la nuestra.
-Ustedes emiten cada cierto tiempo una serie de informes y denuncian que no son tenidos en cuenta por el Ministerio a la hora de elaborar la política fiscal. Afirman que en el fondo no se persigue el fraude. ¿Me lo puede explicar?
A nuestro juicio, la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal, con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en lo más fácil, como es el control de las rentas del trabajo y de los pequeños autónomos, en lugar de inspeccionar lo más difícil, que son las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión y la elusión fiscal en nuestro país.
-¿Está muy extendida la cultura de fraude?
-En España existe una cultura del fraude que nadie puede negar, y los ciudadanos así lo perciben. Según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 90% piensa que en España existe mucho (61%) o bastante (31%) fraude fiscal; el 73% opina que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para combatirlo; y el 75,6% cree que se deberían dedicar más recursos para luchar contra él.
Por lo tanto, en lugar de hacer como que no pasa nada o negar lo evidente, es hora de que los poderes públicos reconozcan la gravedad del problema, y se ataque de frente y con contundencia. Construyamos entre todos una cultura de tolerancia cero con la evasión y la elusión fiscal. Ello requerirá sin duda mano dura contra los defraudadores, pero también cambios normativos y un proceso de concienciación e información a la ciudadanía, empezando en los colegios. Este proceso debería ser liderado por la élite política y empresarial, que debería actuar como modelo para cambiar una sociedad salpicada por la crisis, el paro, la corrupción y los escándalos fiscales. Porque, no lo olvidemos, como dijera Einstein, «dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única».
Para nuestra desgracia, hoy por hoy, ese ejemplo no existe. Al contrario, los billetes de 500 euros, los sobres con dinero negro, las cuentas secretas en Suiza y la utilización de paraísos fiscales son noticia cada día en los telediarios. Como es lógico, esto dificulta mucho el cumplimiento voluntario y de buen grado, de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, mayoritariamente cumplidora con sus obligaciones tributarias, que -con bastante razón- se siente burlada y apaleada
.»Nunca he entendido esa reticencia de los gobernantes de turno, con independencia de su color político, a incrementar la plantilla destinada a labores de comprobación e investigación»
-¿Por qué se relacionan los billetes de 500€ con el fraude fiscal?
-Pagar grandes cantidades de dinero en efectivo es un engorro además de un peligro, tanto para el que paga como el que cobra. Un ciudadano normal cuando adquiere un bien o un servicio de más de cien euros lo suele pagar con tarjeta o transferencia bancaria. Nadie lleva 2.000€ en la cartera. El que utiliza este medio de pago es casi seguro que lo hace por escapar al control del Fisco y no pagar impuestos, IVA y sociedades o IRPF. El retroceso de estos billetes se inició con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, donde el pago del dinero B en operaciones de compra-venta, era habitual con billetes grandes. No obstante, el 18% de estos billetes de toda la zona euro se atesoran en nuestro país. Un porcentaje que no se corresponde con el peso de nuestra economía.