El Parlamento asturiano es el primero en España en aprobar una Propuesta para la reforma de la Constitución. El texto, presentado por la plataforma Por una Democracia Directa y avalado por miles de asturianos, tiene como objetivo ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. La Propuesta ha sido remitida al Congreso de los Diputados.
Campaña Por la Democracia Directa. Cómo empezó todo…
En junio de 2011, un grupo de ciudadanos -sin ningún tipo de afiliación política ni sindical- entre los que se encontraban profesionales del derecho, de la comunicación, autónomos, precarios, o cooperativistas que habían participado en distintas asambleas del 15M en Asturias, deciden crear un grupo de trabajo. El objetivo es diseñar una acción de reforma de la Constitución, modificando tres artículos concretos que limitan la participación ciudadana y planteando una nueva redacción que contemple más herramientas democráticas para la toma de decisiones.
«No es una propuesta que atente contra el sistema representativo, como insinúan algunos, sino que se trata de introducir nuevos mecanismos de democracia que ya existen en otros países, como Italia, Irlanda, o EEUU. ¿Por qué aquí no?», se pregunta Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo y colaborador de la plataforma.
Las protestas en la calle son masivas en aquellos momentos. El Ejecutivo, apoyándose en su mayoría absoluta, desestima una y otra vez las peticiones de miles de ciudadanos: reforma laboral, ley Wert, ley electoral… Esto genera un clima de desafección entre muchos ciudadanos que deciden dar un paso al frente y tomar la iniciativa.
Desde tierras asturianas se difunde esta propuesta por toda España y en diciembre de 2011 se presenta ante los parlamentos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja, junto con todas las firmas recogidas hasta el momento en mesas ciudadanas. «Creamos la web www.porlademocraciadirecta.org, colgamos vídeos explicativos en YouTube, dimos charlas y conferencias, nos movimos por las redes sociales, repartimos folletos, íbamos con las mesas a mercados y fiestas donde hubiese afluencia de gente para poder explicar el proyecto de reforma… Aquí en Asturias es donde más firmas conseguimos, pero creo que si esto se pone en marcha en Cataluña o El País Vasco, hubiera tenido más difusión. Fue complicado que los medios se hicieran eco», apunta Presno.
De entre todas las comunidades autónomas nombradas, el Parlamento de Asturias es el único que toma en consideración el asunto. La plataforma se pone en contacto con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se hace eco de la iniciativa, y el 24 de mayo de 2013 se aprueba en el pleno de la Asamblea.
Tres artículos para el cambio: Más herramientas democráticas
Son tres los artículos de la
La propuesta es que una ley orgánica regule que la ciudadanía pueda promover referendos vinculantes recabando 500.000 firmas. Esto sería tanto para leyes votadas por las Cortes Generales, derogación de leyes en vigor o decisiones políticas de especial trascendencia.
Se propone también el cambio del artículo 92 para que las Iniciativas Legislativas Populares puedan tratar sobre materias propias de Ley Orgánica: Ley Electoral, Código Penal, huelga. Hasta ahora esta posibilidad está vetada, aunque sea respaldada por millones de personas.
La reforma del artículo 166 propone que la ciudadanía, en número de 500.000 personas, pueda promover la reforma de la Constitución. «En términos democráticos llama la atención que los ciudadanos integrados en el cuerpo electoral no puedan participar en la fase de iniciativa en una cuestión tan relevante como es la reforma de la carta magna. En cambio esta capacidad sí la tienen países como Suiza, Austria o Letonia», aseguran desde la Plataforma.
«No es una propuesta contra el sistema representativo, sino que se trata de introducir nuevos mecanismos de democracia que ya existen en otros países. ¿Por qué aquí no?»
¿Qué tiene de diferente esta propuesta?
La razón por la que ha sido admitida en los distintos parlamentos es porque se ajusta a derecho. Está bien construida jurídicamente porque ha participado en ella un equipo de académicos de primera línea, tiene la fuerza de ciudadanos de todos los estamentos y cuenta con el apoyo del Parlamento Asturiano. ¿Es viable una reforma de la Constitución a corto plazo? «Hay que ser realistas», opina Miguel Presno. «Una vez admitida la propuesta tendrá lugar un debate en el Congreso de los Diputados, lo que ya será otro logro. No obstante, somos conscientes de que el partido que votó aquí en contra es el Partido Popular, que además tiene mayoría absoluta en el Congreso. Así que suponemos que votará en contra y la iniciativa terminará ahí. Por el camino habremos conseguido que se hable del tema sin tapujos, que forme parte del debate ciudadano. Y también que quien vote en contra explique públicamente las razones de su negativa, por qué la considera inviable».
Asturias toma la iniciativa
Tras una ajustada mayoría el Parlamento asturiano -23 votos a favor y 22 en contra- ha sido el primero en treinta y cuatro años de democracia en apoyar una reforma de la Constitución para ampliar la participación ciudadana. ¿Están los ciudadanos españoles preparados para asumir esta responsabilidad? Presno recuerda que cuando se hizo la Constitución «se quería que hubiese un sistema de partidos. Veníamos de una dictadura y los ciudadanos en aquellos momentos no estaban preparados para participar activamente en la política. Pero era algo transitorio, en la medida en que la democracia se consolidase las cosas irían cambiando. Y al final no sólo no ha cambiado sino que ha ido a peor. Los partidos se han convertido en los únicos actores y los ciudadanos hemos pasado a ser espectadores. Pensamos que después de treinta y cinco años las cosas deben cambiar: la ciudadanía está preparada para dar este paso. Si somos maduros para elegir a nuestros diputados también lo seremos para tomar decisiones de manera responsable».
#Referendos vinculantes.
En nuestro país los referendos sólo pueden ser convocados por el Rey a instancia del Gobierno. Su resultado no es vinculante.
Imagínate que quieres opinar sobre la financiación de los partidos, el rescate bancario… o que estás de acuerdo con la dación en pago y el fin de los desahucios.
Proponemos que si se recogen 500.000 firmas se pueda plantear un referendum y que el resultado sea vinculante, es decir, que el Gobierno tenga que acatar lo que vote la mayoría.
#Iniciativas legislativas Populares plenas.
Actualmente las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) no pueden tratar sobre leyes orgánicas como por ejemplo leyes electorales, educativas, tributarias… No sabemos si estás de acuerdo o no con la Ley Wert o con la reforma de las pensiones, pero si eliminamos las limitaciones sobre las ILP podríamos opinar sobre las leyes que más nos afectan.
Proponemos que todas las leyes puedan ser abordadas por las ILP, aumentando así el margen de participación de los ciudadanos.
#Modificar la Constitución por Iniciativa Popular.
A día de hoy la Constitución es la norma más intocable de nuestro país. ¿Te gustaría eliminar de la Constitución el artículo que añadieron hace unos años para priorizar el pago de la deuda por encima de otros gastos estatales y prioridades sociales? Con este mecanismo podríamos convocar un referéndum para que todos decidamos, como ya sucede en otros muchos países.