Una de las polémicas del verano ha sido la aparición de la web institucional denominada «Madrid Versión Original» o «MadridVO» empleada por la Alcaldía de la capital para puntualizar informaciones aparecidas en medios de comunicación concernientes a cuestiones de actualidad municipal. La polvareda ha sido grande y las acusaciones (como a casi todo lo que proviene de Podemos y entorno), gruesas, sobre todo porque, principalmente en su inicio, la web confrontaba de manera más directa con las noticias provenientes de los medios privados y, por lo tanto, con éstos. Si le echan un vistazo podrán comprobar que, en la actualidad, viene más o menos a ser un repositorio de notas de prensa con las que se sale al corte, cual defensa central, ante las noticias u opiniones que se divulgan relativas a la actualidad madrileña que de alguna manera menoscaben al gobierno local. Sí llama la atención dicha vocación excesivamente defensiva, que el soporte sea una página diferenciada y dedicada específicamente a tal fin (desnuda de otro contenido e incluso de enlaces al portal institucional municipal) y, lo peor, el propio nombre, que pretende arrogarse sin disimulo la originalidad, en otras palabras, la autenticidad y, en fin, la posesión de la verdad, cuando su contenido, empezando por los titulares de cada entrada, no es una mera descripción objetiva, completa e imparcial de datos, sino un contrapunto a informaciones ajenas que se entienden incompletas, perjudiciales o maliciosas.
MadridVO viene a ser una forma singular de ejercer el derecho de réplica en la red que, por su novedad y su voluntad de confrontar, al provenir del poder público, puede resultar particularmente molesta a quienes incomode el carácter invasivo de los mensajes oficiales.
MadridVO viene a ser una forma singular de ejercer el derecho de réplica en la red que, por su novedad y su voluntad de confrontar, al provenir del poder público, puede resultar particularmente molesta a quienes incomode el carácter invasivo de los mensajes oficiales. Ahora bien, casi es de agradecer la franqueza con la que se emplea frontalmente como instrumento de comunicación sesgada, porque, contra lo que sus principales detractores proclamaban, no desmerece a la vocación propagandística del contenido que, entreverado con la información de servicio y los espacios para trámites necesarios, abunda en multitud de webs institucionales de las administraciones y el sector público. Tampoco es peor si, acudiendo a los medios de comunicación tradicionales, la comparamos con la propaganda que se filtra en algunas televisiones públicas. El problema de base no es, por lo tanto, que el nuevo equipo que dirige el Ayuntamiento de Madrid quiera poner su contrapunto a informaciones ajenas sin depender del espacio que le otorguen los medios privados (que hacen la selección de las noticias y le otorgan el enfoque que consideran) y sin acudir al derecho de rectificación previsto en la Ley Orgánica 2/1984, contemplada para un escenario muy distinto del actual en materia de medios de comunicación de masas. Lo preocupante es, sobre todo, la deriva generalizada que considera la comunicación institucional como un derecho inalienable de los responsables públicos a utilizar los instrumentos que otorga el poder (empezando por los gabinetes de comunicación adscritos a alcaldías y presidencias) para desarrollar una actividad que, en lugar de informar, propiciar el conocimiento sobre la realidad del respectivo ámbito que toque gestionar y favorecer el debate, se utiliza como una extensión de la labor que corresponde no a dichas instituciones -de todos y llamadas a producir contenido informativo en términos de neutralidad y objetividad- sino a los partidos políticos, que sí están legitimados para tal fin sometidos al juicio de credibilidad que les otorgue la ciudadanía. Esta tendencia en modo alguno es marca exclusiva de la Alcaldía de Madrid y de su MadridVO; al contrario, está extendida sin contención y se suma a los problemas estructurales no resueltos de nuestra democracia en lo que concierne a la patrimonialización de las instituciones por sus dirigentes y la relación entre poder político, poder económico y medios de comunicación, con el añadido de la histórica falta de independencia de los medios de titularidad pública (con honrosas excepciones y con el intento serio, hoy fallido, de reformar RTVE en época del Presidente Zapatero). Todo ello bajo el envoltorio de la comunicación institucional, ante la que, con Josep Ramoneda, que acuñó la frase, cabe decir aquello de «Dios me libre de la comunicación que de la propaganda ya me libro yo».