Aunque la percepción de la crisis económica, con su correlato de dificultades sociales, vino para quedarse como parte del paisaje y razones hay para desdeñar los mensajes que dan por finalizada la etapa de apuro, es verdad que algunos datos macroeconómicos dan cierto respiro, sobre todo si los comparamos con el vértigo que hasta hace bien poco entraba al observar el deterioro de nuestro tejido productivo y su reflejo en todos los ámbitos. Sin caer en la trampa del indolente que pretende que se olvide la huella indeleble de la crisis o de quien irresponsablemente cree que sólo con obviar sus consecuencias éstas milagrosamente desparecen, sí es legítimo evaluar el nuevo escenario y analizar los principales objetivos que para los próximos años deben afrontarse, con las particularidades propias de nuestra Comunidad.
El aspecto más positivo, y un punto de partida cuyo mérito hay que atribuirlo a cierta coherencia en las políticas seguidas en el nivel autonómico (contra viento y marea), es que Asturias ha conseguido preservar, en lo esencial, su red de servicios públicos, manteniendo la cohesión social como patrimonio común. Así, en protección social, sanidad y educación, Asturias tiene una inversión per capita (año 2013) de 8.531 €, siendo la primera de las Comunidades; la inversión per capita en sanidad y educación es un 26,3% y un 16,6% superior a la media española, respectivamente; y en el periodo 2009-2013 el descenso del gasto social en Asturias ha sido del 6,11% frente al 20,5% de la media nacional (cifras todas ellas recogidas en el informe «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades», de la Fundación BBVA). Estos datos los puede constatar en la práctica, pese a los muchos inconvenientes, cualquier persona que tenga la posibilidad de comparar el estándar de nuestro sistema educativo, la atención sanitaria o los servicios sociales (empezando por el salario social, antídoto frente a la pobreza extrema), con el de otras partes de España, algunas a priori más ricas. A este logro se une una calidad ambiental destacable (pese a los perennes problemas de contaminación industrial), un entorno de seguridad favorable y otros valores que convierten a esta región en un lugar con una calidad de vida apreciable.
«En un contexto en el que cada Comunidad dependerá cada vez más de los propios ingresos, no es sostenible un nivel de políticas públicas asistenciales de inversión en infraestructuras si el dinamismo económico y social de Asturias continúa siendo tenue»
Ahora bien, el reto que tenemos por delante es enorme porque todo este catálogo de conquistas alcanzadas puede evaporarse con relativa rapidez si no acertamos colectivamente a dirimir prioridades para los próximos años y a actuar en consonancia con dicha definición. Piénsese que, en un contexto en el que cada Comunidad dependerá cada vez más de los propios ingresos que se generen en cada territorio y en el que los mecanismos de solidaridad (tanto en el ámbito estatal como en el europeo) no tendrán el mismo efecto compensador que han tenido en el pasado, no es sostenible un nivel de políticas públicas asistenciales ni tampoco de inversión en infraestructuras (que ya se ha resentido de forma muy destacable en los últimos años) si el dinamismo económico y social de Asturias continúa siendo tenue. En este sentido, debe preocuparnos que Asturias parta en situación de desventaja si consideramos que el PIB retrocedió en Asturias un 13% entre 2008-2013, siendo junto a Cantabria la Comunidad en la que de forma más acentuada se produjo esta regresión (frente al 8,6% nacional en ese periodo, según datos del INE). Con una tasa de actividad (relación que existe entre la población activa y la población total de 16 años o más) del 51%, es decir, la más baja de España y nueve puntos porcentuales por debajo de la media, está claro que tenemos un problema de primera magnitud si las iniciativas económicas que necesitamos –y sobre todo las que consigamos gestar desde el propio territorio- no afloran para incrementar el potencial de cotizantes y contribuyentes y la actividad productiva. En esta situación, tampoco ayuda un envejecimiento que marca el ritmo de nuestra sociedad y se percibe a pie de calle: las personas mayores de 65 años ya representan el doble que las menores de 16 (en 1975 había 43 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16), dando lugar al índice de envejecimiento más alto de España (informe de Fundación Adecco de 2014). El éxito que representa el alargamiento de la vida encierra un fracaso social si no hay cohortes de población a las que dar el relevo y que se encuentren en situación activa. El crecimiento vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos) y el saldo migratorio también negativo desde 2012, dibujan un horizonte sombrío si no se revierte la situación.
Hasta hace cinco o diez años, algunos de los problemas referidos se apreciaban sin la crudeza con la que ahora comienzan a manifestarse, también como consecuencia de la crisis, que ha agravado los problemas estructurales previamente latentes y ha impedido la continuidad de la tendencia de crecimiento y cambio de los primeros años del siglo. Existe un peligro notable de que Asturias entre en un círculo vicioso de lasitud social y atonía económica que impida superar las reducidas dimensiones del tejido productivo, lleve a una precariedad crónica de ingresos públicos y acabe con la inevitable –por insostenible- retirada sustancial de las políticas de cohesión social y territorial, incluso aunque los gobiernos autonómicos pretendiesen darles continuidad. O advertimos la importancia del desafío y el carácter crítico del momento, desplazando polémicas secundarias y realizando el esfuerzo colectivo necesario –incluyendo el de instituciones y representantes políticos-, o corremos el riesgo de perder aquello de lo que hoy nos enorgullecemos y que hace que esta tierra merezca la pena.