El pasado septiembre se presentó en Asturias la Asociación de Mujeres Juezas de España, en una jornada organizada por la asociación Abogadas por la Igualdad en Oviedo. Como presidenta de la AMJE, Glòria Poyatos, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explicó las distintas razones que justifican la naturaleza de este colectivo, y la importancia de incluir la perspectiva de género a la hora de juzgar. Sus objetivos, sin embargo, van mucho más allá del ámbito gremial y se centran en pelear contra cualquier situación que implique vulnerabilidad o discriminación contra la mujer.
-La violencia de género es uno de los grandes caballos de batalla de la AMJE, que presenta propuestas concretas al respecto. ¿Por dónde empezamos?
-Lo primero que hay que tener en cuenta es que la violencia de género debe combatirse desde todos los frentes, no solo el judicial. Es una lucha multidisciplinar en la que nuestra asociación ha invertido su artillería pesada, porque es la cara más atroz del problema: la violencia física y psíquica contra las mujeres.
Dicho esto, está claro que nuestro sistema judicial no está funcionando en la lucha contra la violencia. Y hay que hacer un análisis profundo de dónde estamos fallando y de cuáles son las brechas del sistema, porque es evidente que las hay. En este sentido, una de nuestras propuestas básicas es implantar una formación obligatoria, sistemática, trimestral y, esto quizá sea lo más novedoso, transversal. Esto es, que esté dirigida a todos los operadores judiciales que participan en la persecución del delito de violencia de género: cuerpos y fuerzas de seguridad, fiscalía, forensía, equipos psicosociales, abogacía, jueces y juezas, etc. Y que todos los participantes se formen a la vez, para que pueda haber un intercambio de información que nos permita vislumbrar cuáles son las brechas del sistema. Creo que hay un problema de comunicación entre los distintos operadores y esto genera vacíos de los que se beneficia el delincuente y perjudican seriamente a la víctima, porque la revictimiza. El problema se debe también, en parte, a la inaplicación de leyes con impacto de género tan importantes como el Estatuto de la víctima del delito, o al incumplimiento parcial de la Ley de violencia de género y de igualdad.
«Hay que contraatacar el patriarcado desde su propia raíz, a través de la educación»
-El Estatuto de la víctima del delito es muy nuevo -octubre de 2015- y muy desconocido. ¿Qué aporta en este tema?
-Va a tener un impacto de género clarísimo. Este estatuto incluye por primera vez un catálogo de derechos procesales y extraprocesales a favor de las víctimas del delito, que parte sobre todo del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la defensa de sus bienes materiales y morales. ¿Por qué hablo del impacto de género? Porque las cifras indican que solo el 5% de la población reclusa en Europa es femenina; en España es mayor, ronda el 7%. Es decir, que la mayoría de los delitos son cometidos por hombres; mientras que la mayoría de las víctimas son mujeres, como nos indican los datos de las oficinas de atención a las víctimas del delito. El problema de esta ley es que incluye una cláusula que niega la asignación de medios humanos y materiales, lo que es un insulto a la inteligencia al convertirla en una ley sin efectividad.
-Desde la AMJE han puesto en marcha el proyecto «Educando en justicia igualitaria», cuyo proyecto piloto empieza este curso en Lanzarote. ¿En qué consiste?
-Tenemos claro que hay que contraatacar el patriarcado desde su propia raíz, a través de la educación. Y para ello ponemos en marcha un proyecto educativo único, para adelantarnos al incumplimiento del legislador de la ley de igualdad, que no está confeccionando unos planes educativos con perspectiva de género. En la práctica, el proyecto consta de tres bloques. En el primero visitamos los centros de educación y mostramos al alumnado cómo es nuestro trabajo. Llevamos nuestras togas, les damos un poco de teatralidad para que fijen su atención en nosotros y les hacemos una pequeña exhibición, aportando casos prácticos que les puedan resultar cercanos: situaciones de sexting, grooming, nuevas tecnologías al servicio de la violencia machista… A partir de ahí se abre el debate, buscando la implicación del alumnado, que luego trabajará en un proyecto sobre materias relacionadas con las discriminaciones de género. El segundo bloque es llevarlos al juzgado a hacer visitas guiadas, donde podrán ver un juicio real en el que esté en jaque el derecho a la igualdad de la mujer. Y por último, el propio alumnado escenificará en el juzgado el trabajo que han hecho, con un juicio que habrán preparado previamente: con las togas puestas, respetando los turnos de palabra… El objetivo es crear recuerdos perpetuos, y entendemos que ésta es una buena forma de conseguirlo, porque no es una formación teórica sino que es algo diferente y emocionante.
Además es un proyecto reversible, formativamente hablando, porque los participantes vamos a formarnos previamente en perspectiva de género, lo que ya va a tener un impacto en nuestro trabajo, además del que tenga en el alumnado.
«A la hora de juzgar, no se puede mirar igual a quienes socialmente son desiguales, y en el caso de las mujeres es clarísimo: techo de cristal, brecha salarial, violencia sexual contra las mujeres, violencia de género…»
-¿Qué posibilidades hay de exportar este proyecto piloto al resto del territorio español?
-Desde luego, es nuestra intención. En mi última visita a Asturias ya se hizo un primer contacto con el Gobierno Asturiano, a través de la Consejería de Educación y la Dirección General de Justicia, y junto con la asociación Abogadas para la Igualdad, con la idea de implementar ahí el proyecto. Hay que añadir que el presupuesto es cero, ya que los formadores participantes son voluntarios. De momento en Lanzarote contamos con casi cuarenta personas, a las que les parece una gran idea para acercar la justicia a los más jóvenes, dando una imagen cercana, más real y menos televisiva.
-La falta de presupuesto es una queja habitual en este terreno. Que no se destinen fondos efectivos ¿da la medida de la preocupación política por este tema?
-Claro. Es vergonzoso que arrojándose ya un número que supera el de los asesinatos por el terrorismo de ETA los partidos políticos no se hayan puesto de acuerdo para establecer medidas efectivas en todos los frentes para luchar frente a las violencias desde su base.
Por eso una de nuestras propuestas es el pacto de estado, con medidas específicas y efectivas. Por ejemplo, igual que se implementó una campaña de visibilización muy efectiva para los conductores en temas como el exceso de velocidad, también es necesaria una campaña que vaya más allá de la violencia sexual, que es un problema grave, pero hay que atajar la raíz del problema. Y eso se hace en las escuelas -algo que han olvidado todos los gobiernos- y en los medios de comunicación, regulando para evitar que los estereotipos y los prejuicios machistas sean normalizados. Porque cuando algo se normaliza, no eres consciente de que estás incurriendo en una vulneración de derechos de la otra persona. La violencia sexual contra las mujeres, que tan instalada está en nuestra sociedad actual, solo cesará cuando la vergüenza recaiga sobre el violador y no sobre la misma, y ello solo se consigue educando desde todos los frentes sociales (escuelas, medios de comunicación etc).
-Uno de los conceptos que manejan en la AMJE es humanizar la justicia y acercarla al ciudadano.
-Es un punto cardinal de nuestra actuación, porque entendemos que falta ese aporte de inteligencia emocional para llegar a la ciudadanía en las resoluciones que se tomen. Y cuando hablo de inteligencia emocional me refiero a otra forma de comportamiento inteligente que te permite entender y administrar los sentimientos ajenos y los propios, y por tanto convertir la justicia en más equitativa, más empática, no verla como una herramienta formal de aplicación sistemática de las leyes. Esto es algo que no se enseña en la universidad, pero no se puede perder de vista.
«La violencia sexual solo cesará cuando la vergüenza recaiga sobre el violador y no sobre la víctima»
-La empatía no es una palabra que se suela asociar con la justicia. ¿Qué valor tiene, cuando se han de aplicar una serie de normas?
-Es imprescindible para lograr una justicia equitativa. La justicia formal es sistemática, no tiene en cuenta la situación de las partes en su aplicación. Pero en determinados casos, por ejemplo cuando se juzga un supuesto de una persona con discapacidad, hay que tener en cuenta que la situación de salida es desigual. Otro ejemplo son las sentencias de condena a entidades bancarias en el tema de las hipotecas. ¿Por qué, si es un contrato incumplido? Pues por la falta de conocimientos o avanzada edad, que tenían las personas afectadas, en clara desventaja respecto de las entidades bancarias que abusaron de tal situación. No se puede mirar igual a quienes socialmente son desiguales, y en el caso de las mujeres es clarísimo a tenor de las incuestionables estadísticas: techo de cristal, brecha salarial, violencia sexual contra las mujeres, violencia de género…
-Para fomentar la igualdad, defienden además que los cuidados se incluyan en el currículum. ¿De qué manera?
-Pensemos que la mujer se incorporó al mundo laboral no hace mucho, poco más de un siglo. Dijeron que salir de los hogares iba a ser la gran liberación, pero en la práctica la mayoría de las mujeres trabajan, sin haber dejado sus «obligaciones» domésticas. De modo que hemos sobrecargado a las mujeres convirtirtiéndolas en productoras y reproductoras a la vez, una sobrecarga que impide competir con una valoración profesional creada ad hoc por y para los hombres. ¿Por qué un máster tiene que ser mejor que la formación humana de alguien que ha criado a unos hijos, se ha ocupado de sus padres enfermos, o de un familiar discapacitado? Yo creo que es mucho más empática una persona que está acostumbrada al sacrificio, y a entender la vida desde el punto de vista ajeno, que es lo que pasa cuando cuidas. Los cuidados son una preparación muy valiosa para quien juzga, porque te capacita para dar solución a conflictos que tienen impacto en la ciudadanía. Volvemos a la humanización: hay que superar la racionalidad extrema de la justicia.
«El lenguaje es mucho más que palabras: expresa nuestra forma de pensar», argumenta Poyatos. «No se trata tanto de poner muchas ‘as’ y muchas ‘os’, sino de reestructurar nuestro pensamiento para dar visibilidad a la mujer, que ha estado siempre desterrada del lenguaje. Por tanto hay que buscar palabras que nos ayuden, como decir ciudadanía en vez de ciudadanos, o hablar de quién juzgó en lugar de el juez. Se trata de visibilizar sin imponer, de cambiar con normalidad, y cuando todos hablemos de forma similar, estoy convencida de que la RAE modificará las reglas para dar cabida a un lenguaje inclusivo».
Según explican en la AMJE, «El Diccionario Normativo de la RAE es además una herramienta educativa utilizada a diario por miles de jóvenes en nuestro país, por lo que mantener acepciones machistas como «la mujer de…» para referirse a determinadas profesiones es un mensaje simbólico de desigualdad que además no se corresponde con nuestro siglo, en el que las mujeres están totalmente integradas en el mercado laboral en condiciones de igualdad formal respecto de los hombres. Por ello, sin pretender dar lecciones a la RAE, hemos solicitado que tales giros se trasladen al diccionario histónico y se eliminen del diccionario normativo».