La Plataforma Recuperando, que agrupa a una veintena de organizaciones civiles del territorio español, denuncia la apropiación masiva de bienes de dominio público por la Iglesia católica y crea un frente para movilizar a la sociedad e instituciones para su recuperación. En Asturias se investiga el alcance de estas inmatriculaciones.
Se llama inmatriculación al ingreso de una finca en el Registro de la Propiedad, a la primera inscripcion de dominio. Las denominadas inmatriculaciones de la Iglesia surgen con la Ley Hipotecaria de 1946, que otorga a la institución católica la potestad de inscribir por primera vez en el registro de la propiedad un bien sin necesidad de ningún documento que lo acredite o, para ser más precisos, con la presentación de un documento elaborado por la propia institución religiosa. Esta ley predemocrática equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los obispos la facultad para actuar como notarios públicos». A partir de aquí se registran sin papeles viviendas, colegios, hospitales, terrenos, kioscos, frontones, plazas y hasta praos donde se celebraban romerías», comenta José María Rosell, coordinador de Recuperando en Asturias. «Se aprueba la Constitución en el 78 donde se propugna la igualdad tributaria y jurídica ante la ley y el principio de aconfesionalidad del Estado, y nada cambia. Es más, en el 98, José María Aznar aprueba un decreto -que pasa desapercibido- que permite a la Iglesia inmatricular también bienes de culto. A partir de ahí empiezan a saltar a la luz casos como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Pamplona o la Giralda de Sevilla que cambian de propietario sin hacer ruido».
Estas situaciones son impensables en otros países que nos rodean donde sí está clara la separación entre Iglesia y Estado. «Las iglesias han sido construidas con dinero de todos y se han mantenido y restaurado con dinero público. En Francia los edificios religiosos son públicos. En Portugal, que también tiene un concordato con el Vaticano, las catedrales son del Estado. Otra cosa distinta es su uso religioso, un tema en el que no nos metemos», puntualiza Rosell. Tampoco la Iglesia ha estado obligada a publicar estas acciones, de ahí que hayan transcurrido los años y nadie se haya enterado.
En 2014 hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera nula una inmatriculación y condena al Estado español a indemnizar con seiscientos mil euros a una sociedad particular por tolerar la apropiación por parte del obispado de Palencia de un templo de su propiedad y les obliga a su devolución. Esto ha supuesto un hito jurídico de gran importancia. «A raíz de esta sentencia se reforma la Ley Hipotecaria española y se prohíbe a partir de ahí esta facultad de la Iglesia pero no se aprueba con efecto retroactivo, no declara inconstitucionales las prácticas realizadas hasta este momento, lo que hubiera permitido recuperar los bienes inmatriculados», comenta Rosell.
En Asturias, la investigación está en marcha
La plataforma Recuperando denuncia opacidad y trabas a la hora de recabar información. A ello hay que sumar el hecho de que un particular no puede solicitar un listado de inmatriculaciones al Registro de la Propiedad. Son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que pueden hacerlo y es un proceso lento. «En Asturias son varios los que han cursado esta solicitud: Corvera, Gijón, Pola de Laviana, Oviedo, Carreño, Avilés, Pola de Siero, entre otros. Al margen hay una petición cursada a la Junta General del Principado a través de la Comisión de Peticiones para que solicite al Registro de la Propiedad un listado general y así poder valorar la magnitud de las inmatriculaciones. 
Son ya siete los gobiernos autonómicos que han exigido listados de bienes afectados y son numerosos los litigios que están en marcha para intentar que la vía judicial restablezca la legalidad.
Desde la plataforma trabajan para dar a conocer a través de conferencias y charlas este tema, hasta ahora silenciado y de esta forma ejercer presión social para que ayuntamientos y comunidades reclamen. «No es tarea de los ciudadanos defender el erario público sino de nuestros políticos, por eso estamos en diálogo con todos los partidos para exigir un posicionamiento. Nosotros lo denunciamos. La defensa del patrimonio les corresponde a ellos», comenta Rosell.
Desde Recuperando puntualizan que las iglesias tienen su función que es el culto y eso es algo que no entra en este debate: solo defienden que esos bienes vuelvan a ser de titularidad pública. Desde Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares se reprueban las inmatriculaciones y se exige a la Iglesia que renuncie voluntariamente a sus privilegios ya que esta actitud «escandaliza a todos los cristianos».
La Mezquita de Córdoba y el prerrománico asturiano
La Mezquita de Córdoba, un bien inmatriculado hace doce años, genera a la Iglesia unos beneficios de aproximadamente quince millones de euros anuales que no se declaran ni tributan, denuncian desde la plataforma Recuperando. «La entrada a la Mezquita cuesta dieciséis euros que se pagan en metálico, no permiten pagar con tarjeta ni tampoco se emiten facturas. Es decir, esos ingresos no aparecen reflejados en ningún sitio. Lo mismo ocurre en las visitas al prerrománico asturiano, -denuncia Rosell-. Cuando un instituto quiere visitar Santa María del Naranco por ejemplo, cursas la solicitud y lo primero que recibes es un correo que sin ningún pudor te recuerda que el pago lo debes de realizar en metálico y sin factura que lo justifique. La Mezquita, las catedrales, son templos que se restauran con dinero público pero los beneficios de las visitas va a parar a las arcas eclesiásticas».