El pasado 4 de octubre entró en vigor en Asturias la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. Esta normativa amplía los derechos de los ciudadanos en el tramo final de su vida y proporciona un marco regulatorio de seguridad jurídica a los profesionales que asisten a estos pacientes. Objetivo, aliviar el sufrimiento de los enfermos en sus últimos momentos.
Asturias es la quinta comunidad con un mayor porcentaje de testamentos vitales por habitante. Cada año cerca de mil asturianos firman este documento por el que deciden anticipadamente qué cuidados y tratamientos desean recibir en caso de que sean ingresados y ya no puedan tomar decisiones. La Ley de Muerte Digna recientemente aprobada con el apoyo unánime de todos los partidos, supone un paso más. Concretamente explica que toda persona que se encuentre «en situación grave e irreversible, terminal o de agonía (…) tiene derecho a recibir sedación paliativa, cuando esté médicamente indicada, aunque ello implique un acortamiento de la vida, mediante la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su consciencia». También incluye el derecho a rechazar un tratamiento y a la retirada de una intervención ya iniciada «aún a pesar de que ponga en riesgo su vida o implique la suspensión de medidas de soporte vital» sin que ello suponga la interrupción de los cuidados paliativos, que se continuarán realizando hasta el momento del fallecimiento.
La eutanasia y el suicidio asistido no están incluidos en esta ley recién aprobada al considerarse materias de competencia estatal
La norma por otro lado también dota de seguridad jurídica a los profesionales sanitarios. Para ellos se incluyen deberes como la confidencialidad, dar información asistencial del documento de instrucciones previas o las garantías de los derechos con los pacientes. Entre otras medidas, la norma estipula la creación del Observatorio de la Muerte Digna, «una herramienta que ha de servir para evaluar la calidad de la muerte en Asturias y cuyas funciones y composición se desarrollarán reglamentariamente», según palabras del consejero de Sanidad, Francisco Del Busto.
La norma no aborda la eutanasia o el suicidio asistido por tratarse de prácticas «cuya regulación competen al ámbito estatal», explica Del Busto.
Hace dos años que Ana G. acompañó a su madre en el lecho de muerte. «Se estaba consumiendo, le iban fallando los órganos y había dejado de comer. Sabía que se estaba marchando y quería hacerlo sin dolor. Tuvimos suerte con el médico que nos tocó porque al final mi madre nos dejó serena y sin padecimiento». Son muchos los que piensan que en España se puede morir bien o mal según el médico que te toque y experiencias como la de Ana lo confirman. «Una cosa es lo recogido en una ley y otra distinta la realidad que se vive y es que la muerte digna no existe», comenta Luis Fernández González, presidente de Asturias Laica.
«La dignidad de tu vida la decides tú. Como dice Mafalda, vivir no es durar» (Luis Fernández González. Asturias Laica)
«La gente que quiere hacer el testamento vital, por ejemplo se encuentra con un montón de trabas cuando lo lógico es que la propia clase médica lo potencie. Entiendo que los profesionales de la medicina quieran tener una salvaguarda jurídica, pero eso nunca tendría que estar por encima de los criterios éticos. Tenemos aprobada una ley, ahora falta vivirla, que se convierta en un documento de uso de la sociedad que la tiene. Desde nuestra web asturiaslaica.com apoyamos el testamento vital porque queremos que se extienda esa cultura para que cada uno pueda ser responsable de su propia muerte», explica Fernández.
Los avances para garantizar el derecho a una muerte digna también vienen de la mano de muchos facultativos. «La clase médica afortunadamente es muy amplia y hay de todo. El criterio profesional nunca debería de estar por encima de la libertad del ciudadano y ese límite es difícil de matizar», advierte el presidente de Asturias Laica.
Cuando vivir no es durar
La eutanasia y el suicidio asistido no están incluidos en esta ley recién aprobada al considerarse materias de competencia estatal. No obstante el tema está en la calle y cuenta con un amplio apoyo ciudadano. Así lo indica el último barómetro del CIS donde hacen esta pregunta en 2009, donde un 77,5% de españoles está total o bastante de acuerdo en que se regule la ayuda a morir. Más recientemente, la encuesta de Metroscopia realizada en 2017, amplía este porcentaje: el 84% es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable. Entre los menores de 35 años el apoyo alcanza el 90%. Parece que la mayor parte de la sociedad está demandando otro tratamiento sobre este tema. ¿Por qué no se refleja en una ley? «Creo que tiene que ver un poco con la hipocresía social, seguimos siendo muy fariseos. El poder de la Iglesia Católica es muy grande en España, falta mucha libertad individual aunque nadie puede negar que se ha avanzado mucho. Hace muy poco leí unas declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que decían que los defensores de la eutanasia funcionan por intereses económicos para ahorrar dinero al Estado y que eran una amenaza para la vida del enfermo porque lo que pretendían era matar a la gente pronto. Afirmaciones de este tipo demuestran una paranoia y un cinismo brutal. El negocio de la muerte es demasiado goloso y eso impide que se pueda vivir con dignidad. Queda mucho por hacer», reconoce Luis Fernández.
Primer paso para despenalizar la eutanasia
El pasado mes de mayo, después de dieciséis intentos fallidos desde 1994, el pleno de la Cámara de los Diputados aprobó la tramitación de una ley que despenaliza la eutanasia. El Partido Popular y UPN votaron en contra mientras que Ciudadanos se abstuvo.
La propuesta aprobada solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
Sin duda, se trata de un importante primer paso para el debate sobre una futura despenalización y regulación de ambas figuras que son práctica legal en países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo o Canadá. La propuesta será debatida primero en Comisión parlamentaria, período en el que los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto aprobado. Queda por tanto un largo camino por recorrer.