La tasa rosa. Pagar más por ser mujer

Aunque no lo sepamos, desde hace tiempo las mujeres estamos pagando de más por determinados productos. Es la denominada Tasa Rosa. ¿Estrategia de marketing o discriminación de género? El debate llega a nuestro Parlamento.

La mitad del mundo está formado por hombres y la otra mitad por mujeres. Pero según las estadísticas, a las féminas nos toca más índice de pobreza, más injusticia y menos derechos que a la otra media humanidad. El trabajo no remunerado que realizamos las mujeres no solo abarca el cuidado de los hijos o las labores domésticas, sino también el cuidado de los dependientes. Son tareas no reconocidas a nivel fiscal, trabajos que no se pagan y no cotizan pero que en cambio permiten que la sociedad y el mercado sigan funcionando.
Según datos de la ONU las mujeres solo poseemos el 1% de la riqueza mundial y aún así, pagamos más que los hombres por el mismo producto y los mismos servicios. Se trata de un impuesto oculto, invisible, denominado Tasa Rosa, un impuesto que grava especialmente productos del mundo de la cosmética, la ropa, los complementos o los juguetes. Unas maquinillas desechables, un desodorante, una crema corporal, un perfume, un juguete, una prenda de vestir, un servicio de lavandería, pueden tener un coste añadido solo por el hecho de tratarse de artículos para mujer.

Pink Tax o Tasa Rosa

Este fenómeno empezó a llamar la atención hace algunos años en EEUU. La Universidad de California realiza un estudio sobre el tema en 1995 y constata que las mujeres americanas pagaban 1.400 dólares -unos 1.276 euros- más al año que los hombres por un mismo producto. A este impuesto oculto le pusieron el nombre de Tasa Rosa. Un año más tarde el estado de California decide tomar cartas en el asunto y prohíbe la diferencia de tasas en función de género.
En Europa no se ha realizado ningún estudio similar pero la desigualdad existe. Veinte años después visitamos un supermercado cualquiera y podemos comprobar que la situación no ha variado. ¿Es legal?

Se trata de un sobrecoste que recae sobre la población femenina, añadiendo más desigualdad a la ya existente entre hombres y mujeres.

Según las asociaciones de consumidores, en España la discriminación de precios es legal, otra cosa distinta es si es ético o no. Dicho de otra forma, los fabricantes y directivos de las empresas implicadas no consideran este hecho como una muestra de desigualdad entre géneros sino como una consecuencia más de la ley de oferta y demanda, que dice que hay personas que están dispuestas a pagar más por un determinado producto: es más una cuestión de estrategia de mercado. Las empresas se amparan en la libertad para fijar los precios a la hora de poner sus productos en el mercado, y como la diferencia es pequeña y muchas veces pasa desapercibida porque los productos similares se encuentran en estanterías separadas, apenas se nota.
La Unión de Consumidores de Extremadura quiso hacer un recorrido por las estanterías de los supermercados de la comunidad y encontraron más de cien artículos que por ser de distinto color o dirigidos a las mujeres variaban su precio. La diferencia -según este estudio- salta a la vista en productos de perfumería e higiene -depilación, cosmética, desodorantes- donde se encuentra un mayor incremento en el precio. En el caso de las cremas depilatorias para mujeres, un 41% más que las masculinas, en desodorantes un 40% más, en cremas para el contorno de ojos un 83% más. Las diferencias de precio se extienden también al sector textil (guantes para mujer un 39% más caros o una camiseta térmica 19% más), así como al sector servicios (tintorerías donde es más caro limpiar una blusa o una falda que una camisa o un pantalón), y al de los juguetes (un incremento del 10% en los de niñas). ¿Estrategia de mercado o discriminación? Las explicaciones no convencen, el debate está en la calle y llega al Parlamento.

«El mercado no puede estar por encima de la democracia: no hay justificación para la discriminación»
Lucía Montejo. Diputada de Podemos en el Parlamento asturiano.

El debate llega al Parlamento: Navarra y Asturias rompen el silencio

El Parlamento navarro, el primero. En 2015, a instancias de Podemos se aprueba una resolución donde se pide al Gobierno autonómico que en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios se elabore un informe sobre la existencia, alcance a incidencia en los derechos de las consumidoras de la Tasa Rosa». Pero en cambio se rechaza el punto -solo con el voto positivo de Podemos- de legislar para primar a los establecimientos que eviten la aplicación de esa tasa.
En Asturias el pasado año, Podemos presenta una Proposición no de Ley para que el Principado elabore un informe sobre la Tasa Rosa con el objetivo de, basándose en ello, acometer las actuaciones necesarias para evitar que las grandes empresas que aplican esta discriminación sigan contratando con la Administración pública. «Conseguimos que el Pleno aprobara la elaboración del informe -aún con el voto en contra del PSOE- pero ningún otro partido apoyó la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública para evitar que empresas que aplican la Tasa Rosa sigan llevándose dinero público», explica la diputada de Podemos, Lucía Montejo. «A todos se les llena la boca hablando de igualdad, pero cuando hay que poner en marcha medidas valientes y efectivas que corten de cuajo la discriminación de las mujeres y las violencias machistas, nos quedamos solos en las votaciones», concluye.
En resumen, la Tasa Rosa afecta a productos que tienen el mismo valor técnico -igual precio y calidad- pero diferente valor social, factor que aprovecha el fabricante para lucrarse con ello, cambiando solo aspectos superficiales del producto. Se trata de un sobrecoste que recae sobre la población femenina, añadiendo más desigualdad a la ya existente entre hombres y mujeres.

La diferencia de precio salta a la vista en productos de perfumería e higiene: depilación, cosmética, desodorantes. 
(Unión de Consumidores de Extremadura)

Mujer, menos poder adquisitivo, más impuestos

Hay un dato curioso que es importante comentar. Aproximadamente el 63% de los creativos en España -según un estudio realizado en 2014- son hombres y no precisamente por ser los más cualificados ya que el 36% de mujeres creativas habían realizado estudios de postgrado frente a un 25% de varones. Siguiendo con las cifras, también los puestos directivos de las grandes empresas están ocupados por hombres. Esto tiene una traducción bastante paradójica: que los responsables de incentivar el consumo, los que diseñan las campañas de publicidad, son mayoritariamente hombres, cuando las decisiones de mercado en un 80% son realizadas por mujeres. Nosotras tenemos el poder del consumo pero en cambio no somos ni quienes fabricamos los productos ni quienes los vendemos. También ganamos menos que los hombres pese a estar mejor preparadas, lo que se traduce en menor poder adquisitivo y aún así pagamos más impuestos. ¿Ser mujer es razón para pagar más? La igualdad es un referente irrenunciable.
Según datos del Instituto Asturiano de la Mujer, las diferencias retributivas entre hombres y mujeres alcanzan en la región el 28% en términos de salario bruto y el 19,80% por hora trabajada. «En Asturias tenemos la brecha salarial más alta de todo el Estado -denuncia la diputada Lucía Montejo-, y por si fuera poco tenemos tasas de paro más altas, mayor temporalidad y más dificultades de acceso al mercado de trabajo, por no hablar de la carga de los cuidados que seguimos realizando mayoritariamente las mujeres, sin ningún tipo de reconocimiento ni siquiera social. Trabajamos más, cobramos menos y encima pagamos más por los mismos productos. Hay quien argumenta que es debido a una mayor demanda, pero el mercado no puede estar por encima de la democracia: no hay justificación para la discriminación».

Las mujeres ganan menos que los hombres pese a estar mejor preparadas, lo que se traduce en un menor poder adquisitivo y aún así, pagan más impuestos.

El primer paso es visibilizar el problema, promover campañas de información a las consumidoras, a los establecimientos, distribuidores y mayoristas. «Existe una vulneración flagrante de nuestros derechos, tanto en lo que se refiere a la igualdad como desde el punto de vista de nuestros derechos como consumidoras -comenta Lucía Montejo-. Todas las personas tenemos derecho a recibir información veraz y adecuada sobre el precio de los productos y servicios que adquirimos, pero en el caso de la Tasa Rosa, nos encontramos con un aumento inexplicable del precio de determinados productos que no se justifica, muy probablemente por responder a intereses inconfesables y/o que violan los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la legislación estatal y autonómica».
En caso de que surja una legislación que prohíba estas prácticas, como ha ocurrido en otros países, el proceso sería lento y además no llegaría a cubrir todos los casos de discriminación de productos. Mientras tanto, movimientos contrarios a este ‘modelo de opresión hacia la mujer impuesto por las empresas’ destacan la importancia de las acciones individuales para ‘boicotear productos’ y animan a que sean los propios consumidores los que suban fotos a las redes sociales con la etiqueta #womantax para denunciar dicha práctica. Esto en ocasiones ha dado resultado, obligando a una determinada empresa a igualar precios y pedir disculpas. Teniendo la información, queda en nuestras manos el poder de la decisión.